Qué sumas reclaman las distribuidoras de luz al Gobierno para mantener los servicios
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Acostumbradas a que sus pedidos terminen en el cajón de los recuerdos, las principales distribuidoras de electricidad del país reclamarán al Gobierno mayores fondos y no aumentos de tarifas para poder sostener sus servicios este año.
Lo harán durante la audiencia pública que se llevará a cabo este jueves 17 de febrero cuando los representantes de Edenor y Edesur manifiesten sus propuestas para este año en el marco del encuentro convocado de manera virtual por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
En el caso de la compañía propiedad del grupo que lideran los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti argumentarán una necesidad de fondos de $56.800 millones, mientras que la firma controlada por el holding italiano Enel presentará una suma algo menor, para cerrar un pedido global en torno a los $100.000 millones.
Si bien se trata de una suma importante, no alcanza para cubrir el deteríoro de sus cajas, en rojo durante muchos años y afectadas por las políticas de congelamiento impuestas por los sucesivos gobiernos kirchneristas y también en parte por el ex presidente Mauricio Macri.
La necesidad de diferenciar este pedido de un incremento en el precio final de la factura también se debe a que el proceso de renegociación tarifaria conocido como RTI, fue suspendido por un decreto presidencial durante dos años que finalizarán recién a fines de este 2022.
A esto le sumarán el plan de inversiones necesarias para abastecer de manera normal la demanda eléctrica proyectada para este año, así como las pautas de calidad que el ENRE exige en cuanto a duración y frecuencia de los cortes.
Por lo tanto, la audiencia de este jueves servirá para que el Gobierno anuncie un retoque transitorio como el que ya aplicó en mayo del año pasado del 9%.
En ese marco, es que ni el ENRE ni Edesur y Edenor plantearán específicamente incrementos en el precio de la energía que pagan los usuarios de Capital Federal y varios partidos bonaerenses, ya que no se pondrá en discusión una recomposición del llamado Valor Ajustable de Distribución (VAD).
Tampoco juega a favor ni de las distribuidoras y mucho menos de un gobierno que se dice progresista hacer referencias a subas que permitan hablar de nuevos tarifazos, a la luz del rechazo que la palabra siempre generó en el ala kirchnerista del gobernante Frente de Todos.
Por lo tanto, luego de la audiencia pública habrá que esperar la decisión que tomarán desde el Ministerio de Economía, del cual dependen la Secretaría de Energía y el propio ENRE con respecto a los fondos que se repartirán las compañías para poder evitar que sus servicios se sigan resintiendo.
Igualmente, a los efectos tarfiarios, el dinero que finalmente se apruebe marcará una suba que, según esperan todos los analistas económicos privados, no será suficiente para compensar los mayores gastos derivados del inestable marco económico que atraviesa la Argentina, con una constante suba de la inflación, entre otros aspectos.
Por eso, y al igual que el año pasado, el ánimo entre los ejecutivos de las dos principales distribuidoras de electricidad del país no es de optimismo, ya que consideran que el Gobierno mantendrá su postura de seguir financiando por lo menos el 70% de la factura con subsidios que no llegan a las empresas sino a los consumidores.
"Los niveles de servicios y calidad necesitan ser atendidos correctamente porque hasta ahora solo hubo un ajuste verdadero de tarifas en el primer semestre del 2019, y luego un pequeño reajuste en el marco de una tarifa de transición y con la RTI detenida hasta fin de año, según el decreto presidencial", aseguran fuentes del sector consultadas por iProfesional.
En el mercado recuerdan que entre el 2019 y este año, solamente la inflación acumula una suba mayor al 200% que hace imposible seguir financiando los gastos con la misma caja al punto que dicho incremento hasta afectó el propio valor agregado de distribución.
Por ese motivo, las empresas también harán referencia a que no han sido beneficiadas nunca por las políticas oficiales en términos de subsidios que, repiten, solo reciben los usuarios a partir del costo de la energía, del cual un 30% pagan los consumidores y otro 70% el Estado.
"Ese beneficio se traslada al usuario y no implica beneficio a la compañía", agregan las fuentes para quienes el próximo debate post audiencia pública será para definir si los fondos que otorgará el Gobierno seguirán llegando a través de subsidios generalizados o mediante la fórmula de segmentación que impulsan algunos sectores del oficialismo.
De todos modos, en el mercado se descuenta que desde marzo próximo, no superará el 20% y será para todo el 2022 porque, en el 2023 debería retomarse la discusión por la recomposición tarifaria final de las concesiones.
En un reciente informe difundido por el ENRE para convocar a la audiencia pública se recordó que, en cumplimiento de dicho decreto, "los Regímenes de Transición que resulten de la realización de la Audiencia Pública en materia de transporte y distribución de energía eléctrica regirán hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación".
