Tarifas: el Gobierno también apura un aumento de la electricidad, ¿qué suba se espera?

Como en el caso del gas, donde se convocó a una audiencia pública a mediados de enero para discutir una suba de la tarifa, el precio de la electricidad también será motivo de debate con el mismo objetivo de establecer un incremento para los clientes residenciales del servicio.

Si bien todavía no se conocen mayores detalles, el Gobierno habría definido encarar un proceso similar al del gas por redes que podría sufrir un incremento del 30% para todo el año, que las autoridades nacionales propusieron para que sea analizado durante el encuentro que se llevará a cabo el 19 de enero próximo de manera virtual.

Ambas decisiones, que implicarán subas mayores reconocidas durante este año que oscilaron en el 6% para el gas y 9% para la luz, se precipitaron luego de que la oposición dejó al Gobierno sin el Presupuesto para el 2022 teniendo en cuenta que en la presentación del documento, desde el Ministerio de Economía anticiparon una reducción de los subsidios a las tarifas de servicios públicos.

El paper que fue votado en contra en el Congreso mayoritariamente por los representantes de Cambiemos y otras fuerzas opositoras, establecía un nivel de fondos similares al 1,8% del PBI, con una reducción mayor estimada en un 0,3% a partir de la implementación del nuevo esquema de segmentación de tarifas de acuerdo a los ingresos de los usuarios de gas y electricidad.

En el rubro "Políticas de Ingresos", el ministro Martín Guzmán, detalló la política d subsidios que buscaba implementar el año próximo por un total de $1.829 millones, dinero que también abarcaba fondos para otros sectores y que representaba el 3% del PBI.

Sin embargo, la decisión para los próximos meses del 2022 será la de permitir incrementos tarifarios mayores a los de este año para, de ese modo, reducir las partidas en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo con las distribuidoras de luz y gas para reformular el llamado Acuerdo Tarifario Integral que habían firmado con el anterior gobierno de Cambiemos y que el presidente Alberto Fernández ordenó revisar por decreto.

En ese contexto, el Ente Nacional de la Electricidad (ENRE) inició el proceso de revisión del acuerdo que se había firmado en el 2018 y, mientras duren las conversaciones, tiene la potestad de otorgar adecuaciones transitorias de la tarifa eléctrica, del mismo modo que lo viene haciendo el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

En este caso, la audiencia pública fue convocada para el próximo 19 de enero a partir de las 9:00 hs exclusivamente de manera virtual o remota con el fin de permitir, dentro de ese esquema, adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación con el objetivo de solventar la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados.

El Gobierno prevé un aumento base del 30% para la electricidad en 2022, mientras avanza con la segmentación de usuarios.

Las subas serán paralelas al proyecto de segmentación de las tarifas, por la que cada usuario pasaría a pagar para que los usuarios paguen los servicios públicos de gas y electricidad según sus ingresos que el Gobierno pretende imponer a modo de reemplazo del congelamiento y de los aumentos generalizados.

Sin embargo, la complejidad de implementar este esquema demora su implementación, por lo cual se definirán subas "transitorias" para asegurar la provisión de los servicios, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

El WhatsApp de Edenor

Uno de los problemas que mayor ruido hacen se vincula con la determinación de los reales habitantes de cada hogar que utiliza electricidad y gas por redes ya que muchas veces el propietario del inmueble no es su ocupante, teniendo en cuenta los millones de inquilinos que hay en el país o la cantidad de domicilios propiedad de jubilados, entre otras razones.

Para poder despejar las dudas y blanquear el mecanismo, desde la Secretaría de Energía se le empezó a reclamar a las distribuidoras de luz y gas que lleven a cabo campañas de reempadronamiento de clientes como las que vienen llevando a cabo Metrogas, Edesur y Edenor, por citar a las mayores distribuidoras de estos servicios.

En el caso de la empresa que controlan Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, acaba de sumar un nuevo canal para llevar a cabo este proceso.

Desde ahora, permita la inscripción también por WhatsApp, con los datos del DNI y un correo electrónico para poder lograr el re empadronamiento en menos de cinco minutos.

La medida está disponible solo para clientes residenciales que pueden enviar un mensaje al +54 9 11 3900-0000 y concretar el proceso a partir de una serie de preguntas que tendrán que ir contestando por "Si" o por "No".

Desde Edenor informaron que gestionar el trámite por dicha vía implica la aceptación por parte de los usuarios, en carácter de declaración jurada, de las condiciones para la acreditación de la titularidad del servicio. "Dicha información está en edenor.com/nota/condiciones-para-el-cambio-de-titularidad" detalla la comunicación enviada por la compañía, en la cual también se asegura que tener el servicio a nombre de uno permite agilizar los trámites y gestiones.

"Además, la titularidad puede ser utilizada como certificado de domicilio y posibilita la adjudicación de la Tarifa Social (ya que, en caso de corresponder, solo es para los titulares del servicio eléctrico)", detalla el informe.

En concreto, el procedimiento serviría como paso previo a la segmentación tarifaria ya que permitiría mejorar la información sobre quienes deberían recibir o no los subsidios de acuerdo a sus niveles de ingresos.

Edenor permite el reempadronamiento a través de un WhatsApp, contestando por "Si" o por "No".

Un mecanismo similar se intentó poner en marcha durante el gobierno de Cristina Kirchner, a fines del 2011 cuando los clientes de los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires y de barrios privados y countries dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua.

Se abrió además un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio, aunque todo el programa terminó en un rotundo fracaso por una gran cantidad de inconsistencias técnicas.

Para evitar otro fracaso, se tomarían la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponible a través del llamado Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social; de la Anses, AFIP y el Banco Central, pero con l promesa de no violar los secretos fiscal y bancario.