Batalla aérea: la Policía entrena para operar aeropuertos en el G20 y se tensa relación sindical

En un intento por evitar cualquier medida de fuerza sindical que pueda paralizar el tráfico aéreo en pleno desarrollo de la Cumbre del G20, el Gobierno activó un plan que provocó rechazo entre los gremios. 

En concreto, activó el entrenamiento a contrarreloj de fuerzas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con la idea de que los agentes cumplan eventuales tareas de fiscalización y operación de rampas, además de otras funciones vinculadas con la operatividad de los vuelos.

La medida en cuestión encendió luces de alerta en el tablero de todos los gremios, aunque la crítica más dura provino de la representación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que entiende que la disposición atenta directamente contra las seguridad de los pasajeros.

Según la organización, el personal de PSA carece de formación para cumplir funciones en pista y, en simultáneo, el escaso tiempo asignado a la preparación de los agentes -aseguran- no ayudará en un escenario crítico de tráfico de vuelos o en una instancia de cese de actividades por decisión sindical.

Desde muy cerca del Ministerio de Transporte aseguraron a iProfesional que la preparación de los policías aeronáuticos comprende un plan de alrededor de 150 efectivos, a distribuir en los principales aeropuertos del país, y que la acción se enmarca en una resolución informada vía Boletín Oficial a fines de octubre.

En ATE ANAC sostienen que una cobertura a nivel nacional requiere de, como mínimo, unos 1.200 agentes para cubrir tareas en pista.

Imágenes remitidas a este medio por fuentes gremiales muestran cómo miembros de la PSA se están entrenando y operan a la par del personal civil en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires:

 

Otro ejemplo de las tareas de entrenamiento en pista con personal de la policía aeroportuaria:

 

"PSA y la Fuerza Aérea tienen permiso para intervenir y eso crea un clima muy preocupante en términos de seguridad, ya que la Policía no está capacitada para hacerse cargo de la mayoría de las áreas operativas. Ponerlos al frente sería un auténtico desmanejo. Sólo tienen formación para hacer la vigilancia", expuso ante iProfesional Marcelo Belelli, coordinador de ATE en ANAC, la dependencia vinculada al Ministerio de Transporte.

Medida de fondo

Del otro lado del mostrador, el Gobierno -que está en medio de una pulseada con los sindicatos por el modelo de política de aeronavegación- justificó la inclusión de personal policial en las tareas de la logística aeroportuaria por cuestiones de seguridad en el marco del G20.

La medida apunta a contar con un número suficiente de personal capacitado para enfrentar posibles situaciones de peligro o imprevistos en el marco de la cumbre que se realizará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires, a donde arribarán los principales jefes de Estado del mundo.

“Frente a la magnitud del G20, para el que vienen personalidades como Donald Trump, Vladimir Putin y Angela Merkel, tenemos que estar preparados para cualquier situación”, explicaron a iProfesional fuentes del Gobierno.

El 18 de octubre, a través de una comunicación vía el Boletín Oficial, se autorizó a la Fuerza Aérea a disponer de personal capacitado en los aeropuertos de todo el país para evitar interrupciones de los servicios.

Según lo divulgado por el oficialismo en ese momento, esto implica que podrá encargarse de las operaciones bajo la dirección de la PSA cuando el Ministerio de Seguridad o el de Transporte lo requieran.

La resolución conjunta tuvo la firma de los ministros de Defensa, Oscar Aguad; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Transporte, Guillermo Dietrich.

En sus considerandos, la normativa explica que, debido a la presidencia del G20 que ejerce Argentina desde el 1 de diciembre de 2017, es necesario adoptar “medidas excepcionales” que prevean situaciones extraordinarias para garantizar la continuidad de los servicios aeroportuarios, más allá de cualquier inconveniente propio de la actividad comercial.

Por ello, instruye a la dirección general de Líneas Aéreas del Estado (LADE), a cargo de la subjefatura de la Fuerza Aérea, a que “ponga a disposición personal para que, frente a la interrupción, reducción o afectación por cualquier vía de los servicios aeroportuarios, en cualquier lugar del país donde se lo necesite, y a requerimiento de las autoridades del Ministerio de Seguridad, cuando exceda o no pueda intervenir el personal de la PSA, se le proporcione el mismo para que, bajo la dirección de dicha Policía, realice la prestación de todos los servicios y acciones necesarias a su alcance”.

El objetivo, según la resolución, es garantizar el normal desarrollo del tráfico de aeronaves que tengan vinculación directa o indirecta con el foro del G20 y sus eventos asociados, o cuando Transporte así lo disponga para satisfacer “necesidades especiales”.

Sin fecha de vencimiento

El decreto no sólo fue criticado por los dirigentes sindicales por la cuestión de fondo -es decir, por la participación de fuerzas de seguridad en roles operativos en los aeropuertos- sino, además, porque creen que el objetivo del Gobierno es que esta práctica trascienda al G20 y pueda quedar como un antecedente.

Se basan para la acusación en el hecho de que la resolución fijada carece de vencimiento.

Es decir, si el Ministerio de Seguridad o su par de Transporte lo requiere, la PSA podría asumir el comando de las operaciones en las pistas más allá del evento que inicia esta semana.

Dicho aspecto es visto por las organizaciones que nuclean a los trabajadores del sector como una herramienta pensada para neutralizar cualquier protesta sindical.

"Representa una política, una acción que va directamente en contra de la libertad gremial. Además de afectar la seguridad toda de las operaciones. Hay que recordar que la PSA está capacitada para vigilar, para intervenir en una amenaza de bomba, no para ordenar lo que ocurre en una pista. De hecho, los cursos que hicieron para operar rampas fueron todos teóricos", precisó Belelli.

La posición crítica de ATE ANAC es compartida por otras organizaciones del ámbito aeronáutico. Desde UPSA, el gremio que aglutina al personal jerárquico y por poner un caso, fuentes consultadas también se refirieron a estos entrenamientos como una decisión oficial que menoscaba el funcionamiento seguro en rampas y hangares.

Consultados por iProfesional, voceros de APTA, el sindicato de los técnicos aeronáuticos, sostuvieron que la intervención de PSA tiene cierta lógica si ocurren denuncias por la eventual presencia de explosivos.

"Podría ser para esas situaciones, para mover los aviones ya que en un caso así los trabajadores no hacen esa tarea", dijo una voz del gremio.

Para luego añadir: "Ahora, si desde Seguridad y Transporte creen que pueden mover aviones para romper un posible paro, eso sería una locura, porque no están capacitados y podría haber riesgo de que se produzcan accidentes en la pista". 

"Es muy riesgoso mover el avión o caminar alrededor. Hay procedimientos muy estrictos que deben respetarse al pie de la letra. Todos esos aspectos no se están enseñando", alertó la fuente.