Por el escándalo de los sobreprecios, se demora la entrega de alimentos y crece la tensión en el conurbano

Daniel Arroyo vivió una de las peores semanas de las que tenga recuerdo. La crisis por los sobreprecios en la compra de alimentos golpeó de lleno al Ministerio de Desarrollo, al exponer irregularidades y provocar el despido del secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, junto con otros 14 funcionarios. Pero en las últimas horas surgió otro conflicto por la demora en la entrega de alimentos y la falta de insumos de higiene frente al avance del coronavirus, según la denuncia de los movimientos sociales.

Por el escándalo, Arroyo tuvo que anular la compra de aceite y azucar, una parte del lote por casi $400 millones que quedó en la mira. Uno de los primeros en reaccionar fue Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que en su cuenta de Twitter salió a pedir que le "pongan los puntos al responsable". Y ahora se sumó el reclamo de las organizaciones opositoras por el faltante de productos de primera necesidad.

"La ultima vez que recibimos alimentos fue en los primeros días de marzo y este miércoles tenía que llegar un camión, pero no llegó", advirtió a iProfesional Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Tampoco se sintió el refuerzo del 50% previsto por la Ley de Emergencia Alimentaria sancionada en septiembre pasado. Por el contrario, recibieron menos: solo en cuatro de los últimos seis meses llegó la asistencia habitual. "Córdoba, Salta, Jujuy y Santa Cruz no recibieron un solo kilo de alimentos en el último mes", asegura Belliboni.

En ese marco, Arroyo se comprometió a recibir al dirigente este jueves a las 12 del mediodía, junto a una docena de grupos que integran el Frente Piquetero de Lucha. La reunión surgió después de que se postergara en dos ocasiones previas. En la cartera del ministro aseguran que "la entrega no se cortó" y que la compulsa de precios para adquirir azúcar y aceite se realizará en los próximos días mediante el sistema de compra directa. El ministro recibió en las últimas horas el respaldo de Alberto Fernández, quien advirtió que no iba a tolerar hechos de corrupción. En el entorno del funcionario, con todo, reconocen que "está desbordado" por la crisis.

En dos rubros (aceite por 1,5 litro; y azúcar por 1 kg) la oferta superó los precios testigos. Ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra. — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) April 6, 2020

La eyección de Calvo -un hombre ligado a los intendentes del PJ- y su equipo dejó al gabinete de Desarrollo Social sin algunos de los interlocutores directos de los piqueteros. Ese es el caso de Carlos Montaña, proveniente de la gestión macrista y de vínculo estrecho con el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, a quien acompaña con frecuencia en sus operativos y viajes en helicóptero sobre la Provincia. "No puede ser que nos entregues alimentos sin alcohol en gel, ¿querés que repartamos virus?", le dijo Belliboni a Montaña.

En el ministerio, también reconocen que hay problemas para conseguir leche en polvo porque la mayoría de las fabricantes temen un alargamiento en los pagos y prefieren exportarla. El faltante se reflejó en la última licitación a fines de marzo pasado, cuando el Gobierno ordenó la compra de 1,7 millones de kilos. En la Resolución 145/2020, se adjudicaron 170.000 kilos a Milkaut S.A. a un valor unitario de $360 por kilo, mientras que otros 340.000 kilos quedaron a cargo de Alimentos Vida S.A (Vidalac) por un valor de $498 por kilo, un 38% superior a la oferta de Milkaut. En total, se pagaron casi $400 millones.En tanto, Manfrey Cooperativa de Tamberos presentó una oferta por 212.500 kilogramos, la cual fue desestimada por "no cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas". De esa manera, considerando el volumen desierto por falta de ofertas y las propuesta rechazada, el 70% de la contratación prevista del alimento básico no pudo llevarse a cabo. Por ese motivo, algunas organizaciones ya le pidieron al Ejecutivo que intervenga la industria láctea para garantizar el abastecimiento de los comedores con un alimento que es esencial para la nutrición de los niños.

