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Fin de semana clave para cerrar o no la primera privatización en "modo Milei"

Se acerca la fecha para que el fondo que firmó un preacuerdo para comprar la metalúrgica, presente el plan para renegociar el pago de la millonaria deuda
30/01/2025 - 07:47hs
Fin de semana clave para cerrar o no la primera privatización en "modo Milei"

Entre este viernes 30 y el sábado 31 de enero se podría definir el futuro de IMPSA si es que el grupo inversor que quiere ingresar como nuevo dueño termina de sellar un acuerdo para reestructurar el millonario pasivo de la ex empresa de la familia Pescarmona.

Se trata del fondo de capitales norteamericanos y venezolanos ARC Energy, que negoció su ingreso a la metalúrgica ofreciendo quedarse con las acciones en manos del Estado nacional y de la provincia de Mendoza.

En concreto, el 63,7% del capital está en manos de la Nación a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo; 21,2% de Mendoza; 15,1% de propiedad privada; 9,8% del fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía y 5,3% del fideicomiso de capital controlado por los Pescarmona.

El objetivo del gobierno que orienta el presidente Javier Milei es re privatizar IMPSA para lo cual hace dos semanas aprobó la propuesta de ARC Energy de realizar un pago inicial a modo de desembarco de u$s27 millones y asumir el compromiso de acordar con los acreedores una forma de cancelar el pasivo de la empresa que supera los u$s550 millones.

La privatización de IMPSA, con el aval de Luis Caputo

En este caso, la propuesta del grupo extranjero era la de tener la propuesta de reestructuración acordada antes de este próximo viernes 30 de enero ya que, de lo contrario, la operación podría volver a fracasar y la empresa se mantendría en manos estatales hasta encontrar un nuevo interesado.

Los ejecutivos del fondo que a su vez es propiedad del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), se comprometieron con las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación a intentar acordar con los principales acreedores.

La cartera que dirige el ministro Luis Caputo tiene a su cargo el proceso de salida tanto del Estado nacional como de Mendoza del capital de IMPSA, cuya sede se encuentra en la localidad de Godoy Cruz.

La Comisión Evaluadora que formó Economía ya recomendó adjudicar el paquete mayoritario al fondo para, de una vez, mostrar lo que sería la primera privatización concreta del gobierno libertario que hasta ahora no la podido lograr esa premisa con la que el propio Milei hizo campaña electoral, a modo de demostrar el proceso con el cual tiene como objetivo achicar el Estado y reducir el gasto público.

En el documento oficial difundido por el directorio de IMPSA a mitad de enero, se informó oficialmente que ARC Energy había solicitado hasta fin de este mes para firmar el acuerdo definitivo, condicionado al refinanciamiento de la deuda con sus acreedores.

"IAF solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener consentimientos al refinanciamiento de la deuda de Impsa. De cumplirse esta condición (o si IAF renuncia a ella), se procederá a la redacción del contrato de compraventa", argumentaba el paper de IMPSA.

De manera casi simultánea, Economía difundió otro comunicado sobre los datos claves del preacuerdo y sobre las entidades y empresas con las cuales el fondo debería acordar una forma de cancelar la deuda.

Acreedores de peso

En este sentido, entre los acreedores se destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Nación y el fondo de inversión chileno Grupo Moneda, vinculado al viceministro de Economía, José Luis Daza.

Tal como se detalla en el informe de IMPSA, la cartera económica también dejó en claro el pedido de ARC Energy "para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de u$s576 millones.

Otras condiciones para que el pre acuerdo se convierta en una decisión final son la conformidad de los acreedores o la renuncia de IAF a esta exigencia antes del 31 de enero o el levantamiento por parte del oferente de dicha condición.

También, que se suscriba el contrato con el Estado nacional y Mendoza antes de la misma fecha; un depósito inicial de u$S5 millones a modo de respaldo de las operaciones comprometidas en IMPSA y la continuidad del contrato entre Impsa y EPSE S.E. para el desarrollo del Parque Fotovoltaico Alfa.

A esto se le suma la necesidad de negociar o dar por finalizados los contratos que la metalúrgica posee con varias sociedades oficiales sin que dicha determinación abra la puerta a reclamos judiciales futuros.

Por ahora, tanto en el seno de ARC Energy con en el Gobierno no existen certezas de que esa negociación pueda finalizar con éxito ya que no se sabe si el fondo extranjero pudo ofrecer un mecanismo de pago de la deuda a los principales acreedores entre los que también se encuentran el Export Development Canada; la Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales y el grupo brasileño Bradesco, así como el Bapro; el Banco Hipotecario; el BICE y tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).

Historia de un fracaso anterior

Ya en el 2020, este grupo de acreedores había apoyado una oferta del entonces directorio de IMPSA para encarar la recomposición de la estructura de capital presentada por la empresa en su Oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

Ese convenio incluía un canje por ONS; nuevos préstamos y un bono internacional en dólares que debía tener un período de gracia hasta este 2025, momento en el que la empresa debía empezar a pagar intereses a una tasa de 1,5% anual.

Luego, a partir de 2028, IMPSA debía comenzar a abonar el capital, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.

Desde el 2018, todos estos acreedores forman parte del fideicomiso que se había quedado con el 65% de las acciones de IMPSA y que luego se redujo para permitir el ingreso del gobierno nacional y de Mendoza al capital de la metalúrgica.

El 15 de abril del 2021, IMPSA logró la homologación judicial de su APE y en el mismo momento, su directorio le pidió al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que suscriba nuevas acciones clase C de la empresa, por un total de $ 1362,9 millones que en ese momento equivalían a u$s15 millones.

Otros u$s5 millones fueron aportados por Mendoza a modo de desembarco minoritario en el capital de IMPSA que luego transfirió a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Emesa).

Luego de ese proceso, IMPSA completó el canje de los bonos internacionales con vencimiento durante este año por u$s182 millones, por nuevos títulos sin oferta pública que vencerán en el 2036 y que también forman parte de la millonaria deuda que ahora debe negociar ARC Energy si pretende quedarse definitivamente con el control de la metalúrgica.

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