El organismo asegura que el proceso busca "revertir las consecuencias que los tarifazos de la gestión anterior y con el objetivo de continuar el camino de recuperación de la económica de los hogares, los comercios y las PyMEs".
Es decir, los aumentos de transición fueron previstos para sostener la prestación del servicio en condiciones de seguridad, sin inversiones obligatorias a cargo de las licenciatarias, y mitigar los efectos económicos y financieros de los mayores costos y gastos de las empresas de manera transitoria, mientras se lleva adelante el proceso de renegociación de la RTI que, conforme al decreto 2020/20, debe culminar con sus correspondientes Acuerdos Definitivos de Renegociación de la RTI en diciembre de 2022.
Sin embargo, las subas que el Gobierno analiza permitir para el 2022 quedarán lejos de los reclamos que las distribuidoras hicieron durante las audiencias públicas y que, en promedio, se ubicaron en torno al 35% y 60% según la categoría de los clientes.
Tarifas "justas y lógicas"
En cuanto al plan de inversiones y de la proyección financiera, el ENRE obliga a las empresas a aplicar premisas macroeconómicas como una inflación anual del 33% y un dólar al cierre del año de $131,1.
Para los rubros más relevantes, deberá adjuntarse explicación y soporte de las variables cuantitativas y premisas cualitativas consideradas para su proyección como dotación de personal, pauta de aumento salarial, incorporación de personal, equipamiento, mantenimiento.
En relación a las Inversiones también tendrán que presentar el detalle de las obras coherentes con la nueva proyección financiera, con la misma apertura e información de detalle de los planes de inversión informados anteriormente.
El pedido oficial suma explicar las modificaciones efectuadas respecto de la versión anterior del plan, teniendo en cuanta que el objetivo es no afectar la calidad de servicio en este período.
En las empresas ya saben que sus pedidos nuevamente quedarán en el olvido y se preparan para resignarse otra vez a aceptar retoques tarifarios muy inferiores y que el Gobierno entiende que son los adecuados para evitar que los usuarios no puedan abonar o deban elegir entre cancelar las facturas de luz y gas o ir al supermercado.
Esta postura es la que el presidente Alberto Fernández ya dejó establecida cuando asumió en diciembre del 2019 y cuando cuestionó la política tarifaria de Macri que, según las autoridades actuales, sumió a millones de argentinos en la pobreza energética debido a los fuertes incrementos que se aplicaron entre el 2016 y el 2018 y que estuvieron también atados a la evolución del dólar.
Para los funcionarios del ENRE las tarifas deben ser "justas y lógicas" para que puedan pagar los usuarios y para que las empresas tengan la posibilidad de recuperar sus índices de rentabilidad y mantener sus planes de inversiones.
Se espera que para este 2022 el Gobierno también aplique un solo aumento debido a que se encuentra trabajando en un esquema de segmentación del precio de la electricidad que podría comenzar a aplicarse hacia mitad de año para diferenciar las tarifas de los servicios públicos de acuerdo a los niveles de ingreso de los consumidores, tanto de gas como de electricidad.
Un plan que implicaría cobrar un cargo diferencial de acuerdo a una segmentación de usuarios entre sectores de altos ingresos; clase medida y consumidores de bajos recursos.
El objetivo es que cada usuario pase a pagar según sus ingresos a modo de reemplazo del congelamiento y de los aumentos generalizados.
Sin embargo, la complejidad de implementar este esquema demora su implementación. Uno de los problemas que mayor ruido hacen se vincula con la determinación de los reales habitantes de cada hogar que utiliza electricidad y gas por redes ya que muchas veces el propietario del inmueble no es su ocupante, teniendo en cuenta los millones de inquilinos que hay en el país o la cantidad de domicilios propiedad de jubilados, entre otras razones.
Para poder despejar las dudas y blanquear el mecanismo, desde la Secretaría de Energía se le empezó a reclamar a las distribuidoras de luz y gas que lleven a cabo campañas de re empadronamiento de clientes como las que vienen llevando a cabo Metrogas, Edesur y Edenor, por citar a las mayores distribuidoras de estos servicios.
En concreto, el procedimiento serviría como paso previo a la segmentación tarifaria ya que permitiría mejorar la información sobre quienes deberían recibir o no los subsidios de acuerdo a sus niveles de ingresos.
Un mecanimo similar se intentó poner en marcha durante el gobierno de Cristina Kirchner, a fines del 2011 cuando los clientes de los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires y de barrios privados y countries dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua.
Se abrió además un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio, aunque todo el programa terminó en un rotundo fracaso por una gran cantidad de inconsistencias técnicas.
Para evitar otro fracaso, se tomarían la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponible a través del llamado Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social; de la Anses, AFIP y el Banco Central, pero con l promesa de no violar los secretos fiscal y bancario.