En medio de tironeos, buscan reconvertir el IFE en un plan para crear 3 millones de empleos
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El Gobierno evalúa por estas horas reconvertir el IFE en un programa para crear hasta 3 millones de empleos. La idea es que las personas más afectadas por el desempleo reciban un subsidio de $17.000, en lugar de los $10.000 actuales, a cambio de una contraprestación o capacitación en servicios públicos, emprendimientos productivos, cooperativas y empresas privadas.
Pero detrás de la definición de esta medida se esconde un debate clave sobre el margen fiscal para reordenar el gasto social y las áreas que estarán a cargo de manejar fondos que hoy llegan a los $90.000 millones. En definitiva, tironeos entre ministros, gobernadores, intendentes, movimientos y hasta la CGT, que a su vez dependen de las negociaciones previstas con el FMI.
Lo que está claro es que las autoridades buscan dar una respuesta a los datos de pobreza que se conocerán este miércoles y que muestran un incremento de la tasa al 45%, con casi 5 millones de pobres en el segundo trimestre del año. Las medidas en estudio apuntarán a los asalariados no registrados y cuentapropistas, quienes se vieron imposibilitados de buscar empleo durante el momento más estricto de la cuarentena.
Ese sector integraría el universo de las 9 millones de personas que en septiembre recibieron la tercera tanda del IFE. Se trata de desocupados o con empleos informales, personal de casas particulares, Monotributistas categoría A y B; y monotributistas sociales, quienes para acceder en todos los casos deben tener entre 18 y 65 años y ningún miembro de la familia debe estar en relación de dependencia.
Los cambios empezarían a instrumentarse con el cuarto pago en octubre. "Se está terminando de evaluar la implementacion del IFE 4 y en qué programa se va a transformar si se hace ese cuarto pago". "La idea es que no se convierta en un plan social, sino en uno de capacitación y empleo. Todavía no se definió", confirmaron a iProfesional fuentes de ANSES.
La falta de definiciones responde a las diferentes miradas dentro del Gabinete sobre cómo encarar el deterioro social provocado por las restricciones a la actividad durante la pandemia. Por caso, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, impulsa una Renta Básica Universal de $17.000 en reemplazo del IFE, con el requisito de realizar un trabajo o una capacitación.
El foco serán los jóvenes de 18 a 24 años, un cambio que implicaría una reducción de beneficiarios a más de un tercio del universo actual. Según ANSES, el rango etario con más beneficios IFE es el de entre 25 y 34 años (3,0 millones -30%-), seguido por entre 18 y 24 años (2,5 millones -28%-), el más afectado por el desempleo y la informalidad.
Le sigue el rango de entre 34 y 44 (1,7 millones -18%-), con mayor proporción de perceptores de AUH, y el de entre 44 y 55 (1,0 millones -10%-). Mientras que en aquellos entre 55 y 65 se concentra la menor cantidad de beneficios (0,6 millones -6%-), la mayor cantidad de monotributistas y personal de casas particulares y es el segundo grupo en desempleo e informalidad. En ANSES aseguran que los mayores de 24 ya cuentan con otros planes de reinserción.
El otro sector prioritario son las mujeres, el 55,7% (4,9 millones) de los inscriptos al subsidio. Una situación que, según las autoridades, se debe al mayor impacto de la desigualdad de género en los estratos más bajos, la prioridad que se les da en caso de haber más de un solicitante por hogar y porque casi un tercio de los IFE se otorgaron a titulares de AUH, donde las mujeres representan más del 90%.
Pero aún no está claro si la nueva versión del IFE incluirá a los beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo.
Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también apuesta a reconvertir el IFE, pero bajo un esquema distinto. En su área analizan integrar el subsidio a Potenciar Trabajo, un programa bajo su órbita con 570.000 personas que cobran $8.500 por mes. La idea es que el beneficiario perciba ese ingreso por 4 horas de trabajo y si es contratato por otras 4 horas por el Estado o un privado, reciba $17.000.
