El negocio de la democracia: cuatro firmas, un contrato de $1.000 millones y denuncias cruzadas de corrupción

La licitación por el servicio del escrutinio provisorio de las próximas elecciones presidenciales sigue su marcha de cara a las elecciones generales de octubre, pero acumula polémicas a su paso.

Correo Argentino, que está a cargo del proceso de contratación, terminó su evaluación de las ofertas técnicas presentadas por cuatro empresas interesadas.

El contrato, que podrá ascender hasta los 1.000 millones de pesos, contempla el sistema de recuento de votos de las primarias de agosto, la elección general de octubre y el ballotage de noviembre, en caso de que ninguna fuerza triunfe en las generales.

Las tres empresas que pasaron este corte son Indra, que está a cargo de los escrutinios desde 1997, SCYTL y Smartmatic. Thomas Greg & Sons fue rechazada, pero puede impugnar la decisión del correo.

La mejor calificada fue Indra, que en la elección de 2017 se quedó con un contrato de u$s23 millones. La empresa registró 100 puntos sobre 100 en el apartado "antecedentes" y 180 sobre 200 en el dictamen técnico.

Scytl quedó en segundo lugar, con 94 puntos obtenidos sobre 100 en antecedentes, y 174 sobre 200 en el apartado técnico. Smartmatic, por su parte, obtuvo 82 puntos en antecedentes y 165 en el aspecto técnico.

Thomas Greg & Sons, que quedó fuera del grupo finalista - al menos por ahora- registró 100 sobre 100 en antecedente, pero fue rechazada al no pasar el corte técnico, donde solo obtuvo solo 92 puntos sobre 200.

Fuerte competencia y polémicas en alza

Por primera vez, Indria, que desde 1997 se ha encargado de proveer este servicio con pliegos a su medida, cuenta con una competencia fuerte.

Smartmatic, firma inglesa que persigue desesperadamente el contrato, se ha convertido en su principal rival. A finales de 2018 se quedó con la licitación para la transmisión de datos de forma digital desde los centros de votación al centro de cómputos.

En ese momento, la compañía ofertó un tercio menos que INDRA, con el objetivo de avanzar en el mercado argentino y arrebatar parte del negocio a su par española.

Scytl, que recientemente le arrebató el contrato de las elecciones locales y al parlamento europeo del próximo 26 de mayo en España al ofertar 2 millones de euros menos; y Thomas Greg & Sons, que cuenta con el respaldo del presidente de la Asociación Argentina de Polo, Eduardo Novillo Astrada, como principal lobista, también se han sumado fuertemente a esta competencia.

El próximo paso será el análisis de las cotizaciones, pero algunos temen que el correo busque direccionar la contratación mediante la dilatación de esta resolución.

Esto beneficiaría a Indra, que ya ha prestado en distintas oportunidades el servicio y, por ende, sería la única en realizar el proyecto a pocos meses de las elecciones.

Sin embargo, todas ellas, además de ofrecer tecnologías para los procesos electorales, tienen otro aspecto en común: ninguna se escapa a vinculaciones sospechosas y movimientos corruptos para controlar los negocios electores.

En 2018, la firma colombiana Thomas Greg & Sons, cuestionada en su país por obtener contratos directos desde 2010, y de realizar las elecciones más costosas de toda la región (costo por elector), quedó en el ojo de la tormenta luego de que una investigación de más de tres años determinara que en las elecciones de 2014 su software había sido manipulado y que por lo menos 195.000 votos eran fraudulentos.

Scytl, por su parte, ha estado en la mira por abusar de los fondos de la Unión Europea, además de fracasar en múltiples proyectos electorales: sólo en 2019, su sistema falló en Suiza y Australia.

Asimismo, en Ecuador las acusaciones e investigaciones acerca del desempeño de la compañía dejaron al descubierto más problemas: el trabajo en las elecciones de ese país fue tan malo que hubo que contar de forma manual todas las boletas escaneadas antes de publicar los resultados preliminares.

De acuerdo a informes del diario Republik, varios gerentes de la empresa incluso fueron arrestados de manera temporal por el incidente y Scytl fue declarada "contratista incumplido", por lo que no podrá competir en ese país hasta 2020.

Algo similar ocurrió en México, donde el Instituto Nacional Electoral les rescindió el contrato por no cumplir con las entregas.

Pasando a Indra, investigaciones acerca de sus antecedentes arrojaron que ha alcanzado dimensiones similares al escándalo de Odebrecht en Brasil, con políticos y ejecutivos presos.

En España, la justicia detectó que la empresa financiaba de forma ilegal al Partido Popular a cambio de obtener contratos con sobreprecios.

Acostumbrada a operar bajo esas directrices, en Angola pagó comisiones a través de terceros a entidades de ese país.

Según el diario español El Confidencial, Luis Eduardo dos Santos, hermano del dictador José eduardo dos Santos, recibió una comisión de 108.000 euros por parte de Indra en 2008 y en las elecciones de 2012 más de nueve millones de euros desaparecieron en cuentas suizas cuyos dueños se desconocen.

Tal fue la onda expansiva del caso de Angola que a Indra no le quedó alternativa que despedir a Jesús Gil, cabeza de su negocio electoral que aún enfrenta juicios en España pero ahora se desempeña como representante de Scytl en Argentina.

Otro caso registrado fue el de las elecciones de República Dominicana en 2016, donde Indra proveyó equipos y software que no cumplieron con las expectativas y no permitieron a las autoridades entregar resultados oportunos.

Según un reporte de la misión de observación de la OEA, la mayor debilidad del proceso fue, justamente, la plataforma tecnológica.

Smartmatic, el restante candidato a quedarse con el millonario negocio del recuento provisorio, tampoco escapa a los rumores de vinculaciones sospechosas.

Su crecimiento se encuentra estrechamente vinculado al chavismo en Venezuela desde 2004, año en el que deja de ser una firma emergente para convertirse en un multinacional con más de 500 empleados.

No obstante, todos los resultados de las elecciones en Venezuela habían sido reconocidos por organismos de observación internacional, y con la misma plataforma ganaron tanto la oposición como el chavismo.

En 2017, la relación entre el gobierno venezolano y Smartmatic finalizó, tras una denuncia pública realizada por su CEO, quien aseguró que las autoridades electorales pronunciaron resultados distintos a los reflejados por el sistema.

La firma que resulte ganadora de la licitación se encargará de procesar los telegramas que envían las autoridades de mesa tras el recuento de votos. El contrato contempla que se entreguen un primer panorama de los resultados, no antes de las 22 horas.

Debido a la crisis cambiaria que todavía azota al país, las ofertas podrían llegar a realizarse en pesos o en dólares a pagar según la cotización del día del pago.

En rigor, la contratación representa aproximadamente el 20% de los fondos que el Correo Argentino destina a las elecciones, incluyendo las PASO y el eventual ballotage.

Una vez abiertos los sobres económicos, si la diferencia entre las ofertas es menor al 10%, las empresas virtualmente perdedoras tendrán un día para mejorar su propuesta. Según Correo Argentino, esta instancia tiene como fin conseguir el mejor precio.

La decisión tiene un por qué: en 2018 el déficit del Correo Argentino fue de $ 2230 millones; el objetivo este año es reducirlo a 0.