La principal empresa de Mendoza deja atrás el fantasma del default: claves para entender la situación de IMPSA
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Luego de seis años de haber entrado en default, IMPSA acaba de despejar casi de manera definitiva ese fantasma gracias a que la justicia local aceptó su propuesta para reestructurar una deuda superior a los u$s1.200 millones.
La emblemática compañía metalúrgica mendocina fue beneficiada por una resolución dictada en ese sentido por el Segundo Juzgado de Procesos Concursales, Circunscripción I, de Mendoza, ante el cual la sociedad tramita el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).
El fallo dispuso homologar la propuesta de IMPSA respecto de la estrategia de cancelación de sus pasivos que ya había sido aceptada por la mayoría de sus acreedores. Por lo tanto, la empresa fundada por la familia Pescarmona ahora comenzará con las acciones y operaciones necesarias para implementar el canje de títulos y acreencias previsto en el APE.
Según un documento enviado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), también avanzará con la implementación de los otros pasos previstos en su "Plan para la Recomposición de la Estructura de Capital" que, entre otros aspectos, contempla un aumento de capital por hasta $1.817 millones (equivalentes a u$s20 millones al tipo de cambio aplicable) "a fin de recomponer su capital de trabajo y permitir la continuidad, desarrollo y crecimiento de sus operaciones".
Esos fondos podrían ser aportados por el gobierno nacional y la provincia de Mendoza si aceptan la oferta de IMPSA para suscribir nuevas acciones Clase C que la empresa debe emitir para fondear dicho procedimiento de capitalización.
La decisión del Gobierno de Mendoza
En este sentido, se sabe ya que el gobierno mendocino presentó un proyecto de ley a la Legislatura Provincial que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 7 de abril y por el Senado Provincial este jueves pasado, que autoriza la suscripción de las acciones.
Es decir, la provincia pasa a ser accionista de IMPSA a través de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA), que tendrá la titularidad de las acciones de IMPSA por hasta $454 millones o el equivalente a u$s 5 millones al tipo de cambio establecido por la Asamblea de Accionistas de la metalúrgica que se celebró el pasado 16 de marzo.
De todos modos, la integración provincial está sujeta a que también el Estado Nacional suscriba e integre el paquete mayoritario de las nuevas acciones Clase C. para lo cual deberá aportar los u$s 15 millones restantes.
En este sentido, el directorio de IMPSA acaba de aprobar la presentación de una solicitud de aporte de capital al "Fondo Nacional de Desarrollo Productivo" (FONDEP), que lidera el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Mediante dicha presentación, se le solicita al ministro Matias Kulfas que el Estado nacional suscriba nuevas acciones Clase C por un total de $1.362 millones equivalentes a los u$s 15 millones restantes.
Si bien la empresa todavía no tuvo información oficial sobre el pedido, es más que seguro que sea aceptado, teniendo en cuenta que el propio Kulfas ya hizo declaraciones al respecto. En dichas declaraciones sostuvo que es alta la factibilidad de adquirir esas acciones y convertir, de este modo, al gobierno de Alberto Fernández en un accionista de peso en IMPSA.
Qué necesita la empresa para recuperar su potencial productivo
Esta capitalización, junto con el reperfilamiento de su deuda derivado del APE homologado, constituyen pasos fundamentales en la concreción del camino iniciado por la empresa para recuperar su potencial productivo y tecnológico y volver a competir exitosamente en proyectos a nivel mundial", asegura la compañía en el informe enviado a la CNV.
También destaca la necesidad de "retornar al sitial que ocupó durante décadas a la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial en materia de energía hidroeléctrica, nuclear y otras energías renovables, asegurando el crecimiento de una empresa argentina que, desde hace décadas, es orgullo para el país".
En realidad, se trata de una estrategia de "supervivencia" que el directorio de IMPSA puso en marcha luego de fracasar en la búsqueda de un socio privado, ya que ningún inversor se mostró interesado en inyectar capital en una compañía con profundos problemas financieros que opera en un país inestable e incierto. Frente a este escenario, la única posibilidad de obtener fondos frescos que le queda a la empresa es la estatización.
