Sector de las telecomunicaciones elabora plan para acelerar la conectividad en el país
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A fines del año pasado, y como consecuencia de un descontento evidenciado con las tareas que vienen llevando a cabo varias de las cámaras empresarias que agrupan a las empresas del sector de las telecomunicaciones, Telefónica y Sion se unieron para lanzar una nueva entidad sectorial con el objetivo proponer medidas que permitan el desarrollo digital del país.
De ese modo, nació Infraestructura Digital Argentina (IDA), conformada por representantes del ecosistema telco y del entretenimiento que tiene sede en la ciudad de Mendoza y que, como objetivo, se propuso rediseñar la institucionalidad del sector y la articulación público-privada para acompañar la evolución vertiginosa de la tecnología.
Desde la entidad empresarial entienden que la sociedad del conocimiento se funda en la conectividad provista por una infraestructura digital eficiente ya que, de lo contrario, el país limita sus posibilidades de desarrollo económico y social y de la economía del conocimiento.
Mediante un documento lanzado la semana pasada, desde IDA sostienen que la infraestructura digital argentina se encuentra en una encrucijada, advierten que la conectividad es desigual en todo el país y que las redes afrontan necesidades de mantenimiento y actualización tecnológica sin que las empresas o cooperativas puedan contar con los recursos adecuados para afrontarlas.
"A mediano plazo, la infraestructura digital sobre la que se asienta la comunicación y los procesos digitales claves para la eficiencia económica y el despegue de la Economía del Conocimiento están en riesgo", añade el informe de IDA, en el cual también hacen mención a "marchas y contramarchas en la definición de marcos regulatorios, decisiones administrativas intempestivas, claramente contraproducentes para el desarrollo del sector y que han puesto a la Argentina en una situación vulnerable".
Acceso desigual a Internet
Según los integrantes de esta cámara empresaria, por décadas, la inexistencia de un plan estratégico con políticas de Estado asociadas, con objetivos de largo plazo, para el despliegue de una infraestructura digital que sea la plataforma para el desarrollo económico y social del país, han llevado a un escenario de acceso inequitativo a internet que consolida situaciones de desigualdad digital indefectiblemente ligadas a la exclusión social y económica.
Los voceros de IDA destacan que dicho escenario "aleja la posibilidad de desarrollar plenamente la Economía del Conocimiento en el país, teniendo en cuenta la ausencia de un plan, de un proyecto país para el desarrollo de una infraestructura digital con visión futuro que fueron reemplazados por políticas erráticas que, contrariamente a los fines proclamados, alejaron cada vez más a la sociedad, especialmente a los sectores más vulnerables, de la plena inclusión digital, del acceso seguro y confiable, en definitiva, de la educación, el entretenimiento y el trabajo".
Con un tono crítico hacia las últimas gestiones de gobierno, en especial a la del kirchnerismo, advierten sobre la falta de una visión estratégica del sector, con reglas y horizontes que disparen la inversión en infraestructura digital y que sólo pueden profundizar este escenario.
Por ese motivo, reclaman "igualar las oportunidades para toda la población a través del acceso al conocimiento, la educación, los servicios y el entretenimiento", además de permitir el pleno desarrollo de la Economía del Conocimiento, habilitando la capacidad de exportar servicios al mundo desde cualquier punto del país.
Para la cámara que lideran Telefónica y Sion, posibilitar el acceso al teletrabajo y la integración a las redes de trabajadores del conocimiento en todo el territorio, factor esencial para revertir el éxodo de pobladores de localidades chicas o rurales con déficit de conectividad por falta de oportunidades e incentivar la radicación de nuevos pobladores.
Estrategia a largo plazo para el desarrollo del sector
A partir de esta encrucijada, los integrantes de IDA elaboraron lo que dan en llamar como "una visión y un pensamiento estratégico para el desarrollo del sector y del país".
