¿Fin del congelamiento?: el Gobierno habría tomado la decisión de implementar un explosivo aumento a las facturas de gas
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Mientras intenta dejar atrás el congelamiento de tarifas y reemplazarlo por subas segmentadas según los ingresos de los clientes, el Gobierno habría tomado la decisión de incrementar las facturas de gas en un 30% el 2022.
Fuentes del mercado consultadas por iProfesional señalaron haber recibido esa propuesta de aumento de parte de las autoridades nacionales pero advirtieron que no es suficiente y admitieron haber reclamado una suba mayor al 40%.
Si bien desde el Gobierno no hubo mayores precisiones, se trataría del único aumento del año si es que no se termina de implementar el esquema de tarifas diferenciadas por sector social que impulsan las autoridades nacionales para las facturas de servicios públicos de gas por redes y electricidad.
Como paso previo, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) acaba de convocar a una audiencia pública para tratar la nueva propuesta oficial de cuadro tarifario y escuchar a las empresas transportistas y distribuidoras que seguramente reclamarán subas mucho mayores, tal como ya ocurrió en las audiencias de abril pasado a partir de las cuales hubo retoques del 6% para la distribución y se mantuvo el congelamiento para el transporte.
Ahora, mediante la Resolución 518/2021, el ente que conduce Federico Bernal dispuso "convocar a audiencia pública Nº 102 con el objeto de poner a consideración: 1) Adecuación transitoria de la tarifa del servicio público de transporte de gas natural (conf. Decreto N° 1020/20); y 2) Adecuación transitoria de la tarifa del servicio público de distribución de gas por redes (conf. Decreto N° 1020/20)".
El encuentro será el próximo 19 de enero a partir de las 9:00, y la participación de los interesados será exclusivamente de manera virtual o remota, "en el marco del proceso de reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos".
En los considerandos, la medida recuerda que se facultó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), por un lado, a mantener las tarifas de gas natural y, a título de alternativa, iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) o una revisión de carácter extraordinario, "propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias".
En ese marco y a través del Decreto N° 1020/20 determinó el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente y se ordenó al ENARGAS a la realización del proceso de aumentos y a aplicar, dentro de ese esquema, adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación con el objetivo de solventar la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados.
Es decir que el próximo aumento que surja de la audiencia pública de mediados de enero formará parte de ese régimen tarifario de transición que para el Gobierno es "una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias, debiendo tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales".
Pero para que estos incrementos comiencen a ser plasmados en las facturas de los clientes del servicio de gas por redes hará falta también la firma de actas acuerdo entre las licenciatarias y el titular del ENARGAS, así como del Ministro de Economía, Martín Guzmán, quienes los suscribirán "ad referéndum" de la decisión final del presidente Alberto Fernández.
En este sentido, la resolución que se publica este 28 de diciembre en el Boletín Oficial aclara que se tratará de una "modificación limitada de las condiciones particulares de la revisión tarifaria hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación que establecerá un Régimen Tarifario de Transición hasta las resoluciones que resulten del Acuerdo Definitivo de Renegociación".
Además deja claro que la participación de los usuarios y usuarias en la audiencia pública "constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz y un elemento de legitimidad para el poder administrador, responsable en el caso de garantizar el derecho a la información pública, estrechamente vinculado al sistema republicano de gobierno, que otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y la usuaria y disminuye las estadísticas de litigiosidad sobre las medidas que se adoptan (conforme artículos 1° y 42 de la Constitución Nacional y Fallos 339:1077)".
Durante la reunión, un agente perteneciente a la estructura orgánica del ENARGAS actuará "ad hoc" como "Defensor Oficial de los Usuarios y las Usuarias de Gas", con la función de exponer como orador manifestando todas las observaciones que crea convenientes desde el punto de vista de la tutela de los clientes.
En el caso de las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural deberán presentar antes del 3 de enero los cuadros tarifarios de transición propuestos, así como la información de sustento que permita poner a conocimiento de la ciudadanía el contenido de la adecuación transitoria de las tarifas.
