El kirchnerismo desembarcó en el negocio del agro: ¿qué se viene después de Vicentin?
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/06/497892.jpg)
Todo encajaba perfecto. Estaban todos los ingredientes necesarios: una empresa gigante en un sector estratégico, una enorme deuda con el Banco Nación, miles de empleos en riesgo… y un nuevo contexto internacional en el que las estatizaciones dejan de ser una mala palabra propia de populismos tropicales sino que forman parte sustancial en las políticas que adoptan líderes de la talla de Angela Merkel.
Lo cierto es que pocas veces le resultó tan fácil a un gobierno anunciar una expropiación y posterior estatización. Esta vez no habrá un gran grupo global que amenaza con denunciar al país en los foros internacionales y transformarlo en un paria, como había ocurrido con Repsol cuando Cristina Kirchner concretó la "gesta" -no barata, por cierto- de nacionalizar YPF.
Ni tampoco se expondrá a las sospechas de corrupción que envolvieron la estatización de Ciccone, luego de un salvataje fiscal irregular, un intento de compra con opacos fondos de inversión y la apelación a una dudosa "soberanía monetaria". En todo caso, si alguien aparece sospechado de corrupción en el caso de Vicentin no es el gobierno que toma la decisión de la expropiación sino el anterior, a cargo de Mauricio Macri.
Y, por sobre todas las cosas, la decisión que anunció Alberto Fernández implica un hecho fundamental: es, por fin, la posibilidad de poner un pie en el negocio agropecuario, justo en el momento en que más se lo necesita.
La reticencia de los exportadores de granos a liquidar divisas –el monto vendido en los primeros cinco meses del año cayó 19% respecto de 2019 y es el registro más bajo en cinco años- es uno de los temas que tiene más nerviosos a los funcionarios, que miran con desesperación el nivel de reservas del Banco Central.
En medio de quejas sobre intentos de manipulación del mercado y presiones para devaluar, el Gobierno ha aumentado su nivel de intervencionismo, sin lograr que los productores abandonaran su actitud de guardar el producto en las míticas silobolsas.
De hecho, la situación actual hace acordar a la continua negociación que los funcionarios K tuvieron que hacer durante los ocho años de gestión de Cristina Kirchner, incluso llegando a acordar compromisos de pisos de exportación –invento de un resignado Axel Kicillof-, de manera de poder tener una mínima previsibilidad sobre el ingreso de dólares.
Es en ese marco de tensión que cada vez se viene escuchando con mayor volumen el reclamo interno hacia Alberto Fernández desde el sector duro del kirchnerismo: se pedía restablecer algún tipo de control sobre la comercialización agrícola, incluso aggiornando viejas instituciones, como la Junta Nacional de Granos.
No parecía fácil una medida de ese tipo para un presidente que se jacta de buscar consensos en un momento híper sensible para la economía del país. Pero ahí apareció Vicentin para dar la solución perfecta: quién necesita una Junta de Granos si se puede tener una "YPF del agro" que, como líder del mercado, dé señales al resto de los jugadores y en definitiva reformatee el negocio.
Aun con su pesada mochila de deuda, Vicentin lidera la exportación de harina y aceite de soja y se ubica en el sexto puesto de las mayores exportadoras agrícolas, con 8,4 millones de toneladas, un 9% de las ventas agroindustriales argentinas al exterior. Con un negocio integrado, participa en todas las fases, desde el acopio de granos hasta la operatoria portuaria y compite con gigantes globales de la talla de Dreyfus, Bunge y Nidera.
Una YPF del campo
Lo cierto es que la intervención de la empresa Vicentin marca un punto de inflexión en la gestión de Alberto Fernández: ya se está pensando en la post pandemia y actuando en consecuencia. Y el presidente, que en las últimas semanas venía recibiendo críticas internas por cierta postura "blanda" respecto del sector empresarial, finalmente se avino a escuchar los reclamos del kirchnerismo.
No por casualidad el Presidente repitió la expresión "soberanía alimentaria" como forma de justificar su medida.
Podía haber usado un argumento más sólido e irrefutable, como la deuda financiera de u$s350 millones que Vicentin mantiene con el Estado argentino, una cifra que hoy suena obscena si se considera que –calculada al tipo de cambio oficial- implica la mitad de lo que cuesta el IFE cada mes o el plan para asistir con créditos a las pymes semiquebradas.
Pero claro, estaba el riesgo de que desde la vereda de enfrente se contestara que para lidiar con los problemas de deuda están los procedimientos como el concurso de acreedores, que corren por el carril judicial sin que haya necesidad de intromisión política.
La realidad es que la circunstancia era inmejorable para plantear el tema Vicentin en términos de estrategia nacional. Como Merkel con Lufthansa, para usar el ejemplo que inspiró a la diputada Fernanda Vallejos a presentar su controvertido proyecto de ley para que el Estado se quede con participaciones accionarias de las empresas que reciben ayuda en la cuarentena.
Es sólo un detalle menor el hecho de que la pandemia no haya tenido nada que ver con la crisis de Vicentin, cuyos problemas no se remiten a un virus sino a los vicios clásicos de la economía argentina: sobre endeudada, fue arrastrada por el efecto de la devaluación de 2018. Pero en estas circunstancias, la estatización queda igualmente justificada por otra palabra que Alberto Fernández repitió en su anuncio: "rescate".
