Cuán dañado queda políticamente el Gobierno tras la derrota en el caso de jueces que investigan a Cristina
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"¡Ay! La República está muy, muy feliz. ¡Gracias a Dios!". La frase pertenece a Elisa Carrió y tiene el tono místico de otros momentos victoriosos en su cruzada personal contra el kirchnerismo. Es apenas un síntoma más de que lo ocurrido en la Corte Suprema de Justicia trasciende ampliamente el ámbito de una resolución técnico-jurídico y pasa a adquirir un fuerte significado político.
Porque el voto unánime de la Corte, por el cual se confirma en sus cargos a los tres camaristas que el Senado había rechazado –Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli- ha tenido, antes que nada, el efecto de dejar un escenario con ganadores y perdedores.
El voto en el recurso del "per saltum" llegó precedido de polémica, incluyendo manifestaciones frente al edificio de Tribunales, donde un grupo de manifestantes consustanciados con la causa de los juicios a la corrupción se congregó a hacer su manifiesto. Para este grupo, tal vez no muy nutrido pero sí efectivo como líder de opinión, no cabía dudas sobre el intento del Senado tenía el único objeto de "licuar" las investigaciones judiciales contra Cristina Kirchner.
Y, de hecho, en todas las manifestaciones masivas de los "banderazos", abundaron los carteles caseros con ese tipo de consigna. Tanto el proyecto de ley de reforma judicial como el traslado de los camaristas fueron presentados por la oposición como decisiones pergeñadas por la ex mandataria, con el único sentido de obtener una mejora de su situación procesal.
En consecuencia, la decisión, desde un punto de vista político, no tendrá dos interpretaciones posibles: ganó la oposición y perdió el Gobierno.
Corte: una decisión sin grietas
Pero además, el voto fue unánime, lo cual implica que ciertas estrategias gubernamentales por provocar una fisura entre los jueces de la Corte se revela como poco efectiva.
El hecho de que Elena Highton haya sido la única de los cinco miembros en avalar con su presencia la presentación del proyecto de reforma judicial, había dado lugar a especulación política. Y luego, las palabras de Alberto Fernández solidarizándose con Ricardo Lorenzetti por el "escrache" sufrido en su domicilio también habían sido interpretadas en la oposición como un intento por congraciarse con el ex titular de la Corte (que además es un enemigo histórico de figuras del macrismo, como la propia Carrió).
Sin embargo, el voto fue en el sentido opuesto al buscado por el Gobierno. En una argumentación que niega lo dicho por el Presidente, los jueces establecen que no había necesidad de un permiso explícito del Senado cuando el traslado de los camaristas fuera para ocupar cargos de responsabilidad igual a la que venían realizando.
Alberto Fernández había apoyado el criterio del Senado, con el argumento de que eso daba una garantía de que un gobernante no pudiera acomodar jueces que le resultaran afines y desplazar a los que le resultaran antipáticos.
Otra derrota para Cristina
Ahora, no solamente los argumentos del Gobierno quedan desairados, sino que Cristina Kirchner emerge nuevamente como la perdedora de una larga pelea con otro poder del Estado.
Tanto a lo largo de su período de ocho años de gestión como luego en el rol de opositora que denunciaba persecución, Cristina apuntó a cómo el Poder Judicial se había transformado en un brazo político de "los poderes fácticos". Y planteó su teoría del "lawfare", entendido como la persecución a dirigentes políticos por la vía del hostigamiento judicial.
Cuando parecía que el Gobierno le había encontrado la solución a esas tensiones mediante la propuesta de la reforma judicial, esta decisión "per saltum" funcionan como un recordatorio de que el kirchnerismo tendrá más dificultades de lo previsto a la hora de disputarle el terreno a la "corporación judicial".