El conflicto en una terminal pone en dudas la licitación del puerto porteño: indefiniciones a resolver
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A menos de 30 días del cierre del concesionario Bactssa de la Terminal 5, la situación social y económica en el puerto de Buenos Aires se ha convertido en crítica, lo cual se acentúa por la falta de definiciones sobre el futuro del sector por parte de las autoridades nacionales.
En el sector se cuestionan las indefiniciones sobre la situación de este grupo cuyo principal accionista es Hutchison Ports, división de servicios portuarios de CK Hutchison Holdings Limited, considerado uno de los principales inversores, desarrolladores y operadores portuarios del mundo con una red en 52 puertos de 27 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australasia.
Se alimentan así un mar de rumores acerca de las concesiones restantes en la terminal portuaria de la Ciudad de Bulenos Aires que tienen fecha de vencimiento en mayo del 2022, a diferencia de Bactssa a la cual la Administración General de Puertos (AGP) entiende que debe finalizar su contrato en mayo próximo.
Además de este grupo, en el sector operan Terminales Río de la Plata (TRP), que controla las zonas 1,2 y 3 y tiene como accionistas a Dubai Ports Word (Emiratos Árabes), y al grupo local Román. Y APM, controlada por Maersk, que está a cargo de la Terminal 4 (T4).
A diferencia de estas dos operadoras, el contrato de Bactssa estaría a punto de finalizar por razones legales vinculadas a los plazos de las concesiones, lo que pone un manto de duda sobre el futuro del personal de este concesionario.
En este sentido, todavía se mantiene la oferta de un grupo empresario local que, junto con inversores extranjeros, plantea ante el Ministerio de Transporte de la Nación su intención de continuar operando la terminal a partir de mayo y por los próximos dos años hasta que se defina el proceso licitatorio del puerto porteño.
Se trata de la sociedad dueña de Terminal 7, dedicada a operar los contenedores que llegan y parten del Puerto de Buenos Aires y que el mes pasado ya envió una carta a la cartera que conduce Mario Meoni para formalizar el pedido con la intención también de generar certidumbre a los empleados de dicha concesionaria, con una propuesta que garantiza el 100% de los empleos existentes y con la promesa de que no hay ningún empleado en empresas tercerizadas de ningún gremio portuario.
La sociedad dueña de Terminal 7 que es presidida por Gabriel Ruocco, también hizo llegar una carta similar al propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, con términos parecidos y solicitando una audiencia para ampliar los términos de la propuesta.
Pero ante la falta de respuesta de parte de las autoridades, los rumores sobre el desenlace del conflicto se incrementan y hasta permiten la participación de dirigentes gremiales y sociales que plantean "sospechas" sobre todo el sector.
Por lo menos así se expresó en el programa "Fuego amigo", Juan Grabois, quien deslizó sospechas de corrupción. "Esperemos al 30 de abril para ver qué sucede con las concesiones del Puerto", planteó el dirigente cercano al kirchnerismo.
De esta forma, parece haber enviado un mensaje a las autoridades portuarias si se recuerda que durante la firma de la ampliación de las concesiones realizada en mayo del 2020, los funcionarios de Transporte se comprometieron a normalizar el llamado a licitación nacional e internacional firmado por el gobierno anterior de Mauricio Macri, que no fue derogado sino que se dieron por anulados los pliegos que proponían entregar el puerto porteño a un único operador.
En esa oportunidad TRP se encontraba en una situación desventajosa de cargas cuando Maersk/Hamburg Sud dio por finalizado el contrato que los unía comercialmente. Dada esa situación, las autoridades hicieron gestiones a favor de la concesionaria de las zonas 1,2 y 3 para que, en el marco del inicio de la pandemia, se equilibraran las cargas y así no tener ningún impacto social con los trabajadores considerados esenciales. Dicho escenario de equilibrio se pudo realizar gracias a la buena voluntad mostrada por Maersk y por la otra terminal APM.
Pero en la actualidad, los beneficiarios del acuerdo de mayo del año pasado presionan junto con otros operadores para que se haga efectiva la desaparición de Bactssa con el objetivo de quedarse con lo que consideran se trata de un "botín de guerra".
Conflicto social
Se cuestiona también la propuesta de continuidad laboral presentada ante la AGP a la que se define como de precarización desde el punto de vista de los trabajadores.
De hecho, el dirigente del sector, Daniel Amarante, denunció la situación en el Congreso de la Nación ante figuras políticas como el presidente de la Cámara Alta, Sergio Massa; el diputado Máximo Kirchner y el dirigente del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano.
En ese encuentro, Amarante aseveró que este escenario lo iba a encontrar en la calle junto con sus compañeros defendiendo las fuentes de trabajo.
Su postura parece alineada a la de los dirigentes del SUPA, cuyos representantes son Juan y Diego Corvalán, pero diametralmente opuesta a la de FEMPYRA, gremio que parece haber quedado envuelto en la firma de un acuerdo a espaldas de los trabajadores con remuneraciones que representan el 30% de los ingresos actuales y que además serán incluídos en nóminas de empresas tercerizadas.
Un convenio que fue desconocido por los trabajadores quienes denuncian que fue motorizado desde la AGP por su interventor, José Beni y por su jefe de Gabinete, Javier Reyes, y rechazan que el organismo funcione como mediador necesario en la solución del conflicto.
Una opinión que evidencia que la resolución del conflicto no sólo define el tema social y laboral, sino que también el condicionamiento del comercio exterior por la problemática de la concentración económica u oligopolio que se podría generar si se da por finalizada la concesión de Bactssa, lo cual quedó claramente expuesto por TRP en una presentación que la empresa realizó el año pasado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Desde el sector se destaca que un diagnóstico adecuado preservando la independencia de los puertos es esencial para la soberanía del país y se advierte que la situación de la futura licitación queda absolutamente condicionada por la falta de transparencia en la resolución del problema con Bactssa y frena inversiones de operadores internacionales que, de quedar fuera de actividad la concesionaria de la Terminal 5, desecharán la opción de Argentina como lugar de nuevos proyectos en infraestructura portuaria.
Denuncian además que la salida de Bactssa podría causar un prejuicio directo al gobierno nacional a partir de la pérdida de ingresos garantizados en los procesos licitatorio con el tema de las tasas de las cargas que representan un monto aproximado de u$s10 millones.
De esta forma, el ya conflictivo escenario portuario porteño suma nuevos condimentos a la dura coyuntura económica que atraviesan las actividades de la zona, con una caída de hasta un 30% en los volúmenes y con un futuro incierto en cuanto a las inversiones de la magnitud que necesita la zona.