Se enrarece el clima político por ataques a silobolsas: oposición insinúa que hay complicidad del Gobierno con la ola de violencia
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La pampa agrícola está que arde, y a esta altura a nadie sorprendería que hubiera un muerto en uno de los tantos incidentes de violencia contra las cosechas que se vienen registrando en las últimas semanas.
Con los ánimos híper sensibilizados por la seguidilla de roturas de silobolsas (se contaban 57 hasta ayer, además de incendios intencionales de cosechas y de forrajes), durante las últimas horas se viralizó en las redes la versión de que en un campo cercano a Bahía Blanca un grupo de productores había podido atrapar a personas que habían tajeado silobolsas y que confesaron haber sido enviadas por la dirigencia sindical de camioneros.
Nadie se hizo cargo de confirmar oficialmente la versión, y de hecho dirigentes rurales dijeron que creían que se trataba de una "fake news". Pero en todo caso es un síntoma elocuente del estado de ánimo que se está generando.
La versión fue uno de los temas principales entre los productores, que ya estaban en un clima de enojo desde que inició el caso Vicentin. Y la violencia de los comentarios en las redes da la pauta de cómo se pasó de una situación de incidentes aislados a un estado de alarma mezclada con radicalización política.
Tanto que dirigentes como Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), ya están advirtiendo sobre el riesgo de una escalada de violencia: "Hay que contener a los productores. Ellos se deben sentir protegidos y contenidos porque no podemos permitir que haya episodios de defensa propia ante la falta de justicia o de seguridad", declaró en un día en el que el nerviosismo alcanzó su nivel máximo.
Casi al mismo tiempo, la policía de patrullas rurales dio inicio a un operativo especial en la provincia de Buenos Aires, de manera de intensificar la vigilancia en los lugares susceptibles de ataques. Para ello, pidió a los productores la información sobre dónde se encuentran localizados los silobolsas.
Y, también en una demostración elocuente sobre la sensibilidad del momento, la reacción inicial de los productores fue negarse a proporcionar la información, según reconoció el propio presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (Carbap), Matías Velazco.
En los días previos, varias agremiaciones habían alertado sobre el agravamiento de la situación e incluso habían llegado a insinuar cierta complacencia por parte del Gobierno respecto de lo que estaba ocurriendo.
Por caso, la Sociedad Rural de Rosario emitió un comunicado en el que, tras detallar que los incidentes incluye "quema de alambrados, de lotes a cosechar y de reservas forrajeras, rotura de silobolsas, abigeato, muerte de animales y otros hechos violentos", destacó que todo esto se dio de manera coordinada y, por lo tanto, intencional, sin que las autoridades hayan demostrado vocación de actuar.
La sospecha de intencionalidad se exacerba por el hecho de que algunos de los ataques incluyeron prácticas que denotan conocimiento por parte de los perpetradores y además un evidente propósito de perjudicar comercialmente al productor. Como le ocurrió a un productor de San Jerónimo Sud, provincia de Santa Fe, que no solamente sufrió la rotura del silobolsa, sino que además encontró que los granos habían sido mezclados con fungicidas para curar semillas.
Esto implica que se pierde el contenido completo de una bolsa, porque el productor no puede garantizar, en la declaración jurada que debe firmar al momento del embarque, que su carga no contenga sustancias peligrosas para la salud. Conclusión, el productor perdió 100 toneladas, un costo de 1,5 millón de pesos.
Acusaciones en el aire
Y tras la seguidilla de atentados ya resulta imposible no politizar el tema. Quien más, quien menos, todos los dirigentes del campo le asignan algún grado de responsabilidad al Gobierno nacional, aunque más no sea por haber exacerbado la "grieta" con el caso Vicentin o por cierta pasividad a la hora de prevenir los ataques a los productores.
Ya la semana pasada, luego de conocerse una serie de ataques en un campo cercano a Villa María, Córdoba, otro comunicado firmado por las principales entidades rurales, incluyendo las cuatro que forman la mesa de enlace (Coninagro, Federación Agraria, Sociedad Rural y CRA), reclamó un accionar decidido del Gobierno.
"Estos episodios han aumentado en los últimos meses, tanto en frecuencia como en peligrosidad, por lo cual creemos necesario que esta situación debe tener una respuesta rápida de las autoridades para brindar seguridad y proteger la propiedad privada", decía el comunicado.
Y, más explícito aun, el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, había acusado directamente de "pasividad" al Gobierno. "No vemos una reacción con la seriedad que el tema necesita", dijo el dirigente gremial, quien no se mostró satisfecho con la respuesta recibida tras una entrevista de la dirigencia rural con la ministro de Seguridad, Sabina Frederic.
"Creo que la rotura de silobolsas que quizás antes pasaba por un problema gremial de los transportistas, ahora pasó a rollos, campos, bolsones de pasto, animales, y allí se ve un componente distinto, un mensaje de bronca que tiene que ver con la política".
