El Gobierno sigue postergando la reestatización de las hidroeléctricas

Luego de haber prorrogado los contratos de concesión de las principales hidroeléctricas argentinas hasta este mes, el Gobierno tomó la decisión de repetir la medida, esa vez por otros 100 días.

Es decir, hasta inicios de enero, en coincidencia con el comienzo de un nuevo ciclo político tras las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 22 de este mes y que, seguramente, consagrarán a uno de los dos candidatos de la oposición para reemplazar a Alberto Fernández en el Sillón de Rivadavia.

El Gobierno prorrogó nuevamente la concesión de las hidroeléctricas

Asi lo definió la Resolución 815/2023 de la Secretaría de Energía, que amplió los plazos del control privado de las hidroeléctricas Hidronor Hidroeléctrica Norpatagónica S.A; Hidroeléctrica Alicurá: El Chocón; Hidroeléctrica Cerros Colorados; e Hidroeléctrica Piedra del Águila que en los años 90 fueron transferidas al sector privado mediante el procedimiento de venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades titulares de las concesiones de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos, otorgadas por un plazo de 30 años que vence en este 2023.

Según los considerandos de la norma, "conforme surge de los Contratos de Concesión celebrados para la generación de energía eléctrica hidroeléctrica de los complejos denominados Alicurá; El Chocón Arroyito y Cerros Colorados, se encuentran en el supuesto de extinción por vencimiento del plazo previsto en el Artículo 64 de los Contratos de Concesión".

La norma abarca a Hidronor; Hidroeléctrica Alicurá: El Chocón; Hidroeléctrica Cerros Colorados; e Hidroeléctrica Piedra del Águila.

En este sentido, la medida agrega que, vencidas las concesiones, el dominio y la posesión de los equipos de la concesionaria se transferirá de pleno derecho al Estado Nacional en su carácter de concedente, de acuerdo con lo prescripto en la Ley N° 15.336.

"Por lo tanto, resulta pertinente adoptar medidas dentro del marco contractual que permitan garantizar la continuidad del servicio que prestan las centrales y resguardar los intereses públicos vinculados con la generación energética y preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca" añade la resolución del organismo que depende del Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa.

Hidroeléctricas argentinas: Enarsa, la veedora

En el mismo sentido, la medida dispone que a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca, los operadores privados "deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato, por el plazo que establezca esta Secretaría, hasta un máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de resolución".

De manera paralela, la Secretaría de Energía que está a cargo de Flavia Royón designó una veeduría en las empresas para que controle las actividades de la concesionaria durante el plazo de la transición, con el derecho de asistir a todas las reuniones de la Asamblea y del Directorio de la concesionaria para lo cual deberá ser formalmente citado, como así también el de examinar sus libros, archivos y documentación, solicitar informes a cualquiera de los órganos y gerencias de la sociedad, designar colaboradores y delegarles funciones y atribuciones y, en general, realizar todos los actos convenientes para el mejor desempeño de su cometido.

Ese cargo quedó a manos de las autoridades de Enarsa, que se ocupará entonces de que el traspaso de las hidroeléctricas al Estado se cumpla de manera ordenada "tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales a los nuevos responsables y garantizar que la culminación de los Contratos de Concesión vigentes no incida negativamente en la seguridad de las personas o los bienes ubicados en la Cuenca".

Las autoridades de Enarse seguirán funcionando como veedoras del Estado nacional.

Del mismo modo, una vez vencidos los plazos de las concesiones, las concesionarias deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el plazo que fije esta Secretaría, hasta un máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de resolución.

De esta forma, la decisión final sobre el futuro del complejo hidroeléctrico será tomada por la administración nacional que surja de las próximas elecciones presidenciales.

La medida afectará a la italiana Enel, dueña de El Chocón y su compensador Arroyito; el complejo Cerros Colorados sobre el río Neuquén que controla la firma Orazul Energy del fondo estadounidense Square Capital; Alicura que tiene concesionada la norteamericana AES.

También contempla dentro de este plazo y esta comisión a la central hidroeléctrica Piedra del Águila, que tiene concesionada la firma Central Puerto, aunque en este caso el vencimiento de su contrato opera recién el 29 de diciembre de este año, es decir por fuera del plazo de extensión planteado.