Villa Azul, primer síntoma del temido desborde social que ya enciende alarmas del Gobierno
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Una señora llora porque el test de coronavirus a su hijo le dio positivo. Una rata yace en un corredor de tierra entre casas de chapa y un charco de agua negra. Y una familia raciona un bolsón de comida -sin carne ni pan- para sobrevivir 15 días, por temor a no recibir antes nuevas provisiones.
Todas esas escenas dramáticas se vivieron en Villa Azul, el asentamiento repartido entre Quilmes y Avellaneda que desde el domingo pasado fue sitiado con vallas y policías en un operativo relámpago a cargo del gobierno bonaerense. Así se convirtió en uno de los principales foco de tensión ante el avance de la pandemia en uno de los distritos más hacinados del país y con mayor potencial de contagio.
Por estas horas, las autoridades no descartan repetir el esquema en otras localidades. La condición es que haya "muchos contagios y un foco ascendente".
El caso de Villa Azul es llamativo: pasó de 13 casos sospechosos el viernes a 54 positivos el domingo y este viernes superó los 200. La rápida expansión llevó casi de inmediato a extender los tests a la vecina Villa Itatí, con 15.000 habitantes.
Pero la situación en ambos casos es solo la punta del iceberg de un problema más profundo: la precariedad en la que viven las 485.080 familias de los 1.726 barrios populares relevados en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 37% del déficit habitacional y el 40% de la pobreza.
Según la definición oficial, los barrios populares son aquellos en los que "viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos".
Allí, el 68% no accede formalmente a la energía eléctrica; el 89% carece de agua corriente; el 98% no cuenta con cloacas y el 99% no tiene gas natural. Ese cuadro alienta el uso de garrafas y en más de un tercio de los casos la calefacción eléctrica durante el invierno. La falta de agua, en tanto, favorece el consumo de agua contaminada o no apta para su consumo, y un uso limitado de la misma, dificultando la higiene y la prevención de la pandemia.
En el caso de Villa Azul, la vida cotidiana de 4.000 personas pegó un giro brusco de la noche a la mañana. Primero irrumpieron los patrulleros y un helicóptero del que descendió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, vestido con mameluco amarillo. Después, cerraron los comedores y montaron un cerco metálico alrededor de 50 manzanas. Y por último, desembarcó el Ejército para armar bolsones y distribuirlos.
Así, sin demasiadas consultas, los vecinos quedaron encerrados dentro del perímetro custodiado las 24 horas por tres turnos de 100 efectivos. Algunos esperaron hasta dos días para recibir los primeros alimentos, mientras otros siguen sin agua y aguardan una garrafa para calefaccionarse.
Falencias en el plan y señales de alarma
Las medidas extremas revelan la preocupación del Gobierno por controlar el virus, pero también las primeras fallas del plan de emergencia, producto de los tironeos sobre cómo abordar la crisis sanitaria, la interna por el manejo de los alimentos y la falta de recursos para aplicar los planes de los infectólogos.
Todo ese cuadro provocó desinteligencias en el primer aislamiento total de un barrio del conurbano y generó las primeras reacciones negativas. Paradójicamente, mientras circulaban memes para burlarse de las imágenes televisivas de una supuesta protesta en Villa Azul que en realidad había ocurrido en Chile, un grupo de vecinos del asentamiento efectivamente protagonizó un piquete el lunes y un cacerolazo el martes pasado.
"Nos movilizamos porque no nos dejan salir, los almacenes están cerrados y los bolsones no alcanzan", explicó a iProfesional César, un joven de 23 años que participó del segundo reclamo en la franja de Avellaneda. Allí, según cuenta, la policía amedrentó a los vecinos para evitar que se acercaran a las cámaras de televisión en la zona del vallado, cuando apareció Berni.
Fue ese mismo malestar el que aceleró en los últimos días la llegada de verduras, pan, viandas y unas 400 garrafas. Finalmente, los refuerzos contribuyeron a distender el ambiente y el jueves los vecinos se reunieron con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Las señales de descontento, sin embargo, dejaron expuestas las dificultades para implementar un dispositivo cuestionado desde el inicio.
"Se construyen guetos de pobres y se confina a la gente creyendo que con la Policía y con un cerco represivo se puede evitar una situación que tiene que ver con un sistema comunitario", disparó el lunes Daniel Menéndez, referente de Somos y subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo.