Segmentación
De manera paralela a este proceso, el ENARGAS lanzó la segunda etapa del proceso para reempadronar a los 9,2 millones de usuarios con el objetivo de apurar el cambio de fórmula para la actualización de las tarifas de servicios públicos durante el 2022.
De este modo, se busca dejar de lado el congelamiento y reemplazarlo por un nuevo esquema de distribución de los subsidios a los precios de la luz y el gas que permita la segmentación de los clientes de Edesur, Edenor y Metrogas, entre otras distribuidoras.
Tal como ya lo anticiparon las autoridades hace tres meses, los nuevos valores de los servicios se basarán en la capacidad adquisitiva y de ingresos de los sectores sociales con el objetivo de llegar con los subsidios a las clases menos pudientes y establecer subas en el resto que, de todos modos, seguirán siendo menores a la inflación del año próximo tal como ocurrió este año cuando se autorizaron aumentos del 6% y el 9% para el gas y la electricidad respectivamente.
En el primero de los casos, el Ente Nacional Regulador del Gas, acaba de lanzar una campaña masiva de reempadronamiento de usuarios del servicio de distribución gas por redes.
La razón es actualizar la titularidad del servicio y de ese modo regularizar la información sobre la correcta titularidad de los suministros para que los sectores que seguirán con la tarifa congelada puedan acceder más rápido y sencillo a los beneficios normados que pudiesen corresponderles, tales como la Tarifa Social o el Registro Especial de Zona Fría (Ley N° 27.637).
Así se informó desde el ente que dirige el interventor Federico Bernal, desde donde también se explicó que la iniciativa se inscribe en el marco de la política de segmentación de subsidios lanzada por el gobierno nacional.
Para intentar cumplir con el objetivo, el ENARGAS puso a disposición una nueva sección en su web oficial, en la que cada usuario puede seleccionar la prestadora que le brinda el servicio para acceder a la información necesaria e iniciar el trámite gratuito de actualización de la titularidad.
En este sentido, el propio Federico Bernal admitió que se identificaron 9,24 millones de usuarios residenciales de gas por redes, informados por las prestadoras a octubre pasado de los cuales el 18% (1,65 millones) corresponden a registros que no se confirmar por tener el Cuit o el DNI incorrecto. Además, hay otro 10% (960.000 usuarios) que corresponde a personas fallecidas.
"En este sentido, en noviembre de este año instamos a las prestadoras a que informen de esta situación a los suministros identificados para los fines y efectos previamente indicados", detalló el interventor del organismo que depende de la Secretaría de Energía de la Nación.
Para esta segunda etapa, el funcionario aseguró que buscarán identificar correctamente a cada titular del servicio, ya que pueden existir casos cuya titularidad no esté a nombre del actual usuario ("usuario no titular del servicio"), como pueden quienes alquilan una propiedad o sean propietarios que no han formalizado el cambio de titularidad, y que no están en el universo de los titulares identificados con CUIT o DNI incorrectos o hayan fallecido.
"Este tipo de inconsistencias, que arrastramos desde hace décadas, dificultan no solo la identificación de los atributos de los usuarios de los suministros al momento de asignar beneficios como los de la Tarifa Social o el Registro Especial de Zona Fría (Ley N° 27.637), entre otros, sino también no permiten la implementación de política de segmentación de subsidios eficiente y masiva, como la que venimos trabajando con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el ENRE", advirtió Bernal.
De manera adicional, el ente reclamó a las distribuidoras que difundan a través de sus respectivos sitios web y redes sociales la información sobre el lanzamiento de estas acciones que, según las fuentes oficiales, propenden a una mejor trazabilidad del servicio y coadyuvan con la identificación de atributos que resultan necesarios al momento de la solicitud de los beneficios que pudieran corresponder.
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En relación a la seguridad de los datos obtenidos, el ENARGAS sostiene que las empresas deben adoptar las medidas técnicas y organizativas "que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado".