Tironeado por UIA y CGT, el Gobierno extendió plazo de rebajas salariales y la doble indemnización
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El Gobierno reforzó su esquema de emergencia laboral con la extensión del plazo hasta el fin de la cuarentena para acordar suspensiones con rebajas salariales previstas en el artículo 223 bis. La medida fue adoptada este miércoles a través del decreto 529 para evitar potenciales litigios, ya que la legislación fijaba un límite de hasta 90 días en un año para aplicar licenciamientos por falta de tareas y fuerza mayor, período a partir del cual los trabajadores pueden considerarse despedidos.
La Ley de Contrato de Trabajo prevé tres supuestos de suspension en su articulado: el de razones disciplinarias (219), el de razones economicas o falta de trabajo (220) y las de fuerza mayor (221). En los dos primeros casos, el plazo máximo es de 30 días, mientras que en el último es de 75. Y en el artículo 222 establece que entre todas las variantes no pueden superar los 90 días, por lo que "a partir de la primera suspensión y no aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a considerarse despedido".
Frente a esa situación, el decreto 529 establece que los límites temporales previstos para las suspensiones no regirán para aquellas motivadas en la falta de trabajo y fuerza mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis, por lo que "podrán extenderse hasta el cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio". De esa forma, se buscó preservar el mecanismo que habilitó el Ejecutivo para que las empresas acuerden con los sindicatos quitas en los sueldos.
En sus considerandos, las autoridades advierten que "los mencionados límites temporales, en una emergencia de duración incierta como la que se atraviesa, podrían conspirar contra la finalidad de preservación de las fuentes de trabajo, en el marco de medidas consensuadas en los términos del artículo 223 bis". Y que la "excepcional situación de emergencia" impone efectuar una modificación "puntual y extraordinaria" de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.
Desde la cartera laboral explicaron a iProfesional que dichos convenios se extenderán por la pandemia "si es que esa industria en particular no regresa a la actividad (cada vez son, y serán, menos)".Cerca del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguran que "casi en el 90% del país se ha vuelto al movimiento". "En suma, esperamos que no se extiendan mucho más, por un lado, y por otro, esas suspensiones serán cada vez menores en cantidad", confiaron.
Los cambios coincidieron con la prórroga de la doble indemnización hasta fin de año, publicada también hoy en el Boletín Oficial, y la homologación el viernes pasado de la extensión por otros 60 días del acuerdo entre la UIA y la CGT para efectuar reducciones salariales de hasta el 25% al personal sin tareas. También se mantuvo la prohibición de los despidos y queda por resolver si continuará sin cambios el pago de la mitad de los salarios a las empresas ante las dificultades para sostener esa medida en el tiempo.
Por lo pronto, la continuidad de la indemnización agravada despertó malestar entre los industriales, quienes solicitaron en los últimos días su eliminación. La medida adoptada hoy por Trabajo vino a desactivar un factor adicional de tensión con los empresarios, al dejar sin efecto la posibilidad de que si las empresas se extralimitan con las suspensiones o no pagan el salario de acuerdo con las leyes, los trabajadores puedan reclamar un resarcimiento por despido, en este caso la doble indemnización.
Con estas decisiones, el Gobierno intentó dar respuesta a los reclamos de la UIA, la CGT y el kirchnerismo manteniendo un delicado equilibrio. La central fabril fue de las primeras en marzo en solicitar permiso para disminuir las remuneraciones. Y la cúpula sindical había pedido en las últimas semanas manter la prohibición de los despidos y la doble indemnización. Por último, el kirchnerismo viene exigiendo mayores restricciones a los subsidios y un endurecimiento frente a las cesantías.
Alerta por los salarios
Las tensiones son alimentadas por un mercado laboral que continuó su deterioro en los últimos meses. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), encabezado por Agustín Salvia, durante la cuarentena se perdieron hasta 900.000 empleos, incluyendo asalariados, no asalariados, formales e informales, aunque la mayor parte de ellos están dentro de esta última categoría. Todo esto en un contexto agravado en los últimos dos años por la recesión, inflación y el incremento de la deuda.
En ese marco, la eliminación de los límites para concertar quitas salariales fue recibida con entusiasmo por los abogados de empresa. "Estabamos esperando que el PEN aclarara los plazos del art. 223bis para evitar planteos judiciales antojadizos a futuro. Los acuerdos de suspension pagas que se están haciendo son muy importantes para poder salir de la cuarentena y que haya empresas y empleo de la mejor forma posible. Hay que evitar costos innecesarios o avivadas futuras", explicó a este medio el director de Derecho del Trabajo de PLAN-A, Juan Carlos Cerutti.
Mientras que la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) cuestionó las restricciones para los trabadores derivadas de la norma. "En la actual emergencia, el Gobierno por un lado prohibió las suspensiones por fuerza mayor, pero habilitó una excepción que terminó generalizándose. La medida dictada hoy se enmarca en ese contexto, y habilita que las suspensiones por fuerza mayor puedan exceder ese plazo, por lo que ningún trabajador se va a poder considerar despedido por ese motivo", señaló el titular de AAL, Matías Cremonte.
El abogado laboralista también advirtió por el impacto del decreto sobre las remuneraciones. "Nosotros criticamos las suspensiones por fuerza mayor en este contexto, porque implican una reducción salarial, que aunque sea temporal, afecta gravemente su carácter alimentario. Por el mismo motivo criticamos esta ampliación de los plazos, ya que permitirá que los salarios de suspensión reducidos perduren aún más en el tiempo", concluyó.