Alberto piensa en la fase 3: luego del canje de la deuda y del foco sanitario, giro en la economía
"El Alberto sanitarista también le dará lugar al Alberto economista". La definición, pronunciada por uno de los hombres de máxima confianza del jefe de Estado, da una aproximación al escenario que predominará en la Argentina luego de que se cierre (¿parcialmente?) el capítulo de la deuda.
Los últimos hechos producidos por el propio Gobierno parecen convalidar lo que el alfil presidencial desliza en diálogo con iProfesional: desde que los acreedores le asestaron un duro traspié a la oferta original de Martín Guzmán, la administración entró en una dinámica que hasta ese momento no se había dado.
La negociación para cerrar el capítulo de la deuda -o al menos intentarlo seriamente- tomó una velocidad que no había tenido desde que Alberto Fernández supo que sería Presidente. Hubo una decisión política de primerísimo nivel detrás de la gestión, que hasta aquel momento lucía muy deficitaria en cuanto al tema de la deuda, que el propio Presidente había destacado como prioritario.
En ese giro en cuanto a la relación con los acreedores tuvieron un papel destacado algunos alfiles de Alberto F., que hasta ese momento estaban corridos en esa cuestión. Uno fue Gustavo Béliz, una de las personas de mayor confianza del jefe de Estado. Béliz tiene un cargo en la administración -secretario de Asuntos Estratégicos- pero su rol excede esa formalidad.
Mantiene fluidos contactos con la CGT, con los principales empresarios y también con la Iglesia. Béliz está en línea permanente con los ministros y, desde el traspié con la oferta de la deuda, se involucró directamente. Tuvo diálogos con economistas y con fondos de inversión. Fue el encargado de llevar tranquilidad, lejos de los micrófonos, de la voluntad de llegar a un arreglo sensato con los acreedores.
Sergio Massa también fue contactado especialmente por el Presidente para ser portavoz de un mensaje tranquilizador fronteras adentro, pero también se valió de economistas cercanos, como Daniel Marx, Martín Redrado y también el ex ARBA Santiago Montoya.
Una de las recomendaciones que escuchó Alberto F. fue que, de querer llegar a un acuerdo, el intento debía realizarse en el cortísimo plazo. De ahí que, contra las primeras evaluaciones, se tomó la decisión de estirar esas conversaciones con los fondos extranjeros hasta no más de las primeras horas de junio.
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"Nadie sabe cómo seguirá la crisis internacional con la expansión del coronavirus. Cualquier mala noticia sanitaria podría volver a tumbar la Bolsa de Nueva York y los activos financieros, lo que alejaría las chances de un trato", analizó uno de los economistas consultados por el staff presidencial.
Por lo pronto, Alberto Fernández intentó en los últimos días dar una señal de normalización en la economía. Por ejemplo, al haber retomado su agenda de visitas a provincias donde el coronavirus es un problema controlado. Pero, sobre todo, por su esfuerzo en mostrar la retomada de la producción industrial: el mandatario visitó las plantas automotrices de Volkswagen y Toyota en la provincia de Buenos Aires y hasta envió mensajes tranquilizadores para quienes estaban inquietos por las versiones sobre avances del Estado sobre las participaciones accionarias de las empresas.
¿Del comité de sanitaristas al comité de economistas?
"Así como Alberto armó un comité de sanitaristas para enfrentar con éxito el Covid-19, ahora tendrá que armar un comité de economistas para que lo asesoren a enfrentar la crisis y planear la salida", sugiere a iProfesional uno de los economistas que ayudó a aceitar el vínculo con Wall Street, pero que prefiere mantener el anonimato.
Se sabe, por ahora Alberto F. rehusó a integrar una mesa de asesores en materia económica. Compartimentó el trabajo en su propio Gabinete: Guzmán lideró con exclusividad el tema de la deuda, mientras que el grupo Matías Kulfas en el Ministerio de la Producción, Mercedes Marcó del Pont (AFIP) y Miguel Pesce (desde el BCRA) se involucraron en la crisis derivada de la pandemia.
En caso de que, efectivamente, el 12 de junio quede resuelto el capítulo de la deuda, Alberto F. tendrá el tablero liberado para relanzar la gestión económica. Será necesario que apele a esa botonera.
Algunos funcionarios de su administración vienen sosteniendo que sería el momento ideal para lanzar el demorado plan económico. El foco puesto en la agenda post Covid-19, que tiene más desafíos que los que existían antes de la expansión del virus. Una economía frágil y endeudada como la Argentina necesitará de señales muy concretas de que la crisis no se profundizará.
Si se quiere, la primera señal de que Fernández tiene en su registro un objetivo de emprolijamiento fiscal lo dio en el comienzo de la última semana, cuando anunció que el aumento en los haberes de los jubilados correrá bien por detrás que lo indicado por la suspendida fórmula de actualización.