Aunque evitó hacer acusaciones directas sobre quién pueda estar detrás de los atentados, Pelegrina interpretó cuáles podría ser sus motivaciones políticas, y por eso hasta se permitió aconsejarlos, haciéndoles notar que están logrando un objetivo opuesto al buscado: "Los ataques, en su afectación, superan a los propios propios productores. Por ejemplo, los estados municipales, provinciales y nacional no recaudarán la enorme proporción de impuestos sobre esos granos o sobre la producción que se pierde".
El tema llega al Congreso
Lo que faltaba para la politización definitiva del tema era que el debate llegara al Congreso. Y eso es exactamente lo que ocurrió tras un pedido de declaración de repudio presentada por legisladores macristas.
El diputado –y ex ministro de agricultura durante la gestión macrista- Ricardo Buryaile, anunció que había presentado un proyecto de declaración en defensa de los productores agropecuarios y que esperaba "el acompañamiento unánime, ya que se trata de acciones que afectan la seguridad de las personas y sus bienes".
"Los hechos de violencia a la propiedad privada se repiten a diario. El Estado debe dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos. Aún el Gobierno no ha dado ni con el origen ni con los culpables y no ha emitido declaración alguna respecto a la violencia", completó en un mensaje en las redes, a los que acompañó con los "hashtags", #NoALaViolencia y #OtraVezAlCampo.
No es que su anuncio haya causado alivio ni respaldo en el campo. Más bien al contrario, la mayoría de las respuestas que obtuvo fueron reproches y sarcasmos por cierta tibieza a la hora de reaccionar ante la ola de ataques.
Pero el objetivo de Buryaile no era obtener aplausos de los damnificados, sino generar un hecho político: poder instalar el tema en el centro del debate y forzar al peronismo a tomar partido en medio de esta escalada violenta.
Si el proyecto de declaración se pusiera a debate y parte de la bancada oficialista –el kirchnerismo, por caso- decidiera no acompañar, entonces podría darse una situación de fisura en el oficialismo, ya que resulta difícil imaginar que el peronismo de las provincias afectadas –sobre todo el santafesino y el cordobés- se arriesgaran a asumir una postura que lo enfrentara con sus bases.
El antecedente respecto del debate sobre Vicentin es claro al respecto: no fue la oposición política ni las agremiaciones empresariales las que le pusieron un freno a la aspiración oficial de expropiación, sino la cautela del propio peronismo de la zona agrícola, que no quería reeditar un conflicto como el de hace una década con la resolución 125.
Granos guardados y el factor miedo
En definitiva, la situación al día de hoy es que nadie sabe exactamente quién perpetra los ataques ni cuál es su intención. Para algunos hay un evidente afán político, mientras otros insinúan presiones vinculadas al funcionamiento logístico de la cosecha y su traslado a los puertos.
Pero, en cualquier caso, el tema ya está politizado, y a medida que pasan los días sin que el Gobierno abandone su silencio, las sospechas se hacen cada vez menos susurradas y pasan a afirmarse en voz alta.
Por lo pronto, en las zonas afectadas el tema ya está instalado en el primer lugar de la agenda, y los medios de comunicación no dudan de las motivaciones de tipo político. Por caso, en Cadena 3 de Córdoba, una de las potencias mediáticas del interior, un comentario editorial llevó como título: "Silobolsas, la curva que Alberto no intenta aplanar". Y recuerda que periodistas y activistas políticos vinculados al kirchnerismo habían hecho una convocatoria a atacar los silobolsas, sin que nadie haya salido a desautorizarlos o a desmarcarse de sus declaraciones.
Mientras tanto, los silobolsas siguen llenos de mercadería. Aunque, pese a las quejas del Gobierno, que acusan a los productores de querer presionar por una devaluación, las ventas se producen a un ritmo similar al de los últimos años. Sí es cierto que hay una disminución medida en dinero, pero se explica por la caída del precio en el mercado internacional.
En números, la liquidación de soja es de 24,5 millones de toneladas, el mismo volumen que se registraba a esta altura del año pasado. Y en rubros como maíz y trigo, la liquidación de este año es incluso mayor.
Aun así, el cálculo del Gobierno es que actualmente puede haber guardado en silobolsas un volumen equivalente a u$s12.500 millones. Los productores tienen una estimación menor, pero admiten que la cifra podría llegar a u$s10.000 millones. En cualquier caso, un número lo suficientemente grande para comprender el nerviosismo en alza.
Acaso la gran pregunta del momento es si este tipo de ataques a los silobolsas es capaz de traer como consecuencia una aceleración en el ritmo de venta de los granos por parte de los productores. Los conocedores del campo afirman que no, y que lejos de obedecer a una cuestión especulativa, la guarda en silobolsas forma parte de una modalidad de administración del negocio que no se podrá cambiar.
Sin embargo, hay signos de que el miedo también es un factor de peso. Por caso, tras un ataque ocurrido en Almafuerte, localidad del centro de la provincia de Córdoba, la coooperativa de productores decidió adelantar la fecha de venta prevista. De las siete bolsas, dos fueron dañadas, y en prevención de que los ataques pudieran repetirse, se decidió vender a una fábrica de bioetanol las 1.750 toneladas de maíz que se pudieron rescatar.