Se trata del Plan para el Desarrollo Integral del Acceso de Calidad, presentado como "una propuesta que involucra a todos los actores que tenemos la responsabilidad de hacer realidad una infraestructura digital líder en la región para Argentina".
El plan se basa en tres ejes:
- Robustecimiento del ecosistema de proveedores de acceso.
- Articulación del sector público con el privado.
- Reformulación de la autoridad de aplicación.
Los postulados buscan igualar las oportunidades a través del acceso al conocimiento, la educación, los servicios y el entretenimiento; permitir el pleno desarrollo de la Economía del Conocimiento, habilitando la capacidad de exportar servicios al mundo desde cualquier punto del país; potenciar las economías regionales; posibilitar el acceso al teletrabajo y la integración a las redes de trabajadores del conocimiento en todo el territorio.
En este escenario, IDA tiene por objetivo extender, incluyendo a todos, el acceso de calidad entendiendo que las telecomunicaciones dependen de un complejo ecosistema de proveedores de todo tamaño y tecnología, donde no sólo compiten entre sí, sino que también se complementan.
"Son la base para una infraestructura robusta, extendida y a costo razonable. No se puede contar con una infraestructura adecuada sin operadores saludables", agrega el paper.
De este modo, las empresas entienden que se podrá nantener la infraestructura digital existente, crecer en capilaridad y capacidad, asegurar la recurrente actualización tecnológica y la libre competencia y control tanto a nivel mayorista como minorista, además de respetar la libertad de precios permitiendo la rentabilidad que financia las inversiones necesarias para el despliegue de una infraestructura digital actualizada.
Cepo a la competencia
Una de las medidas más polémicas que reclaman las empresas integrantes de IDA se basa en las críticas a la libre competencia en el entramado plural y diverso de múltiples concurrentes al ecosistema privado porque entienden que, de ese modo, se limita el precio.
Por tal motivo, piden controlar el abuso de posiciones dominantes y velar por el adecuado manejo de las barreras a la competencia; fomentar y proteger inversiones; respetar la neutralidad tecnológica, propiciando la libertad de elección de los operadores sobre las tecnologías a utilizar.
"La política interior y exterior no debe condicionar la elección tecnológica, por lo cual no se debe establecer restricciones a los capitales extranjeros pero sí redefinir el concepto de neutralidad de red sobre la base de los avances tecnológicos y de competencia; eliminar trabas a los despliegues de red; unificar los criterios para el despliegue y ofrecer incentivos a su adopción", destaca el plan de IDA.
Del mismo modo, las empresas piden coparticipar tasas de espectro radioeléctrico con municipios como única carga a los despliegues locales de infraestructura; excluir de los planes de asignación de recursos del FSU a localidades que no adhieran a los criterios generales; establecer servidumbre de uso para los despliegues de red y fomentar la compartición de infraestructuras.
También, establecer incentivos a la compartición que eviten redundancias poco eficientes, maximizando las inversiones en despliegue; generar incentivos fiscales a la compartición de infraestructura por entender que la carga tributaria actual (ej: ingresos brutos) la hacen inviable o altamente costosa.
Otras de las medidas que desde IDA se fomentan son las de apalancar las inversiones realizadas por terceros en otros sectores, contar con ofertas de referencia, incluir a operadores estatales, desarrollar y mantener un plan que otorgue previsibilidad a los operadores y evite conflictos; permitir disponer y reasignar frecuencias no utilizadas o mal utilizadas.
Largo plazo
El plan elaborado por las empresas integrantes de esa cámara que lidera Telefónica se complementa con la necesidad de prevenir conductas especulativas, que impliquen ceder espectro sin haberlo utilizado significativamente.
También con asignar frecuencias por 25 años, habilitar un mercado secundario dentro de los límites de acumulación permitidos, diseñar atribuciones flexibles para permitir la innovación y la migración a usos que respondan al desarrollo de los servicios y no vincular bandas de frecuencias a tecnologías determinadas.