En Vicentin trabajan unas 4.000 personas de manera directa y, además, hay otros miles de pequeños productores que lo hacen indirectamente al venderles su producción y que ahora están afectados por ser parte de los acreedores que no pueden cobrar.
De manera que, en un momento en que el desempleo es el principal temor como consecuencia de la cuarentena, el argumento de la continuidad laboral se transforma en una política de Estado que puede justificar expropiaciones.
La decisión del Presidente estuvo a tono con la carta firmada por dirigentes políticos –entre los cuales destaca Claudio Lozano, director del Banco Nación-, que pidieron que Vicentin fuera declarada "empresa pública no estatal", con el argumento de que se trata de una compañía "estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos".
La protección contra intereses oscuros
Alberto Fernández no pudo ocultar la irritación que le causó, en la conferencia de prensa, la comparación entre su medida y el proyecto de Fernanda Vallejos. Pocos días antes había negado expresamente que pudiera haber una oleada de expropiaciones ni "ideas locas".
Pero lo cierto es que es difícil evitar que el tema sobrevuele en el ambiente. A fin de cuentas, la diputada justifica su proyecto con el argumento de que es una forma de proteger a empresas de capital nacional ante posibles compras hostiles por parte de grupos extranjeros que quieran aprovechar las bajas valuaciones corporativas para hacer compras a precios de ganga.
Y esa es justamente la situación de Vicentin, sobre la cual ha habido manifestaciones de interés por parte de transnacionales como Glencore, Dreyfus y Cargill –todas ya presentes en el mercado argentino- y de la egipcia Burhan International Group.
La carta de los dirigentes que reclamaban la estatización hacía mención expresa al riesgo de que Vicentin cayera en manos extranjeras o, peor aun, de "dirigentes asociados a etapas aciagas de nuestro país que intentan promover una mentirosa salida nacional y popular". Era una alusión a la posibilidad de que grupos nacionales se hicieran cargo de la empresa y, concretamente, a las gestiones en ese sentido lideradas por José Luis Manzano, ex ministro en el gabinete de Carlos Menem de hace 25 años.
Dando forma a una nueva "épica"
Los próximos días prometen ser movidos para el agro argentino. De un lado, ya se escuchan advertencias sobre potenciales litigios contra el país o sobre una avanzada de políticas intervencionistas.
El ex ministro Ricardo Buryaile no dudó en atribuir la medida a un intento de querer manejar la liquidación de granos. Mientras que el también ex ministro macrista Luis Miguel Etchevehere advirtió que "todas las veces que el Estado se metió en aventuras empresariales le fue mal y eso lo terminamos pagando todos los argentinos".
Pero no hay unanimidad: Eduardo Buzzi, un histórico de la Federación Agraria, festejó la medida porque "viene a salvar el interés de miles de productores que tenían granos en la empresa y no iban a poder cobrar". Y no dudó en calificar a Vicentin como "una empresa que es parte de la burguesía nacional", lo cual para los códigos peronistas implica que se justifica su protección ante las compras de grandes grupos extranjeros.
Pero, sobre todo, viene el debate sobre a qué se refirió Alberto Fernández cuando hizo mención a que Vicentin debía jugar un rol análogo al de YPF en el mercado del combustible.
¿Implicará esto que la empresa cambiará sus prioridades de inversión? ¿Estará dispuesta a percibir menores ingresos con tal de enviar una referencia de precios al resto de los jugadores? ¿Se forzará que a través de Vicentín se presione al resto de las empresas a liquidar exportaciones de granos aun cuando el tipo de cambio resulte desfavorable?
Son las preguntas que quedaron flotando tras el anuncio oficial. Hay antecedentes que permiten alguna pista respecto de cómo el kirchnerismo aprovecha el hecho de sentarse en el directorio de una gran empresa privada: por ejemplo, cuando Axel Kicillof fue director de Siderar forzó a suspender una inversión externa con el argumento de que había que canalizar prioritariamente las divisas en el mercado interno.
En todo caso, como dijo el Presidente, son temas para discutir en el Congreso, donde los opositores podrán explayarse en sus temores de que -como dijo el diputado radical Luis Petri- el Gobierno "en vez de generar inversión, gire en dirección a Venezuela".
En el Senado, presidiendo el debate, estará Cristina Kirchner, seguramente disfrutando el momento. Después de todo, es una ocasión inmejorable para dar rienda suelta a dos de sus actividades preferidas.
La primera es la acusación de corrupción al macrismo, y para ello no sólo tiene los sospechosos préstamos del Banco Nación a Vicentin, sino también el aporte de $13,5 millones a la campaña reelecionista de Macri, cuando la empresa ya estaba bajo "estrés financiero".
Pero, sobre todo, está la oportunidad de volver a inyectar mística en una gestión de gobierno. Vicentin pasará a ser el símbolo de cómo una "actividad estratégica" que durante años había estado en manos de "grupos concentrados" ahora pasa al patrimonio de todos los argentinos.
En plena crisis global, un regreso con gloria del "relato K".