El Senado avaló el DNU que declaró servicios esenciales a internet, la telefonía y la TV paga
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El Frente de Todos en el Senado avaló el DNU 690/20, por el cual el Gobierno nacional declaró como "servicios públicos esenciales" a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. La medida cosechó 41 votos a favor y 26 en contra, durante la votación realizada tras diez horas de sesión.
La votación incluyó todos los Decretos de Necesidad y Urgencia puestos a consideración en la jornada, incluido entre otros el que derogó la intervención de la empresa Vicentin.
Al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Por su parte, los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal rechazaron el decreto.
Críticas opositoras
El mendocino Julio Cobos opinó que "el congelamiento podría haber sido por DNU", mientras que "el avance tecnológico que hay y estos servicios públicos merecen una discusión en el Congreso de la Nación". Además, el radical advirtió que hace falta "constituir la autoridad de aplicación" respecto a la competencia y dijo que es necesario el debate para al acceso universal "garantizarlo bien, como corresponde y que tenga un valor razonable".
Desde el Pro, la senadora Gladys González tildó al DNU de "demagógico, porque no es sostenible; obviamente es inconsulto, unilateral, es confuso, genera suspicacias, desconfianza, todo lo contrario a lo que debiera generar una política de Estado".
La bonaerense precisó datos del ENACOM que indican que "uno de cada tres hogares no tiene acceso a internet", lo que significa que "5,2 millones de hogares no tienen acceso a internet. No pueden acceder a educación y empleo en pandemia y antes de la pandemia".
Para la macrista, hay que "propiciar la inversión privada" con "confianza, previsibilidad y seguridad jurídica", algo que el decreto "no cumple con ninguna de esas premisas".
También desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado opinó que, desde el Gobierno, "pretenden controlar el precio y seguramente más adelante contenido". "Los países que buscaron fijar precios con este método son los que también intentaron controlar los contenidos", advirtió.
La defensa del oficialismo
El senador neuquino Alfredo Luenzo sostuvo: "En el interior tenemos menos conectividad y a valores más elevados, y esto no lo va a resolver el mercado, pero sí el DNU que estamos analizando. En este marco de pandemia no se discute el carácter de servicio público que tiene internet".
El titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión aseguró que la medida "no viene a modificar ninguna ley", sino que "a lo que viene este DNU es a reparar, en parte, el DNU 267 del 2015, por el que nadie se escandaliza".
Recordó entonces que esa medida dictada por el expresidente Mauricio Macri "hizo nada más y nada menos que reemplazar 23 artículos" de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y "19 artículos" de la Ley de Argentina Digital. En esa línea, subrayó que no se trató "solo de la cantidad de artículos sino de la calidad de los mismos".
El chubutense manifestó que las compañías han tenido "extraordinarias ganancias" y, aún así, se "sigue marginando" al interior, donde no se invierte. Para completar su discurso, Luenzo enfatizó que lo que se busca es "fijar precios justos y razonables" y "no hay apropiación indebida de ningún capital, no estamos estatizando absolutamente nada", sino que "viene a reparar una ley", la de Argentina Digital.
A su turno, el senador Oscar Parrilli recordó que durante el gobierno de Cristina Kirchner "los servicios ya habían sido declarados como servicios públicos", por ende "no sé de qué se sorprenden, porque lo que estamos haciendo es poner nuevamente en valor esas leyes", lanzó.
Y se preguntó si en 2015 "¿no se le cambiaron las reglas de juego a millones de argentinos?". El oficialista apuntó que internet "es un derecho público que está siendo reconocido en el mundo entero" y ponderó que "la actitud del presidente fue muy valiente, muy acertada y mirando al futuro".
El resto de los decretos
El Senado ratificó además el DNU 636/20, que dispone la derogación de la intervención de la empresa Vicentin, al anular el DNU 522/20 del 9 de junio. Este decreto estaba en el temario hace dos semanas atrás, pero no se había tratado a causa de la repentina muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli.
La santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió que cuando el Gobierno dispuso la intervención se buscaba "preservar los puestos de trabajo; mantener la continuidad de la empresa, porque es estratégica; y mantener y preservar el patrimonio" de la cerealera.
La oficialista cuestionó que la "obturación a la decisión del presidente", que calificó con "ejecutoriedad, legitimidad y legalidad", se produjo "a través de las decisiones de la justicia provincial, que fue muy rápida para oponerse y coaptar las facultades de un DNU, pero que sin embargo no tiene la misma rapidez para definir las cuestiones en el ámbito del concurso".
Y en cuanto a la derogación, la legisladora consideró al DNU 636/20 como algo "absolutamente correcto" porque "hoy han convertido a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores, del Banco de la Nación, violentando las acreencias de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas y de los acopiadores, que se han visto defraudados".
Además, se aprobaron el DNU 643/20, sobre modificación de los índices de actualización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar); el DNU 634/20, por el cual se prorroga el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de agosto de 2020; el DNU 157/20, mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el decreto delegado 582/20 de enmienda a la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera.