El Gobierno vuelve a postergar la reprivatización de centrales hidroeléctricas del Comahue

Contrarreloj y el mismo día en que venció el plazo que se había fijado el año pasado; la administración de Javier Milei volvió a postergar el proceso de reprivatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue que tienen sus contratos vencidos y prorrogados hasta el mes de agosto.

Se trata de las represas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila que habían sido concesionadas en los años 90 por la gestión menemista y que el actual gobierno libertario prevé volver a privatizar por un período de 30 años. 

En octubre de 2024, por medio del decreto 895, el Poder Ejecutivo había establecido que antes del 9 de abril de este año las autoridades energéticas debían llamar a un "concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante" de las cuatro usinas hidroeléctricas del Comahue.

Por demoras operativas y diferencias internas, se llegó a esa fecha sin haber puesto en marcha el proceso licitatorio destinado a adjudicar las centrales a los nuevos concesionarios que deberían hacerse cargo de las mismas antes del 11 de agosto próximo.

Se posterga el lanzamiento del proceso de reprivatización de las represas

Para cubrir ese bache, ahora el Gobierno -por medio del decreto 263/25- decidió postergar por un período de 15 días el lanzamiento del proceso de reprivatización de las represas. De no mediar nuevas prórrogas, el lunes 24 de abril debería concretarse la convocatoria oficial para los oferentes locales y extranjeros que estén interesados en el negocio.

Esta vez el argumento utilizado por las autoridades nacionales para estirar el plazo de la licitación giró en torno a un pedido elevado por las provincias de Neuquén y Río Negro.

El decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que "teniendo en cuenta lo solicitado en nota del 7 de abril por los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente, resulta pertinente establecer un nuevo plazo para llamar a concurso público nacional e internacional, de modo que dichas provincias cuenten con un término razonable para que sus equipos técnicos puedan hacer un análisis completo del proceso que se inicia y así poder transmitir al Estado Nacional una acabada respuesta sobre el tema".

Agregó, además, que "en pos de la satisfacción del interés público comprometido y del resguardo de los intereses de la Nación y de las provincias, la referida solicitud resulta atendible en términos de razonabilidad, por lo que corresponde fijar un plazo de15 días contados a partir de la publicación del presente, con el fin de que las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados en esta materia tomen la debida participación en el proceso".

Cuáles son las hidroeléctricas en juego

Las hidroeléctricas en juego se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Fueron financiadas con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios en las facturas eléctricas que abonaron durante casi dos décadas los clientes residenciales, comercios e industrias de todo el país

Durante el gobierno de Carlos Menem fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están en manos de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.

En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones de la sociedad concesionaria están en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En la central Alicurá, el grupo estadounidense AES domina la sociedad controlante. Cerros Colorados quedó, desde el año pasado, a cargo de la empresa local Aconcagua Energía. Y la concesión de Piedra del Águila se mantiene en cabeza del grupo Central Puerto, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. 

Las concesiones expiraron en agosto del año pasado y sobre el filo del plazo legal, la administración mileísta decidió en ese momento otorgar una nueva extensión por 12 meses para que los actuales operadores continúen manejando de manera provisoria las usinas hidroeléctricas mientras se ponía en marcha el proceso de reprivatización.

Detalles de la licitación

Para la licitación que ahora arrancaría a fines de abril, los funcionarios del área energética armaron cuatro nuevas sociedades anónimas que corresponden a cada una de las usinas y cuyos paquetes accionarios se encuentran de manera transitoria en manos de las empresas estatales Enarsa (98%) y Nucleoeléctrica Argentina (2%).

Se trata de las firmas Chocón Hidroeléctrica Argentina SA, Alicurá Hidroeléctrica Argentina SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina SA; las cuales fueron creadas con el fin de facilitar la transferencia directa de las acciones junto con los contratos de operación a las nuevas concesionarias.

De acuerdo con lo establecido en el decreto 895/24, la encargada de las licitaciones será la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, ex interventor de Télam y antiguo gerente corporativo del Grupo Vila-Manzano.

En forma coordinada con la Secretaría de Energía que conduce la macrista María Tettamanti; Chaher deberá llamar a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de "proceder a la venta de los paquetes accionarios mayoritarios o controlantes" de las cuatro hidroeléctricas. Hasta ahora ninguno de los funcionarios ha precisado que porcentaje de las acciones saldrán a la venta y cuál será el esquema de remuneración tarifaria que regirá para los futuros concesionarios.

Antes del inicio de las licitaciones, la administración libertaria también debería dejar resuelto que destino tendrán los reclamos económicos de las actuales operadoras de las usinas que oscilarían entre u$s500 y u$s800 millones. 

Esos reclamos provienen de las distintas medidas operativas y regulatorias adoptadas por los gobiernos anteriores en los últimos 20 años que -según la posición de las concesionarias- alteraron las reglas originales y recortaron los ingresos tarifarios que estaban previstos en los contratos.