El comedor Los Cebollitas, ubicado en la villa del lado de Quilmes, apuntó contra la "militarización" del territorio y la referente de Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, alertó sobre el "maltrato" a los más pobres, mientras que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo debatió sin emitir una postura pública al respecto.
La crítica apuntó directo a Berni, el principal responsable del operativo y un partidario de la doctrina "Chocobar". El exmédico y exmilitar cercano a Cristina Kirchner ya se había enfrentado al gabinete de Fernández en el verano por el abandono de las pistolas taser y los protocolos "bullrichistas".
Y tras exigir la retirada de la Gendarmería en la Provincia obtuvo un primer triunfo con la creación de una mesa de coordinación con la Nación, en donde ahora tiene un mayor control de los recursos del principal distrito. Los intendentes justamente pedían reforzar el envío de fuerzas federales. La novedad llegó en marzo con el despliegue de unidades del Ejército en los municipios más pobres del conurbano con fines asistenciales, pero también -reconocen los intendentes- para que la cuarentena sea tomada en serio.
Una interna por criterios médicos y la logística de alimentos
El manejo de la emergencia sanitaria abrió así una grieta al interior del oficialismo. De un lado, Berni sostiene que el aislamiento policial es el "tratamiento" definidido por los infectólogos. Pero desde el Ministerio de Salud lo desmintieron.
"No es así, depende de cada municipio", explicaron a iProfesional desde la cartera encabezada por Ginés González García. La tarea de los especialistas se limita al diseño de iniciativas para abordar la epidemia como el programa Detectar, que consiste en realizar testeos casa por casa en busca de casos sospechosos, junto a médicos y promotores de las organizaciones sociales.
El problema es que se prioriza a quienes presentan síntomas debido a la falta de insumos para realizar los hisopados en forma más extendida, un reclamo que crece entre los movimientos y los gremios del personal de salud.
El reparto de alimentos también generó cortocircuitos. El municipio de Quilmes dispuso la entrega "casa por casa" de bolsones de 31 kilos por familia y otro tanto el de Avellaneda, mientras que el Ministerio de Desarrollo, encabezado por Daniel Arroyo, aportó 8.000 kilos en "tiempo récord".
"Les damos elementos para que no salgan", aseguraron desde la intendencia de Mayra Mendoza. Pero algunos vecinos denuncian que los primeros en recibir los productos fue un grupo selecto de familias.
"Hicieron reunión con punteros de Quilmes y Avellaneda, y nos rodearon con los infectados encerrados sin hacer hisopado y sin comida, así que los vecinos se amotinaron y salieron a los pasillos a hacer ruido, hasta que llegaron las bolsas", explicó Brian, un vecino de la CCC.
El otro flanco vulnerable habría sido la coordinación en la organización de la logística, que derivó en la formación de filas fuera de las casas para buscar pañales, por ejemplo, rompiendo la cuarentena.
La situación se alivió recién en los últimos días con la llegada de refuerzos y las donaciones de La Garganta Poderosa y la Unión de Trabajadores de la Tierra, dos organizaciones enroladas en la CTEP, la corriente que lidera Juan Grabois. La aparición de los movimientos redujo tensiones pero también refleja otro conflicto: la demora del Gobierno de hasta 45 días en el reparto de alimentos a comedores y barrios humildes desde el inicio del aislamiento obligatorio el 20 de marzo pasado.
Detrás de las complicaciones hay varios motivos. Por un lado, las empresas se resisten a participar de las licitaciones, alegando supuestas demoras en los pagos y la posibilidad de obtener mayores beneficios exportando esos bienes de primera necesidad. Un conflicto que empeoró desde el escándalo de los sobreprecios en abril.
Las trabas experimentadas por algunas organizaciones también tendrían que ver con los cambios dentro de la cartera del ministro Arroyo, tras la renuncia de una docena de funcionarios y el ascenso de hombres vinculados a los intendentes en el área de compras.
"Por un lado, empresas no quieren vender y no quieren denunciarlos, y por otro, los municipios no quieren entregarle a las organizaciones porque es fortalecer un poder que no manejan, por eso tuvieron que descargar un camión en Villa Azul", dijo Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.