Se piensa en la urbanización de barrios populares, fumigación, limpieza, herrería, textil y tareas de cuidado. La otra pata, según Arroyo, es "llevar adelante proyectos productivos y que la gente acceda al monotributo social". Pero el nuevo IFE no sería para los 9 millones de beneficiarios actuales. "De ese total, una cantidad va a recuperar su trabajo y entre 2 y 3 millones van a ser asistidos", reconocen.
Lo que se discute es si el nuevo esquema será una Renta Básica o la ampliación de planes existentes, una definición que podría determinar si será ANSES o Desarrollo Social el área a cargo del subsidio. Alberto Fernández deberá decidir entre una ministra vinculada a La Cámpora y otro de buen diálogo con los intendentes del conurbano y Sergio Massa. O bien apostar por un reparto.
El Presidente ya intervino días atrás con el decreto de traspaso a Arroyo del área de urbanización de barrios populares que dependía de la ministra de Desarrollo y Habítat, María Eugenia Bielsa. La decisión se tomó en medio del conflicto por la toma de tierras en Guernica, donde 2.000 familias resisten el desalojo previsto para este jueves y realizarán protestas y piquetes, tras fracasar las negociaciones con Axel Kicillof.
La reformulación del principal plan de contensión social también involucra al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien deberá definir los recursos disponibles. Tanto el plan de Raverta como Arroyo supondrían una reducción de las erogaciones de los $90.0000 millones actuales a $42.000 millones. En el Gabinete habían intentado hacerlo meses atrás, pero chocaron con la resistencia de los gobernadores.
"Estamos en contacto permanente con Arroyo, la idea era avanzar en planes de empleo y se trató en el último Consejo de Politica Social (provincial)", señalaron desde la gobernación de Córdoba, en donde desde hace más de un mes se vive una epidemia de incendios. Después de Buenos Aires, la provincia es la segunda mayor en cantidad de IFE, con 738.729 beneficiarios (8,3%). Y también recibió fondos de la ATP para cubrir el 50% de los salarios de 190.610 trabajadores de 22.032 empresas.
Los dirigentes sociales también exigen una mayor participación y recursos. "Tienen que salir fondos extra para entregar herramientas y ropas que no entregaron a quienes reciben los planes de trabajo", asegura el diputado oficialista y líder de la CCC, Juan Carlos Alderete. En su opinión, además de mantener el presupuesto de $90.000 millones, se deberían sumar otros $45.000 millones, el 15% de los $300.000 millones en caso de aprobarse el impuesto a las grandes fortunas.
En el Movimiento Evita reconocen que el IFE es "transitiorio" y coinciden en transformarlo en una "política de trabajo". "Nosotros apostamos a la producción de alimentos, buena infraestructura social y mano de obra con cooperativas de vecinos, así como a la creación de chacras, pero falta más esfuerzo, gestion y tomas decisiones", señaló Gildo Onorato, referente del Evita.
La cuarentena genera tensiones. Hasta ahora, solo el 10% de los beneficiarios de Potenciar Trabajo pudo cobrar su contraprestación. Por el aislamiento, la mitad de las cuadrillas no realizaron tareas. Y en materia alimentaria las autoridades recién relanzaron en los últimos días la Mesa Contra el Hambre, que a principio de año se encargó del reparto de la Tarjeta Alimentaria y luego interrumpió sus tareas por la pandemia.
En ese marco, un sector de las organizaciones piqueteras evalúa medidas de lucha. Fue tras fracasar la reunión con funcionarios de Desarrollo Social para obtener un aumento del 100% en la partida que reciben de 1.300 kilos de alimentos. "Nos rechazaron el pedido de aumento diciendo que estaba levantándose la cuartena y mejorando la situación social. Por eso, estamos discutiendo accciones de lucha, parecen no advertir la gravedad de la situación", dijo Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero.