Tensión por la cuarentena: empresas y gremios presionan al gobierno por cierres, subsidios y despidos

Preocupado por el impacto económico del virus, la falta de dólares y los reclamos del sector privado por una eventual avalancha de quiebras, el Gobierno reactivó sus planes para convocar a las cámaras empresarias y la CGT a discutir los pasos a seguir el día después de la pandemia. Todavía no hay fecha ni una agenda confirmada, pero fuentes oficiales confirmaron que el gabinete económico encabezado por el jefe de ministros, Santiago Cafiero, está trabajando en esa iniciativa. "Está previsto el encuentro en el que se va a sumar a la CGT y las cámaras privadas", informaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Trabajo.

La convocatoria tripartita se venía posponiendo en las últimas semanas, pero tomó impulso en las últimas horas ante los síntomas de malestar compartidos por el empresariado y la CGT debido al retorno a la Fase 1 en el AMBA desde este miércoles, con mayores restricciones a la actividad privada, la reducción de los rubros esenciales y controles de tráfico más severos. La medida anunciada el viernes pasado por el Presidente aceleró las reuniones de catársis y la elaboración de un extenso documento por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) con propuestas de mediano y largo plazo.

Si bien su contenido se maneja con estricto hermetismo, este medio pudo saber que allí se aborda el déficit fiscal, programas de recuperación productiva, un plan de incentivos a las exportaciones, créditos a la producción, políticas para "cuidar y potenciar activos argentinos" y los "desafíos de la competitividad". Muchos de esos puntos ya habían aparecido a fines de marzo cuando, una vez iniciado el aislamiento obligatorio, los industriales presentaron un plan de emergencia, incluyendo una cuarentena "light", la suspensión de impuestos y reducciones salariales al personal sin tareas.

El endurecimiento de la cuarentena aceleró las reuniones de catársis y la elaboración de un documento por Unión Industrial Argentina (UIA).

Visto en retrospectiva, el Ejecutivo concretó varias de las medidas sugeridas por la UIA. Primero fue la apertura gradual de la industria con la ampliación de los rubros esenciales o exceptuados. Después, el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) destinado a 310.000 empresas y 2,8 millones de trabajadores, y las líneas de financiamiento subsidiadas a las pyme. Y, por último, el impulso oficial a los acuerdos de rebaja salarial por suspensiones, con importantes reducciones en los aportes patronales, como compensación por la prohibición de despidos y la doble indemnización.

Esa precaria sintonía con los empresarios, sin embargo, empezó a debilitarse con el recorte del paquete millonario de subsidios al sector privado y la fallida expropiación de Vincentin. El gabinete económico decidió reducir los fondos de emergencia ante la fuerte expansión monetaria y la caída de la recaudación. Pero también frente a la escapada de los dólares paralelos, que llevó a reforzar el cepo con fuertes trabas a los importadores. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, intentó llevar calma la semana pasada a la UIA, pero el tema resurgió este martes en la reunión de junta directiva por la negativa de proveedores a venderles insumos importados.

En el sector privado también hay malestar por el avance de la Ley de Teletrabajo, impulsada por el oficialismo. Las quejas apuntan a la posibilidad de reversión de la modalidad de trabajo en casa por decisión unilateral del empleado, el derecho a desconexión que permitiría al personal no responder llamadas fuera de horario y los límites a los controles del empleador. "Lo que aprobaron es una aberración, no aceptaron posiciones de los demás diputados", se escuchó en la reunión virtual de la central fabril. Ahora, buscarán suavizar el proyecto en el Senado.

También hubo reclamos por el pago del aguinaldo. Los industriales anunciaron el viernes pasado que lo pagarán en cuotas hasta el 30 de agosto y le pidieron a través de una carta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que evite sanciones por ese motivo. La cuestión generó roces con la CGT, en donde aseguran que elevaron un reclamo al funcionario para frenar los descuentos en el Sueldo Anual Complementario (SAC) al personal suspendido, aunque desde la cartera laboral desmintieron haber recibido dicha petición. Los cruces por el haber de junio se dispararon tras la negativa oficial a otorgar una asistencia especial para el pago del haber en las empresas.

