El Gobierno adopta el "modelo Kicillof" para la suba de tarifas
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Más allá de las posturas de las empresas distribuidoras de luz y gas y hasta de los propios técnicos del Gobierno, las subas de tarifas de los servicios públicos seguirán el mismo esquema establecido por Axel Kicillof.
No fue casualidad que el gobernador bonaerense haya establecido por decreto un retoque del 7% en las facturas que emiten todos los meses las empresas eléctricas de su provincia en el mismo momento en que las autoridades nacionales están discutiendo los incrementos para el AMBA a partir de audiencias públicas de las que, además de las autoridades, participan las distribuidoras, las generadoras y los organismos de defensa de los consumidores.
Se trata del modelo a seguir también para los clientes de Metrogas; Edenor y Edesur que, de esta manera, deberán resignarse a recibir un incremento similar o de algunos puntos más pero que lejos está de los pedidos de aumentos tarifarios cercanos al 40%.
Edenor, por ejemplo, llega a la audiencia pública de este martes 30 de marzo de la mano de Ricardo Torres, su presidente y CEO, quien es el primer expositor del día y planteará la necesidad de fondos por más de $20.000 millones para mantener y continuar con la mejora de la calidad del servicio y le dejará al Estado la definición, vía subsidios o tarifas, de cómo se proveerán dichos fondos.
Si se traslada a tarifas, representaría un incremento en el valor final factura del 31% promedio para el total de los clientes de Edenor (28% promedio para residenciales), siempre y cuando no cambie ningún otro concepto en el cuadro tarifario (precio estacional y/o en el costo del transporte).
El ejecutivo también recordará que entre 2013 y 2020, la empresa llevó a cabo el mayor plan de inversión de la historia por más de u$s1.700 millones, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de sus más de tres millones de clientes quienes, según una encuesta interna, demuestran una mayor satisfacción con el servicio, producto de la reducción en la duración de los cortes (63%) y la baja en la cantidad de los cortes (51,5%).
Lejos de esta postura, el esquema Kicillof será el que se implementará, por la simple razón de que tiene el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien sigue muy de cerca el devenir oficial en el proceso de suba de tarifas y de renegociación total de los contratos de concesión que el Gobierno inició con las empresas en enero pasado.
Ocurre que también el modelo económico que mejor le sienta a CFK es el bonaerense y no el que el presidente Alberto Fernández delinea con su ministro de economía, Martín Guzmán.
Un modelo que rechaza el reordenamiento de la deuda externa que, al decir de la mandamás del kirchnerismo, es impagable. Una frase que, casualmente, repitió el propio jefe de Estado en las últimas horas y que le permitirá al titular de la cartera de Economía aprobar subas tarifarias ínfimas y lejanas a la evolución inflacionaria mensual.
Esos retoques serán avalados por el FMI precisamente porque no habrá acuerdo para el pago de lo que la Argentina le debe al organismo monetario internacional y, por ende, el reclamo de sinceramiento de las tarifas que la propia Kristalina Georgieva le había reclamado a Guzmán en anteriores reuniones.
El cronograma oficial ya tuvo su primer turno a mediados de marzo con las audiencias públicas para el sector del gas. Y sigue durante estos días con los debates sobre la electricidad. Hoy, por caso es el turno de las distribuidoras para la región metropolitana, Edenor y Edesur.
Luego se definirán las nuevas tarifas eléctricas y de gas y en forma simultánea serán anunciados los incrementos y en qué proporción serán abonados por el usuario o por el sistema de subsidios de parte del Estado nacional.
De hecho, en el ámbito doméstico hace rato que los funcionarios de segundo nivel encargados de las relaciones con las empresas de gas y electricidad vienen dejando pistas sobre el futuro de las facturas que deberán abonar desde mayo alrededor de 10 millones de usuarios de la Capital Federal y los distritos que componen el Gran Buenos Aires (GBA).
Un caso es el del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien ya avisó que la suba de la boleta eléctrica puede estar entre un 7 y un 15 por ciento, "un número que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios".
Del mismo modo, la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, ya avisó que los incrementos que se vienen no se alinean con los reclamos empresarios y sostuvo que el aumento que se disponga "no puede superar la inflación".
También dio a entender que el margen de subsidios que se pueda sumar se definirá en función de las variables macroeconómicas y el Presupuesto nacional.
