En una mano la billetera, en la otra la tijera: la estrategia de Guzmán para una reactivación con ajuste fiscal
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"Argentina no tiene dónde ajustar", dijo Alberto Fernández cuando le preguntaron por la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional saque a relucir su tradicional pedido de austeridad fiscal en plena crisis de la pandemia.
Y refleja el mensaje que el Gobierno quiere transmitir a la población argentina: que bajo el criterio de lo "socialmente sustentable" que el país logró imponer, ya no queda espacio para el recorte. Y que eso lo aceptan tanto los acreedores de la deuda externa como el FMI.
El mensaje optimista va acompañado por los primeros "brotes verdes" del rebote industrial post cuarentena, lo cual se prevé apuntalar con una expansión del gasto público en rubros como obra de infraestructura pública.
Falta ver qué tan alta es la coincidencia del Fondo Monetario Internacional con esa postura oficial, ahora que Kristalina Georgieva dejó de ser la amiga que apoyaba en la negociación por el canje y pasa a ocupar el rol de acreedora de una cuenta por u$s44.000 millones.
Pero, sobre todo, lo que resta ver es qué tan convencido está el propio Gobierno sobre la posibilidad de seguir forzando el frente fiscal, en un contexto en el que abundan las voces de alarma por un posible descontrol económico, incluyendo una disparada inflacionaria y una presión fuerte sobre el tipo de cambio.
Después de todo, el propio Martín Guzmán es quien siempre se encarga de recordar que una de sus preocupaciones fundamentales es "normalizar" la economía.
Y es allí cuando surgen las señales ambiguas. Porque ese mensaje de protagonismo estatal para la reactivación de la economía viene acompañado por medidas que tienden a recortar en los hechos –por vía de la licuación inflacionaria- algunos rubros fundamentales del gasto público, como las jubilaciones y los salarios de empleados públicos.
Los empresarios que participan en las reuniones con el ministro sienten en carne propia esa ambigüedad: por un lado les gusta el mensaje de que la exportación será un objetivo prioritario en la nueva etapa. Pero por otra parte son conscientes de que los funcionarios están preparando una reforma tributaria en las cuales todo indica que el sector privado –en particular los grandes empleadores- podrán agravar la carga que sostenga y financie a esas políticas reactivadoras.
Voces de alerta por el desborde
Las advertencias sobre las restricciones fiscales para hacer el "mini plan Marshall" con el que sueñan los funcionarios están a la orden del día. Y el acuerdo por el canje de la deuda no sólo no alejó los temores sino que hasta sirvió como recordatorio sobre la gravedad de la situación.
Por ejemplo, Diego Giacomini, director de la consultora Economía & Regiones, observó que la acumulación de vencimientos financieros para 2026 y 2035 será tan pesada que no permite que, en ese mismo período también se le pague al FMI. Y advierte que el organismo querrá ver un plan de recomposición fiscal que le permita avizorar un cronograma de pagos creíble.
"No hay que descartar que el FMI exija aumentos de impuestos en el proyecto de Presupuesto 2021", señala el economista, que ya da por descontado que la carga irá sobre "los mismos de siempre".
Por su parte, Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea, señala que el canje deja al descubierto los desequilibrios macroeconómicos que se deben corregir, si es que se quiere evitar que el año próximo –en pleno clima electoral- las expectativas económicas le jueguen una mala pasada al Gobierno.
"El déficit fiscal, su financiamiento no genuino, la falta de incentivos al ahorro interno, a la inversión y a las exportaciones, las regulaciones excesivas y el tremendo peso de los impuestos, esos son los factores de mayor poder explicativo de la estanflación y del deterioro recurrente de las cuentas externas", afirma Vasconcelos.
En la misma línea, la consultora SBS envió a sus clientes un reporte titulado "El acuerdo es un paso clave, ahora falta ver el plan". Y plantea que la prioridad debería ser "contener la monetización del déficit".
Para esta consultora, es clave el manejo político que pueda tener el Gobierno para ir recortando el nivel de gasto el año próximo, y recuerda que resultará todo un desafío en el contexto electoral.
"El déficit primario podría ser reducido a la mitad el año que viene si se recupera la economía y se logra remover el grueso de los programas de emergencia. Esto luce más sencillo para las transferencias a empresas y provincias que para el gasto social, que explica casi la mitad de los gastos vinculados a la crisis en el primer semestre y difícilmente pueda ser recortado en un contexto con demandas sociales en ascenso", dice SBS.
En tanto que Consultatio destaca que la estrategia gubernamental de afirmar que no tiene un plan económico podría resultar una actitud inteligente, porque flexibiliza las posturas ante la negociación con el FMI: "el gobierno entra a la negociación sin una base firme sobre la cual se pueda disentir".