Otro de los cuestionamientos apunta al sistema logístico. En promedio, cada comedor recibe entre 1.000 y 1.500 kilos de comida por mes, según datos oficiales. El reparto se realiza através de empresas privadas contratadas por el Gobierno. Los camiones trasladan alimentos secos, fideos, arroz, aceite, leche en polvo, arbejas, mermelada, cacao, harina y azúcar. El problema es que cada camión lleva un solo producto y a veces pueden llegar con semanas de diferencia, lo que complica su distribución en los comedores. "Tenemos problemas con la logística, no estamos bien con las compras", admitió un hombre de Arroyo. 

Los movimientos reclaman la entrega de más de 420.000 kilos de alimentos, 300.000 destinados a Buenos Aires y 120.000 al interior, junto con 600 kits de higiene y limpieza por semana. El Polo Obrero tuvo que comprar la semana pasada a precios exorbitantes 1.000 unidades de barbijos y otra cantidad igual de alcohol en gel en La Matanza. Lo que más preocupa es la situación que empezaron a notar en muchos comedores, donde se duplicó la grilla de inscriptos. La organización de Belliboni, por ejemplo, atiende a 30.000 personas en 500 lugares y ya hay 25.000 en lista de espera. Por la pandemia, ya no hacen ollas populares, sino que directamente entregan los productos.

Entre otros de los puntos que elevarán a Arroyo figura el pedido de un seguro de desempleo de $30.0000. La idea es que cubra el alquiler y la alimentación, mientras aguardan el bono de $10.000 anunciado por el Gobierno. El petitorio incluye la provisión de agua potable en asentamientos y villas, la fumigación y limpieza de basurales y la constitución de un comité de control de las compras con la participación de los trabajadores de Desarrollo Social y las organizaciones. También exigen la extensión de la tarjeta Alimentar de $4.000 a todos los desocupados con hijos de hasta 18 años y la duplicación de los montos en los programas sociales.

La reunión con estos grupos surgió despúes del encuentro de la semana pasada entre Arroyo, la Iglesia y la oficialista Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada por Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el MTE. Aunque la mayoría de los dirigentes del sindicato piquetero pasaron a ocupar oficinas dentro del Ministerio de Desarrollo Social, el conflicto por los sobreprecios también generó roces con las organizaciones aliadas a Alberto Fernández.

El líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, advirtió que hay demoras y faltantas en los casi 1.000 comedores y copas de leche que sostienen en todo el país, donde atienden a 118.000 niños y adultos. "Estamos despesperados, no recibimos nada del Estado", dijo el dirigente y diputado por el Frente de Todos. "Alguien busca por esas apetencias que exploten las cosas", apuntó, en referencia a las irregularidades registradas en la compra de alimentos para los comedores, aunque defendió a Arroyo: "Lo conozco hace más de 30 años". 

De buen diálogo con el piquetero, el ministro se comprometió en las últimas horas a darle una solución rápida. "Tenés razón", le dijo en un llamado telefónico. El referente de la CCC también se enojó con su bloque de legisladores, luego de participar la semana pasada de una reunión virtual de diputados con el ministro de Salud, Ginés García González, y su par de Desarrollo Social. "Dicen que hay que ayudar a los vulnerables, pero yo soy el que vive acá", dijo el hombre, oriundo desde hace 40 años en Gonzalez Catán, localidad de La Matanza, y un protagonista de las protestas de desocupados desde los años 90.

En su barrio, asegura, el 80% de sus vecinos vive de changas, pero no pueden trabajar por la cuarentena y tampoco reciben planes. Por ahora, se abastecen con lo que les donan las comisiones internas de algunas fábricas, los supermercados mayoristas y empresarios de la zona. También reciben ayuda de la Provincia y de algunos municipios. El problema es que por las empresas empezaron a recortar la asistencia. Con 2,4 millones de habitantes, La Matanza es el mayor municipio y uno de los más pobres. Allí, el Gobierno desplegó tropas del Ejército para repartir raciones de comida, una presencia que no es bien vista en varios movimientos.