Jubilados: piden recomponer los haberes y alertan por el desfinanciamiento del sistema previsional
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Legisladores, previsionalistas y referentes de organizaciones de jubilados reclamaron este viernes una recomposición de los haberes, cuestionaron los cambios en marcha del sistema previsional, y alertaron sobre un "desfinanciamiento" de la seguridad social debido las medidas en materia fiscal adoptadas por el Gobierno.
La situación del sistema jubilatorio fue analizada en una audiencia pública por zoom de la Cámara de Diputados. Allí, se criticó el "achatamiento" de las prestaciones, el avance de la "armonización" de las cajas jubilatorias en Córdoba y Entre Ríos, y la reducción de aportes patronales por la emergencia.
La diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, cuestionó los aumentos por decreto dispuestos por el Ejecutivo en marzo, junio y septiembre, que fueron superiores a la inflación pero resultaron inferiores a los devengados por la fórmula de movilidad suspendida por la Ley de Solidaridad a fines de 2019.
"Nos preocupa la confiscación de las jubilaciones sobre todo por la suspensión de la movilidad, que terminó reduciendo las jubilaciones. Con el paso de los meses se terminaron las sumas fijas y el haber mínimo quedó pelado, en $18.000, muy por debajo de la canasta de jubilados", señaló la legisladora.
Según la defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad, un adulto mayor necesita al menos $45.000 para cubrir sus necesidades Básicas. Esta canasta se compone de alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación y artículos de farmacia, impuestos y servicios, transporte, vestimenta, gastos de vivienda y recreación
Durante la audiencia, el defensor porteño de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se mostró preocupado por los mayores en geriátricos, que en la Ciudad representó el 24% del total de fallecimientos y en la provincia de Buenos Aires llegaría al 40%, según sus estimaciones.
En medio de la discusión de una nueva fórmula de movilidad en el Congreso, Semino advirtió que por los sucesivos cambios desde el 2017 a la fecha "se perdieron 37 puntos" y aseguró que "la movilidad es carente de valor cuando la jubilacion mínima o media cubre un tercio de la canasta de jubilados".
"Si no partimos de la recomposición del haber, se viola la Constitución, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la que el Estado es firmante", sostuvo. Y señaló que el aumento del 7,5% en septiembre, que llevó la mínima a $18.129, representa "$42 por día".
Por otra parte, la abogada previsionalista Andrea Falcone vinculó el "gran desbalance" en los recursos de la seguridad social con la informalidad laboral. "Hay 3 millones de jubilados con moratoria, pero muchos tienen 11 años de aporte, y si se suma el 40% de trabajo en negro tenían 20 o 30 años de aporte", explicó.
"Si cuatro de cada diez de los trabajadores no está registrado, impacta en la recaudación. No puede decir el Estado que no controló el trabajo en negro. Lo que hay que solucionar es la registración laboral y trabajar para que estas moratorias, que son parches, tengan una solución", aseguró.
El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, cuestionó a su turno los aumentos diferenciados por escala que decretó el Ejecutivo, al afirmar que se "planteó cínicamente que jubilados de $30.000 tenían que ser solidarios y se ahorraron $35.000 millones con este ajuste".
En las intervenciones, se vincularon los cambios previsionales en marcha con la renegociación de la deuda con el FMI y se anunció la convocatoria a una movilización el 23 de septiembre para exigir un aumento de emergencia, en defensa de las cajas jubilatorias y por la restitución de los aportes patronales.
De la audiencia participaron unas 300 personas de distintas partes del país, entre ellas referentes de la mesa de coordinación de jubilados y pensionados, la agrupación Norma Plá, Plenario de Jubilados y dirigentes de sindicatos de docentes y estatales.