El Gobierno le puso fecha a las subas de tarifas de luz y gas: qué niveles de aumentos se esperan
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El Gobierno acaba de definir el nuevo formato de aumentos tarifarios para luz y gas que se aplicarán hasta fin de año y que comenzarán a regir a partir de junio próximo y todo el 2022, según el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que demandaba una reducción de los subsidios a la energía.
Será la segunda suba después de la del 2021 que deberán pagar los casi nueve millones de usuarios de las distribuidoras de electricidad y gas Edenor; Edesur y Metrogas que brindan sus servicios en lo que se conoce como AMBA y que abarca a la Ciudad de Buenos Aires y más de 14 municipios bonaerenses.
El año pasado, los aumentos de luz y gas autorizados por el Gobierno quedaron lejos de los reclamos que las distribuidoras hicieron durante las audiencias públicas y que, en promedio, se ubicaron en torno al 35% y 60% según la categoría de los clientes.
Fueron del 9% y del 20% respectivamente, muy inferiores a los pedidos empresarios y que el Gobierno entiende que son los adecuados para evitar que los usuarios no puedan abonar o deban elegir entre cancelar las facturas de luz y gas o ir al supermercado.
Esa postura es la que el presidente Alberto Fernández ya dejó establecida cuando asumió en diciembre del 2019 y cuando cuestionó la política tarifaria del anterior gobierno de Mauricio Macri que, según las autoridades actuales, sumió a millones de argentinos en la pobreza energética debido a los fuertes incrementos que se aplicaron entre el 2016 y el 2018 y que estuvieron también atados a la evolución del dólar.
Segmentación de las tarifas
A diferencia de los retoques anteriores, ahora se comenzará a aplicar el mecanismo de segmentación por ingresos que vino elaborando la Secretaría de Energía de la Nación.
Según la información oficial, los nuevos aumentos de tarifas estarán por debajo del coeficiente de variación salarial, índice que mide la evolución de los salarios registrados del sector público y privado, al tiempo que el 10% de los usuarios que tienen ingresos más altos dejará de percibir subsidios.
El esquema ya tiene fecha de debate. Será entre los días 10, 11 y 12 de mayo, cuando se realizarán las audiencias públicas correspondientes para la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, y la correspondiente a la segmentación de subsidios.
De acuerdo a un informe difundido por el ente que dirige Darío Martínez, el nuevo esquema se regirá por el principio de gradualidad y la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por los incrementos durante este año, mientras que para los usuarios de la electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.
Por su parte, el 10% de los clientes residenciales de las empresas Edesur; Edenor y Metrogas que tienen una mayor capacidad de pago, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía.
De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de las distribuidoras de electricidad beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%.
En el caso del gas, esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.
Hacia un esquema de tarifas "razonables"
A través de una serie de resoluciones difundidas durante este jueves 14 de abril, la Secretaria de Energía estableció la convocatoria a las audiencias públicas, que pondrán a consideración de los usuarios, estos mecanismos y actualizaciones tarifarias.
Según el organismo, "se contemplará especialmente la situación de los sectores vulnerables y de menor capacidad de pago, dentro de los márgenes allí definidos y que se regirá por el principio de gradualidad".
El comunicado oficial asegura que el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno nacional en el programa económico "apunta a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad".
La comunicación insiste en las palabras gradualidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia.
"Así, la actualización tarifaria se impulsará, previa audiencia pública, con un esquema dirigido a proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando a su vez la adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental", asegura el documento.
En el caso de los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo, una corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.
Para el 90% de estos clientes, el mecanismo garantiza que las actualizaciones siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales.
Tarifas: los niveles de las subas
"El objetivo es proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios", explican voceros oficiales quienes agregan que, de esta manera se pone a consideración un esquema de tarifario para el bienio 2022-2023 que contempla tres niveles:
Usuarios de Gas beneficiarios de la tarifa social
No habrá otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente al 40% del CVS del año anterior. Para los beneficiarios de tarifa social de Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará el 6%.
Resto de los usuarios
El incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior.
En función de este esquema, para el 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio del 17% en el AMBA y del 21.5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.
Las variaciones exactas tendrán diferencias según cada categoría de tarifa residencial y también la región para los usuarios de gas.
La franja del 10% de usuarios de mayores ingresos
Esta categoría con plena capacidad de pago dejará de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.
El nuevo esquema es impulsado por el sector que responde al presidente Alberto Fernández y con el ministro de Economía, Martín Guzmán a la cabeza y adepto a segmentar las facturas de gas y electricidad en función de la capacidad económica de cada usuario para evitar que se siga acentuando el atraso tarifario y el gasto que el Estado Nacional debe destinar para sostener ese retraso.
En la vereda de enfrente se encontraba la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y los funcionarios que le son fieles. Todos defendían la continuidad del congelamiento o, en su defecto, avalaban la posibilidad de retoques mínimos que no superen el 9% para los próximos meses.
El fin de los subsidios generalizados
El ministro Guzmán sabe que la política de subsidios generalizados no se puede sostener ya que no alcanzan los fondos.
A principios de año, aseguraba que se necesitan algo más de $120.000 millones para cumplir con esa premisa en un reparto casi equitativo entre el sector de gas y el de la electricidad.
El mensaje al resto del gabinete y al propio presidente Alberto Fernández lo envió a través de un informe técnico sobre las tarifas del gas elaborado por la Secretaría de Energía.
En ese documento se sostiene que se deberían gastar $58.000 millones más en subsidios para sostener el costo del gas que esté a cargo del Estado y que se traslada a la factura de los usuarios.
Según el informe técnico, el Estado asume actualmente el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda. La continuidad de esta situación implica un costo fiscal para este año de $132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto.
Esto generaría un faltante de $56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos asignados a otras erogaciones.
Si el dinero no aparece habría que readecuar la proporción de ese costo y las tarifas deberían aumentar entre el 26 % y el 35 % para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente.
Lo mismo ocurre con las tarifas de la electricidad teniendo en cuenta un documento interno de la Subsecretaría de Energía Eléctrica que propone entregar de manera directa $60.000 millones a Edenor y Edesur para que las distribuidoras equilibren sus finanzas sin tener la necesidad de subir sus cuadros tarifarios.