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Sin entrar en evaluaciones técnicas o políticas de esa resolución, queda claro que el incremento será en junio del 6,12% contra el 10,9% que correspondía sólo se explica por la intención oficial de no alimentar las expectativas de desmanejo monetario y fiscal.
El ahorro por el ajuste es mínimo: de apenas el 0,11% del PIB, de acuerdo a lo calculado por los técnicos del IARAF, una organización especializada en temas presupuestarios. Lo concreto tiene que ver con ese guiño a los acreedores, y también al Fondo Monetario Internacional, de que en medio de las negociaciones por la deuda, la voluntad del Gobierno pasa por recortar los gastos estructurales. Esas erogaciones que permanecen más allá de la estacionalidad de la pandemia.
La otra señal importante vino en los últimos días, con el anticipo de Guzmán sobre una reforma en el sistema impositivo para la etapa de la pospandemia. Guzmán no entró en detalles técnicos, pero dio a entender que se privilegiará la recuperación rápida de la producción y el consumo, y en este contexto se buscará que tributos que hoy tienen mucho peso, como Ganancias, castiguen a un universo menor de contribuyentes.
El acuerdo con los acreedores le dará, seguramente, un mayor margen de credibilidad a la administración de "Los Fernández". Podría despejar también dudas sobre la gobernabilidad. Y le dará posibilidad de ganar reputación desde lo simbólico: nada menos que el Gobierno que evita el default a pesar del viento de frente.
Claudio Loser, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, es uno de los que cree en esa posibilidad. "Si arregla, Argentina quedará como el primer país en solucionar su problema con la deuda, en un mundo que sin dudas va a complicarse en ese capítulo. Con países que van a salir de la pandemia más endeudados y con dudas sobre sus solvencias", analiza.
Acercándose a las primeras medidas
A esta altura, ya nadie duda de que un arreglo por la deuda alcanza para cambiar el rumbo de la economía. Apenas es la condición necesaria pero no suficiente para volver al camino del crecimiento y el desarrollo, más aun en este contexto de incertidumbre global.
Pero parece claro que en con países mostrando caídas en vertical de sus economías, con Estados Unidos con 40 millones de desocupados, y con Brasil lamentando miles de muertes por la pandemia y una actividad en caída libre, la Argentina tiene pocas chances de salir a flote por su intercambio con el exterior.
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Alfonso Prat Gay, primer ministro de Economía en la gestión de Mauricio Macri, le puso un número dramático para tener una idea de lo que viene: dijo en una conferencia organizada por el fondo Quinquela, la administradora de FCI del Grupo ST, que cuatro de cada diez desempleados estadounidenses no volverán a trabajar en el corto plazo.
Con menor actividad en el turismo, el comercio, el mundo de los negocios, las inversiones y los vuelos, no hay chances de una recuperación veloz.
¿Y entonces? Afirma Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner: "Un punto clave de evitar el default sería el de facilitarle a las empresas privadas y a las provincias el acceso al mercado de capitales. Dada la inyección de liquidez que se está realizando en las principales economías del mundo, es probable que haya fondos disponibles que podrían ser de utilidad para capitalizar ciertos proyectos claves, como las inversiones energéticas en Vaca Muerta por ejemplo. Algunas emisiones privadas de las últimas semanas mostraron que también en el mercado local hay apetito por alternativas de inversión alternativas".
Por lo pronto, el Gobierno ya tomó medidas al respecto, al garantizar un "barril criollo" de 45 dólares que supera ampliamente al deprimido precio internacional. Expertos en el tema dijeron que, más que mejorar la recaudación, el principal objetivo de la medida era enviar un "gesto político" hacia los inversores y las provincias productoras.
Como el resto de los países, la Argentina también se concentró todos estos meses en un Banco Central activo, liderando una emisión récord.
A diferencia de esos países centrales -o incluso algunos emergentes, como el propio Brasil-, aquí, la emisión de pesos podría derivar en un salto adicional del dólar paralelo, que le ponga todavía más presión al tipo de cambio oficial.
El último informe del IERAL (Fundación Mediterránea) pone el dedo en la llaga. Menciona que si bien el tipo de cambio oficial se encuentra en los mejores registros de los últimos 40 años, el hecho de que los vecinos hayan devaluado en las últimas semanas, presiona por una devaluación adicional en la Argentina.
"Una caída del tipo de cambio real multilateral puede afectar negativamente en la única fuente de dólares que actualmente tiene nuestro país, que es el superávit de cuenta corriente", señala la Mediterránea.
A eso también debe abocarse el capítulo post default: a resolver qué tipo de cambio quiere el Gobierno y necesita la Argentina para empezar a superar una crisis interminable, que ya va por su tercer año consecutivo en recesión. Y también en ese caso el arreglo por la deuda funcionará como punto de inflexión: desde fuentes cercanas al Gobierno afirman que toma cuerpo la decisión de acelerar el ritmo devaluatorio una vez que se haya despejado la incertidumbre sobre el canje.