"Adicionalmente, se debería permitir sandbox regulatorios (para comprobar viabilidad técnica de desarrollos), contemplar una solución de movilidad para operadores PyME, prever el uso compartido de espectro para cuando esto no genera conflictos técnicos (whitespaces, D2D satelital, etc.), garantizar mejoras constantes y definir Velocidad Mínima de Transmisión (VMT) con revisión periódica", agrega el plan empresario.
Estas medidas, según IDA, se deberían complementar con establecer objetivos de cobertura con revisión periódica en base a planes consensuados y ejecutados en relación público-privada, propiciar la competitividad de PyME y Cooperativas TIC, contar con ofertas de referencia para conectividad mayorista y con ofertas de referencia para servicios OMV.
Asimismo, definir mecanismos para la participación con infraestructura local en los espliegues móviles en sus zonas de influencia; disponer de financiación a largo plazo para inversiones de capital con acceso a FSU como fuente de financiación reembolsable y acceso a créditos de bancos de fomento (ej: Banco Nación); establecer mecanismos de asignación de fondos por financiamiento vinculados a la capacitación.
Articular esfuerzos
Para IDA, el Estado (en todos sus niveles) dispone de facultades regulatorias y recursos económicos que son claves para la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones.
La cámara empresaria entiende que las inversiones necesarias para la universalización de conectividad de calidad "son demasiado importantes como para que el sector privado pueda encararlas prescindiendo de los recursos físicos y económicos del Estado que debe trabajar en coordinación con el sector privado para una correcta asignación que contemple capacidades y objetivos".
Partiendo de la base de que la brecha digital puede ser tanto geográfica (disponibilidad de redes) como socioeconómica (asequibilidad del acceso), desde IDA señalan como necesario trabajar en dos grandes ejes.
El primero es una reforma del Servicio Universal (SU) para involucrar a los operadores privados en el diseño de un plan maestro de conectividad que permita maximizar la asignación de los recursos.
A partir de ese camino, piden constituir con los fondos del servicio universal un mercado de capitales exclusivamente para la industria, con participación del sector financiero y bancario, reducir los aportes no reembolsables y desarrollar aportes reembolsables que no descapitalicen al Fondo del Servicio Universal (FSU).
Hacen mención además a un apalancamiento del cumplimiento de las obligaciones a favor de las empresas que se vean beneficiados con los fondos del servicio universal, a través de sociedades de garantía recíprocas; sumar nuevos ingresos ampliando la base de contribución al FSU y aportantes en función de la captación de ingresos generados por la conectividad. Además, debe computarse montos pagados por espectro para que esos recursos queden en la infraestructura y no vayan a atender otras necesidades del Tesoro.
Reemplazar al Enacom
En otro de sus capítulos, el plan de IDA asegura que la autoridad de aplicación "ha sido generalmente integrada por funcionarios con experiencia en materia de contenidos pero no tanta en infraestructura, requiriendo de una curva de aprendizaje larga, cuando el ritmo de desarrollo tecnológico y la coyuntura demandaban decisiones clave eran postergadas o resultaban imperfectas".
Por eso, la cámara empresaria pide contar con organismos especializados para enfrentar los desafíos tecnológicos, cada uno con funcionarios más enfocados y preparados, "lo cual permitirá desarrollar una regulación más ágil y eficiente desde el primer día de sus mandatos en sus áreas específicas".
El plan pide separar el ente regulador de contenidos y del de infraestructura, con funcionarios especializados en cada uno de los temas, creando un ente para la infraestructura, sobre la base de la actual estructura del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), sumando funciones sobre determinación de competencia y sobre administración de mercado de capitales con participación del sector financiero y bancario institucional.
El objetivo es crear un organismo regulador para los contenidos, sin facultades en cuanto infraestructura, despliegue y ordenamiento de contenidos de redes; profesionalizar el ente; propiciar la designación de funcionarios por concurso para garantizar el mejor perfil técnico-político y evaluar sus gestiones a través de los resultados.