Esta explicación se relaciona con lo que el propio Guzmán, a través de los respectivos entes reguladores de los sectores de gas y electricidad, advirtió: hacen falta miles de millones de pesos para seguir sosteniendo una política tarifaria que subsidie casi el 60% de las facturas. Dinero que no está disponible en su totalidad para este año y que por eso es necesario reducirlo a partir de un retoque en las tarifas.
Guzmán tiene claro que no podrá derivar más fondos en subsidios para la energía que los que ya fueron aprobados por el Presupuesto Nacional y por eso avala un retoque, siempre haciendo equilibrio con quienes pretenden mantener la ayuda oficial a millones de usuarios de menor poder adquisitivo.
Adiós al cepo
De esta forma, la decisión oficial dará por finalizada la etapa del cepo que ya lleva más de dos años y medio pisando las subas de los servicios de electricidad y gas a pesar de que los costos se incrementan incluso por encima de la inflación.
El dato que comprueba este hecho lo marcan los requerimientos de fondos que Edenor y Edesur le hicieron llegar a las autoridades del ENRE para poder poner a disposición de los usuarios la energía necesaria para cumplir con la demanda.
Lo que se llama VAD o costo por unidad de potencia necesario para ofrecer a sus clientes la electricidad desde el inicio de la distribución (después de la celda de salida del alimentador de media tensión ubicada en la subestación de transmisión) hasta el punto de empalme de la acometida del usuario.
En el caso de Edesur, la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel, avisó que necesita un aumento de VAD respecto de 2020 de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones, lo cual en la factura representaría una suba promedio del 81%.
Por su parte, Edenor, que a fin de año pasó a manos de una sociedad controlada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filibertti, solicita un incremento del 109% en el VAD respecto de 2020, pasando de $29.000 millones en 2020 a más de $60.000 millones, con una consiguiente suba tarifaria para el usuario residencial cercana al 34%.
Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio está subsidiado en un 52%, por lo cual los usuarios pagan 48% del costo de generación, y si bien la distribución no está subsidiada como tal en la factura final.
El Gobierno entiende que si se toma la deuda que las empresas mantienen con Cammesa, el Estado en 2020 cubrió un 37% del valor agregado de distribución (VAD) de Edenor y un 55% del de Edesur.
Está claro que los pedidos no serán satisfechos por las autoridades nacionales que consideran que no existe un escenario posible para aprobar retoques menores a un dígito parciales y temporales.
El primer aumento comenzaría a regir a partir de mayo o junio próximos y se mantendría hasta fin de año, teniendo en cuenta que la interventora del ENRE avisó que los incrementos serán semestrales y que, en todo caso, correrán por el mismo carril que el nivel de inflación estimada por el Gobierno para el 2021.
De manera paralela a este debate se mantendrán las negociaciones para encarar el proceso de transición que durará aproximadamente dos años hasta el 2023 y en el cual el Gobierno buscará establecer un nuevo modelo tarifario que diferencie en las facturas las diferentes situaciones económicas de los consumidores de luz y gas y que, a la vez, le posibilite a las empresas que aseguren las inversiones necesarias para mantener la calidad a partir de un análisis del flujo de fondos e inyectándole dinero a medida que se demuestren las inversiones.
Esta transición tiene que ver con salir del esquema de Revisión Tarifaria Integral (RTI) que acordaron las empresas en el 2018 con el anterior gobierno de Mauricio Macri y que, para las actuales autoridades, derivó en tarifas injustas, poco razonables y poco transparentes.
Un dato en esta dirección lo acercó la propia Manin al anticipar que las futuras actualizaciones serán semestrales en función del análisis de los costos y los flujos de fondo de las empresas por lo cual las subas que se autoricen después de las audiencias públicas serán las únicas que se otorguen durante este año.
A partir de hoy el Enre dispondrá de 10 días hábiles para realizar un informe de lo discutido en la audiencia, para luego elevar una propuesta de nuevo cuadro tarifario a la Secretaría de Energía, la que finalmente decidirá sobre los niveles de actualización en las facturas finales.
En el caso del gas la situación será similar. La suba de las tarifas será cada seis meses y en este primer retoque se diferirá la decisión hasta el 1º de mayo, con incrementos que serán más altos para los grandes usuarios que para los hogares, para quienes regirá un tope del 9%.
En este sentido, el Enargas apunta a firmar un acta-acuerdo con cada una de las distribuidoras para que los privados convaliden legalmente cuadros tarifarios con un aumento inferior al que solicitaron en la audiencia pública.