Ponen en duda el uso de fondos oficiales para promover el enoturismo

Desde hace ya dos semanas, el mundo del vino se sumergió en una fuerte polémica, que salpica a una de las cámaras empresarias del sector, en el marco de un informe que advierte sobre falta de rendición de millonarios fondos destinados a proyectos de inversión que no se habrían finalizado.

El reporte fue elaborado por la Sindicatura General de la Nación y hace referencia a irregularidades en varios proyectos, como el orientado al fomento y desarrollo del turismo del vino en diferentes regiones, que, para el organismo, no tendría rendiciones adecuadas.

En concreto, el documento alerta sobre "manejos poco transparentes" que habría llevado a cabo la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Coviar: organismo en la mira

Se trata de un ente creado por la Ley 25.849 sancionada en febrero del 2004 y que está integrado por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, la Asociación de Viñateros de Mendoza, Bodegas de Argentina, Cámara de Bodegueros de San Juan, Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, Cámara Riojana de Productores Agropecuarios y Cámara Vitivinícola de San Juan; entre otras instituciones privadas, más los gobiernos de San Juan y Mendoza.

La auditoría analizó operaciones llevadas a cabo entre 2022 y 2023 con un documento de 39 páginas en el que se marcan dudas sobre el programas de apoyo al turismo en bodegas que se llevó a cabo mediante un fondo fiduciario que el presidente Javier Milei ordenó disolver y en el cual la Coviar tuvo un rol importante en la asignación de $300 millones de Aportes No Reembolsables (ANR) que fueron repartidos en dos tramos de $150 millones entre 147 bodegas argentinas.

Bodegas y turismo: el dinero era para financiar obras

Los recursos fueron aportados por el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro) y se debían destinar al Fondo de Desarrollo de Enoturismo, lanzado en mayo de 2023 y que se nutrió de aportes no reintegrables, realizados por ese mismo fondo a través del BICE Fideicomisos, por un total de $300 millones.

El dinero fue orientados a capacitación y a financiar obras de infraestructura en varias bodegas con un cronograma de la distribución de esos recursos que comenzó en abril de 2023 cuando se autorizó el traspaso de $150 millones, seguido por otros $150 millones en junio de ese mismo año.

Luego, el 17 de julio de 2023, la Coviar pidió ampliar los aportes por otros $300 millones debido "al éxito que ha tenido la iniciativa" de capacitaciones en las que participaron más de 250 personas.

En este sentido, el reporte de la Sigen advierte que de la documentación aportada por los beneficiarios de esos fondos "se observa que ninguno ha dado cumplimiento total a los proyectos presentados de ampliación, adquisición y/o remodelación, aludiendo en la mayoría de los casos cuestiones económicas para atender los nuevos costos".

Ausencia de informes técnicos

El organismo también señaló que muchas de las rendiciones aportadas incluyen facturas que no pudieron ser identificadas y por lo tanto asociadas al del proyecto presentado.

A la vez, detectó que los expedientes no cumplían con requisitos básicos como correlatividad y orden temporal y tampoco incluían informes técnicos ni económicos-financieros detallando la viabilidad de los proyectos aprobados.

En el mismo informe se hace mención al uso indebido de los fondos que, según la Sigen, fueron invertidos en instrumentos financieros, como Fondos Comunes de Inversión sin contar con una autorización expresa para realizar esa operación.

Al mismo tiempo, cuatro bodegas específicas ubicadas en Entre Ríos, Jujuy, Salta y Río Negro sobresalieron de las investigadas por la auditoria, ya que los proyectos presentaban incumplimientos en sus objetivos iniciales, con inversiones no ejecutadas o alteradas por problemas económicos.

Rechazo de la Coviar

Al respecto, voceros de la Coviar se refirieron al tema en varios medios de Mendoza y San Juan asegurando no haber tenido vinculación con el manejo de los fondos y sosteniendo que la relación administrativa se canalizó mediante BICE Fideicomisos.

"No tenemos registro de una requisitoria del Banco sobre las cuatro bodegas señaladas (de un universo de 149 beneficiadas), pero ahondamos en cada caso a partir del informe de la Sindicatura", agregaron desde la entidad mediante un comunicado.

Sin embargo, la auditoría de la Sigen hace mención a que los proyectos presentados para recibir los fondos "no cumplieron con los requisitos básicos administrativos, no pudiendo determinar con claridad la integridad de los mismos".

También se seña que seis días después de recibir el primer desembolso, Coviar solicitó autorización para invertir el dinero en un Fondo Común de Inversión del Banco de la Nación Argentina, operatoria que repitió con la segunda partida aunque, en esa oportunidad, sin solicitar autorización.