La CGT advirtió en las últimas horas sobre la "destrucción de empleo" por el cierre de fábricas y pymes.

Quiebras y despidos

En ese marco, la cúpula sindical salió este lunes a convocar por su cuenta un encuentro junto a las cámaras empresarias, luego de la reunión mantenida por la "mesa chica" de Azopardo. Fue la manera de marcarle la cancha a las autoridades y hacerle notar su descontento por excluirla de las últimas decisiones. Los gremialistas creen que Alberto Fernández tiene abiertos muchos "flancos" abiertos y que deben ser convocados para resolverlos. "Eso hace que todavía no haya podido delinear del futuro económico y esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", explicó a este medio uno de los dirigentes que asistió al encuentro.

En coincidencia con los empresarios, la CGT advirtió en las últimas horas sobre la "fenomenal destrucción de empleo" por el cierre de fábricas y pymes. Un planteo que encierra el interés compartido por ejecutivos y sindicatos en aflojar la cuarentena sobre el sector privado. "Vamos a ver resultado en 14 días, tiene que haber una hoja de ruta con un plan obra pública de viviendas para trabajadores", dijo a este medio el secretario de industria de CGT, Rodolfo Daer. En esa propuesta trabaja la Cámara de la Construcción (Camarco) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), cuyo titular Gerardo Martínez aseguró la semana pasada que se perdieron 200.000 empleos en el primer semestre. 

El sindicalismo enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es la delicada situación de las obras sociales debido a la retención de fondos por parte del Estado, un reclamo que este martes fue respondido con la liberación de $3.800 millones para compensar la caída en los aportes. El otro problema es la dificultad para pagar los sueldos en las enormes estructuras administrativas y rentadas por los sindicatos. Para aliviar esas complicaciones, más de una entidad gremial se inscribió en los ATP. Ese fue el caso de la obra social del sindicato de Comercio (OSECAC), encabezada por Armando Cavalieri, y el principal gremio de empleados de la AFIP (AEFIP), cuyo titular es Pablo Flores.

La CGT también observa con preocupación el congelamiento de las paritarias sin plazo en los sectores autorizados a trabajar. El titular del sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, pedirá este miércoles una suma puente en su reunión virtual con la Federación de Industrias Alimenticias (FIPA). Será en medio de la conciliación obligatoria dictada el 19 de junio pasado, tras el paro general lanzado en fábricas como Molinos, Bimbo y Arcor para reabrir la paritaria vencida a principios de mayo. El camionero Pablo Moyano, en tanto, anticipó el fin de semana que pedirá un "refuerzo" o un "bono", aunque desde las dos cámaras de la actividad negaron haber recibido una solicitud.

En los pagos de Cavalieri, los delegados opositores de la agrupación La Voz de Comercio exigen que el premio de $5.000 en los supermercados se convierta en un beneficio permanente por el riesgo de exposición al virus y pidieron un ajuste de los protocolos ante los más de 600 contagios denunciados en ese rubro. Los gremios telefónicos, por otra parte, cerraron este lunes la paritaria del año pasado con un aumento del 4% sobre el salario de julio, junto con un adicional equivalente a una suma fija de $4.000 para todas las categorías. Y los repartidores concretarán este miércoles un nuevo paro internacional, con una protesta en el obelisco desde las 11 y en reclamo de un incremento del 100% por pedido, obra social y ART, luego de registrar seis muertos en accidentes laborales en 100 días.

El cumplimiento de los protocolos por Covid-19 es otro reclamo que crece con fuerza. La municipalidad de Escobar clausuró anoche en forma preventiva la planta de Alijor ubicada sobre la Panámerica, donde se fabrican panificados para La Salteña. Allí, se detectaron 13 casos positivos y otros 9 están en observación, más del 20% de la plantilla de 200 empleados. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en tanto, visitará este miércoles la planta de Victoria de Mondelez para la constitución del comité de crisis en la empresa, luego de un mes de suspensiones que motivaron la reacción del jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, y la revisión de los licenciamientos acordados con el gremio.