La mayor concesionaria de autopistas del país acumula fuertes pérdidas
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpeg/2021/05/517151.jpeg)
En medio del fuerte debate con el Gobierno por la continuidad de la concesión, de una investigación judicial que involucra a sus principales ejecutivos y con aumentos de peajes limitados, el mayor operador de autopistas del país acumula pérdidas superiores a los $13.700 millones.
La cifra corresponde a los balances de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) entre el 2019 y el 2021.
Es decir, desde que asumió el actual gobierno del Frente de Todos que abrió un frente de disputa con ambas sociedades por el futuro de las concesiones que operan en el país.
Se trata de empresas que son propiedad del holding español Abertis y que están a cargo de las operaciones de los accesos Norte y Oeste, de la Panamericana y de la avenida General Paz.
La mayor concesionaria de autopistas del país acumula fuertes pérdidas
En el caso de Ausol, en el 2021 perdió algo más de $521 millones, en el 2019, otros $6.935 millones, mientras que en el 2020 mostró ganancias por algo menos de $81 millones.
Por su parte, GCO cerró el año pasado con un rojo de $462 millones y de $5.078 millones en el 2020.
De hecho, las fuertes pérdidas contrastaron con los millonarios ingresos que ambas sociedades lograron en el 2018: $7.750 millones en el caso de Ausol, y $6.265 millones de GCO. Es decir, un global de $14.015 millones.
Incumplimientos contractuales por parte del Gobierno; el congelamiento de las tarifas, los efectos generados por la pandemia del Covid-19 y las medidas oficiales adoptadas con invocación de la emergencia sanitaria afectaron y afectan negativamente los flujos de las dos compañías.
Por lo menos así lo refieren los directorios de Ausol y GCO en los informes enviados a la Comisión Nacional de Valores (CNV), para comunicar los resultados financieros y el balance del 2021.
Concesionaria de autopistas: el congelamiento de las tarifas y readecuación
En los documentos, ambas sociedades piden a las autoridades nacionales que "hagan lugar a los numerosos y reiterados pedidos formulados y permitan restablecer el equilibrio de la ecuación económica del Contrato de Concesión".
Es que entre el 2021 y el 2019, las sociedades no fueron autorizadas a aplicar la redeterminación tarifaria anual y las actualizaciones que habrían correspondido en virtud del régimen tarifario del Acuerdo Integral.
"Los cuadros tarifarios han sido significativamente inferiores a los que habría debido aplicar en virtud de lo previsto en el AIR, reconociendo, incluso, un marcado retraso respecto de la inflación registrada en todo el período", detallan en sus informes.
Según las cuentas de Ausol y GCO, la falta de pago de compensaciones acumuladas por los insuficientes aumentos representa un déficit de ingresos tarifarios con respecto al monto que resultaría de la aplicación plena del Régimen Tarifario de AIR del 69,1% acumulado.
En este sentido, recuerdan que vienen solicitando al Gobierno que dé cumplimiento a lo acordado en el Acuerdo Integral firmado con el ex presidente Mauricio Macri pero que fue cancelado por orden de Alberto Fernández luego de haber encarado una investigación de la cual surgieron supuestas irregularidades.
Desde Ausol y GCO se rechaza la postura oficial y se sigue reclamando que se cumplan con los compromisos firmados en materia tarifaria, incluyendo la aplicación de medidas que garanticen el equilibrio contractual.
Política tarifaria
Sin embargo, la incertidumbre es la que actualmente reina entre los ejecutivos de ambas sociedades al no poder conocer ni precisar a partir de qué momento se reencauzará la política tarifaria y cuándo se harán efectivos los "remedios contractuales" expresamente previstos para compensar el déficit de ingresos ocasionado a las dos sociedades.
De hecho, aclaran que este escenario no se vio modificado por los ajustes tarifarios parciales aprobados en julio del 2021 y en de febrero pasado, "los cuales se apartan notoriamente de los incrementos que hubiesen correspondido aplicar en función del régimen tarifario previsto en el Acuerdo Integral".
Es que tanto Ausol como GCO insisten en verse afectados "por el prolongado congelamiento tarifario impuesto por el Gobierno desde inicios el 2019 y por los reiterados incumplimientos del Acuerdo Integral, que se mantienen aún luego de los ajustes tarifarios parciales dispuestos, situación que se ve fuertemente agravada dentro de un contexto de alta inflación y con un crecimiento ininterrumpido de los costos".
Un escenario que impacta de un modo negativo en la situación económica - financiera de las concesionarias, a pesar de la aplicación de medidas que permitan mitigar y preservar el valor de los activos y la operación en general.
Desafíos 2022
En este sentido y de cara al 2022, ambas sociedades aseguran que sus esfuerzos continuarán centrándose especialmente en la obtención de un nuevo incremento en la tarifa de peaje con el objetivo de recomponer la ecuación económica contractual y paliar los efectos inflacionarios sufridos hasta la fecha.
Por caso, en Ausol anticipan que durante este año enfrentarán importantes desafíos. "Las medidas económicas referidas al congelamiento de las tarifas y falta de compensación del Estado por la pérdida de ingresos, sumado a los efectos generados por la pandemia, continúan afectando negativamente en los flujos de la Sociedad", señala el documento enviado a la CNV.
Por eso insisten en reclamar al Gobierno el cumplimiento del régimen tarifario conforme a los términos del Acuerdo Integral "de modo de restablecer el equilibrio de la ecuación económica del Contrato de Concesión".
La empresa anticipa que pondrá sus esfuerzos en la obtención del incremento en la tarifa de peaje que, hasta tanto se acuerden los remedios contractuales, permita ir recomponiendo el equilibrio de la ecuación económica y de algún modo paliar los efectos inflacionarios sufridos.
Asimismo, informa que durante el primer semestre del año pasado y con motivo de la segunda ola de contagios por la pandemia, se registró una disminución del tránsito respecto de los niveles que se venían experimentando hasta ese momento.
Evidenció caídas mayores al 5,3% en comparación con el 2019 (el último año regular antes de que irrumpiera el coronavirus), aunque para diciembre pasado se habían casi recuperado los niveles habituales.
Según el documento de Ausol, la demanda de tránsito (medida en vehículos equivalentes), si bien aún se encuentra por debajo de los valores registrados en 2019, alcanzó un promedio de 420.000 vehículos diarios, incrementándose un 40,5 % en comparación al año anterior, debido, principalmente, a la apertura de las actividades económicas, y a la finalización de las medidas sanitarias por la pandemia.
Por su parte, el tránsito pagante aumentó 53,4% mientras que las operaciones mediante el sistema de TelePASE se incrementaron 6,4%, y representaron el 69,3% del total de tránsito pagante.
La recaudación por ingresos de peaje registró un aumento de 8,3%, con motivo del no reconocimiento de los ajustes tarifarios, en tanto que los costos aumentaron 10%.
En el caso de las rutas operadas por GCO, la demanda de tránsito alcanzó un promedio de 366.000 vehículos diarios, incrementándose un 35,4%.
En el caso del tránsito pagante creció un 51,1% y sus ingresos alcanzaron los $5.650 millones, con una pérdida de $463 millones, con una variación respecto del año anterior de $4.615 millones, de ganancia.
La diferencia se explica, según la compañía, por el cambio de estimación que debió efectuarse en el ejercicio anterior con motivo de los incumplimientos tarifarios y el contexto provocado por la pandemia.