Como antecedente se recuerda que el año pasado, el ministerio que conduce Kulfas salió en auxilio de IMPSA en el marco del llamado "Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (PAEERP)".
A partir de este convenio, Desarrollo Productivo paga el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa durante cuatro meses contados desde diciembre pasado, lo cual hace que el acuerdo ya esté por vencer.
Actualmente, la compañía emplea a más de 720 trabajadores propios y otras 100 PyMes con las que habitualmente trabaja.
Y desde abril del 2018, sus acciones se encuentran en poder de dos fideicomisos, uno de los cuales (donde están el 65% del total) fue constituido en beneficio de los acreedores comprendidos en el APE del 2017; y el otro (con el 35% restante), en favor de los accionistas que controlaban IMPSA antes de la reestructuración.
La finalidad de ambos fideicomisos fue la de garantizar la venta ordenada de las acciones de la compañía, en el marco de un plan de recomposición de su estructura de capital que acordó con sus acreedores a través del APE que acaba de ser homologado por la justicia mendocina.
En esa oferta, IMPSA apuesta a reestructurar u$s536 millones entre capital e intereses de la denominada "deuda elegible" (que se pudo comprobar) que no incluye las obligaciones pendientes con organismos estatales, como Anses o AFIP, lo que se conoce como "deuda excluida".
La propuesta mezcla una serie de instrumentos financieros para cancelar sus cuentas como Obligaciones Negociables (ON), con oferta pública denominadas en dólares; nuevo bono internacional también en dólares y nuevos préstamos millonarios.
Además, contempla la emisión de bono en dólares, con un interés anual del 1,5%, cuyo capital comenzaría a pagarse en el 2028 en nueve cuotas anuales que se extenderán hasta el 2036. También se comprometió al ingreso al régimen de oferta pública a partir de esta emisión de acciones Clase C para permitirle a los actuales beneficiarios de los fideicomisos de la venta de sus tenencias en el mercado.
Historia de un default
Los problemas vinculados a su endeudamiento comenzaron cuando, durante el 2014, su filial brasileña Wind Power Energía, entró en cesación de pagos, dejando de operar y encontrándose aún en proceso concursal en Brasil.
Debido a que gran parte de la deuda de dicha compañía estaba garantizada por IMPSA, los acreedores iniciaron reclamos en contra de la compañía mendocina por más de u$s850 millones que llevó el endeudamiento total del grupo a superar los u$s1.100 millones.
La empresa se vio obligada a iniciar un proceso de negociación con sus acreedores que derivó en un acuerdo de reestructuración instrumentado mediante el APE del 2017 que le permitió reducir el pasivo a u$s520 millones, que de todas formas representaba algo más del doble de la deuda propia que IMPSA tenía originalmente.
Como parte de ese proceso, se modificó la composición accionaria de la compañía, su Directorio y su management, obligando a la salida de Enrique Pescarmona, como su CEO y de toda su familia del control de la compañía.
Durante esos años, logró obtener nuevos contratos y fortalecer su imagen pública, pero fue nuevamente afectada por el agravamiento de la situación macroeconómica a partir de mayo del 2018, que resultó en la suscripción de un acuerdo de crédito stand-by entre la Argentina y el FMI, impuso severas restricciones al gasto público y derivó en la postergación y cancelación de diversos proyectos de obra pública que IMPSA tenía razonables expectativas de obtener.
Por eso, la emisión de las nuevas acciones Clase C le permitirá sostener este proceso comercial para consolidar sus operaciones locales y volver a exportar.
Actualmente, la empresa está ejecutando contratos para centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares, como así también equipamientos para la industria del petróleo y gas. Por caso, diseña y fabrica las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM, entre los principales proyectos.
A su vez, tiene previsto competir este año para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia.