Enero 2021, un mes clave para el descongelamiento de precios de alimentos y tarifas
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Así como ocurrirá con los productos que forman parte de la canasta de Precios Máximos, las tarifas de los servicios públicos también serán descongeladas a partir del año próximo.
A partir de enero de 2021, la agenda de aumentos que el Gobierno llevará a cabo tiene como objetivo actualizar los precios de los 2.500 alimentos que forman parte de ese programa, así como de las facturas de luz y el gas.
La decisión ya fue tomada por el presidente Alberto Fernández y la política de incrementos será coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo en el caso de los alimentos, y de Economía en las tarifas a través de la Secretaría de Energía.
De todos modos, habrá diferencias en la aplicación de los retoques ya que, mientras Precios Máximos será desarticulado de manera paulatina durante varios meses, las facturas de electricidad y gas comenzarán a reflejar la inflación de este año en las facturas que deberán llegar a los clientes de las empresas distribuidoras en los primeros meses de 2021.
La Secretaría de Comercio Interior que dirige Paula Español ya les avisó a las empresas alimenticias del formato elegido para dar de baja a Precios Máximos, a partir de ir sumando algunos de los productos a Precios Cuidados, y de ir permitiendo subas paulatinas no mayores al 4% en el resto de los artículos que no se muden de plan.
De todos modos, ese mecanismo se comenzará a implementar recién a partir de febrero del año próximo, cuando vence el período de congelamiento impuesto por las autoridades en noviembre.
De esta forma, se evitaría un final abrupto que permita masivos aumentos de precios a partir del descongelamiento que, de hecho, implicaría tomar una medida de este tipo sin contar con un proceso de escalonamiento de salida del programa, al estilo del que se tomó para volver a reintegrar a los precios de los alimentos el IVA que había sido eliminado por el anterior gobierno de Mauricio Macri.
Cómo será el descongelamiento de tarifas
Otra de las diferencias con el descongelamiento de tarifas de los servicios públicos será el alcance de los incrementos ya que los nuevos valores de los alimentos regirán para todos los consumidores mientras que las facturas de electricidad y gas solamente tendrán ajustes para ciertos sectores de la sociedad.
En este caso, el planteo que propuso el secretario de Energía de la Nación, Daniel Martínez, y fue aceptado por el Presidente, es el de mantener los subsidios tarifarios y hasta ampliarlos si es necesario.
Es decir, que los aumentos solamente recaigan en los sectores sociales que demuestran capacidad para abonar los verdaderos costos de la energía y el gas, y sostener desde el Estado nacional a quienes no pueden cumplir con esa premisa.
El funcionario defiende las políticas oficiales de subsidio a los sectores más vulnerables pero impulsa que las subas para los consumidores del resto de las clases sociales vayan en línea a la inflación estimada para todo el 2020 que, algunos analistas, anticipan se ubicará en torno del 37% mientras que en el Gobierno la ubican en el 32%.
Para diferenciar las tarifas, Martínez anticipó que se utilizará la información recolectada a partir de los subsidios otorgados para combatir las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19 como, por ejemplo, el Ingreso Federal de Emergencia o IFE.
Para el Secretario de Energía, esta ayuda de excepción permite analizar qué sectores de la sociedad se deberían sumar a los ya beneficiados por el subsidio tarifario que, en el caso de las eléctricas Edesur y Edenor y de la distribuidora gasífera Metrogas, llega casi al millón de personas.
Según agregaron otras fuentes oficiales a iProfesional, también es probable que se utilicen los registros de la AFIP para determinar el nivel de ingresos y hasta de gastos de cada consumidor para marcar una línea entre quienes tendrán que pagar más y los que seguirán beneficiándose de la ayuda del Estado nacional.
De esta forma, quedaría descartada la idea de redefinir las tarifas de acuerdo a los barrios o zonas de mayor y menor consumo, teniendo en cuenta que no sería del todo representativa del poder adquisitivo de los residentes de esas localidades.
Lo concreto es que hasta ahora el plan de descongelamiento tarifario se sigue estudiando en las oficinas de los ministerios vinculados con la política económica y energética del país, cruzando datos sobre el gasto que representaría para las arcas oficiales un mayor nivel de subsidios en comparación con los ingresos que las distribuidoras recibirían por la adecuación en el resto de los consumidores.
Las empresas, con pérdidas e incertidumbre
En este sentido, en las empresas aseguran desconocer qué estrategia adoptará el Gobierno para las tarifas durante el año próximo, pero insisten en que el congelamiento agravó la ya crítica situación financiera que sufren precisamente por la imposibilidad de trasladar a sus precios la fuerte suba de los costos.
Recuerdan que esta etapa de tarifas sin cambios fue impuesta en el 2018 por el anterior gobierno de Mauricio Macri, como una herramienta para poder controlar de alguna forma la recesión económica.
Sin embargo, esa política fracasó y el desembarco del Frente de Todos en la Casa Rosada ratificó el congelamiento que ahora se extenderá sin cambios hasta enero del 2021 a pesar de que las empresas habían firmado ya un nuevo acuerdo de readecuación tarifaria con Cambiemos que el gobierno de Alberto Fernández desconoce e intenta modificar.
Un ejemplo es del grupo italiano Enel, propietario de la distribuidora eléctrica Edesur, que sigue acumulando pérdidas no sólo con esa empresa sino también con Generación Costanera, dedicada a la producción de energía.
En el caso de Edesur, por tercer trimestre consecutivo, volvió a informar un balance negativo como consecuencia del cepo que se mantiene sobre las tarifas y se encuentra en una situación crítica que pone en riesgo sostener este servicio considerado esencial en periodo de pandemia. "Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros.", advirtió hace unos días Nicola Melchiotti, country Manager de Enel Argentina.
En lo que va del año, Edesur evidencia una pérdida de $3509 millones contra una ganancia de $14.914 millones en igual lapso del 2019. Sus ingresos también cayeron un 26%, debido al congelamiento tarifario vigente y varias medidas impuestas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) durante la pandemia del Covid-19.
"Como en los últimos 10 años, Edesur sigue sin distribuir dividendos y reinvierte la totalidad los recursos disponibles", describe el paper de la empresa, en el cual también se destaca que las inversiones en los primeros nueve meses alcanzaron los $6.216 millones que, sumados a los más de u$s700 millones invertidos entre 2016-2019, que "han permitido la continua mejora en la reducción de la duración promedio de los cortes en un 26% respecto de 2019".