Un ajuste con discurso progresista
Hay un punto que sobrevuela todos los análisis: el calendario electoral. Y muchos recuerdan que la tradición argentina es el ajuste en años pares y cierto relajamiento en los impares, que coinciden con la votación.
Aunque la pandemia distorsionó esa regla, por la inevitable explosión del gasto destinado a la asistencia social, los expertos creen que, de todas formas, en el Gobierno ese reflejo de acomodar lo fiscal al calendario político sigue estando presente.
"Parecería razonable para el Gobierno precipitarse a los ajustes macro, de manera tal de llegar mejor a agosto del año que viene. La respuesta la tendremos pronto", avisa Consultatio.
Y lo cierto es que algunas señales en ese sentido ya se están dejando ver. Claro que recortar el gasto público es fácil de decir desde el rol de analista y difícil de hacer desde la silla del funcionario. Lo sabe bien el Gobierno, que ya ha tenido que dar marcha atrás en algunos tímidos intentos de alivianar el costo financiero de la asistencia durante la emergencia.
Le pasó cuando intentó ahorrarse $51.000 millones al suprimir el IFE para las provincias que estaban en fase flexible de la cuarentena. Pero la presión de los gobernadores –y de la propia interna gubernamental- obligó a la marcha atrás. Algo similar ocurrió con la supresión de subsidios al transporte en el interior, que también ocasionó un conato de conflicto con las provincias y obligó al Gobierno a ampliar la partida presupuestaria en $9.500 millones.
Pero aun con esas marcha atrás, el ministro Martín Guzmán ha dado muestras de tener en claro los límites fiscales y de marcar cierta austeridad. Claro que siempre con el correcto "packaging" político para que no se produzcan protestas internas.
Y el gran aliado con que cuenta el Gobierno para esos fines es la inflación. Es un clásico argentino el ajuste vía licuación inflacionaria por el sencillo método de ajustar pagos por debajo de la variación de precios.
Eso ya se había empezado a aplicar con los ajustes jubilatorios en verano, incluso antes de la pandemia, al suspenderse la "fórmula Pichetto" de indexación que combina 70% de inflación con 30% de variación salarial.
El poder de la "licuadora"
Luego se profundizó con el salario de los empleados públicos, cuyo peso asciende al 12,7% del PBI, un volumen que duplica al de otros países de la región.
En el discurso, la postura del Presidente fue inflexible, al rechazar las insinuaciones de que, como se hizo en otros países, también aquí se recortara el sueldo de los funcionarios de ingresos altos. Fernández se negó de plano. Pero claro, en esos países la inflación no llega al 10% anual, con lo cual aquí se podía ajustar ya no apenas a los de ingresos altos sino a toda la plana pública por la vía de la licuación inflacionaria.
El congelamiento de las paritarias implicará que en diciembre, si la inflación redondeara el 40%, este año habrá una pérdida real de 30% en el ingreso de los empleados públicos, que ya habían perdido 35% a lo largo de la gestión macrista.
El recorte podría ser mayor si, como muchos economistas temen, sobre fin de año se produjera una escalada de precios, con una inflación mensual en torno al 5%. Mientras tanto, la dirigencia sindical, consciente de que no hay margen de protesta cuando los empleados públicos siguen cobrando el 100% del sueldo en medio del desplome de la actividad económica- espera la citación a la próxima paritaria, algo que probablemente recién ocurrirá en marzo del 2021.
En ese momento intentarán la recomposición, pero es claro que se partirá de una pérdida fuerte en términos reales, que llevará tiempo de revertirse. En tanto, las previsiones oficiales que se traslucen en el presupuesto implican una suba de 22% en el año para la masa salarial estatal, aunque implica el refuerzo de dotaciones por la pandemia –es decir que no habrá una mejora general-.
La otra parte del ajuste se realiza por el lado de las jubilaciones, gracias al cambio de fórmula indexatoria. Tras las críticas por los aumentos diferenciados, el Gobierno anunció que en su tercer ajuste por decreto se aplicará una suba porcentualmente uniforme.
La estrategia comunicacional del Gobierno apunta a destacar que en los niveles mínimos hubo una efectiva protección contra la inflación –aunque claro que siempre está la licuación entre un ajuste y otro- y tiende a ocultar que los jubilados del promedio tuvieron una pérdida. Con la aplicación de la vieja fórmula el ajuste tendría que haber sido de 23%, mientras que los más perjudicados tuvieron un ajuste del 10%.
El sistema jubilatorio será un tema central en el equilibrio fiscal a futuro. Su peso en el gasto público es alto incluso en términos históricos: según la Fundación Mediterránea, ya representa un 11% del PBI, y el déficit financiero de Anses asciende a 3,1% del PBI, a lo que se debe sumar el 0,5% del déficit de las cajas provinciales.
En definitiva, las jubilaciones representan un 81% del déficit consolidado de nación y provincias. Guzmán lo sabe. Y el FMI también.