Congelan la transformación de la ex cárcel de Caseros en un polo administrativo
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de congelar un millonario proyecto para la construcción de la nueva sede sede del Ministerio de Economía y Finanzas porteño con un gasto que iba a superar los $3.800 millones.
Se trata de una iniciativa para levantar el nuevo edificio en un predio de la ex Cárcel de Caseros, ubicada en el perímetro de avenida Caseros y las calles Pichincha, Rondeau y Pasco del barrio de Parque Patricios, que tenía fecha de inauguración en el 2022, con un plazo de construcción de 27 meses a partir del inicio de las obras.
Por qué se pospuso
El proyecto iba a ser financiado mediante un contrato firmado entre la administración que dirige Horacio Rodriguez Larreta y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) creado por la Nación en 1997, mediante Ley N° 24.855, producto de la privatización del Banco Hipotecario y con la tarea de administrar dinero proveniente de la venta de acciones de la entidad bancaria al Grupo IRSA.
Junto a esta capitalización, también le fue transferido al FFFIR la deuda residual del antiguo Banco Hipotecario Nacional con el Banco Central de la República Argentina.
Pero con el cambio de gobierno nacional, las nuevas autoridades del Frente de Todos decidieron dar de baja este acuerdo.
Lo mismo ocurrió con el convenio suscripto con FONPLATA, banco de desarrollo conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay que iba a aportar el financiamiento para el proyecto a través del FFFIR.
De esta forma, la Ciudad se quedó sin el apoyo monetario necesario para mudar la sede de Economía al predio de Caseros ya que, por las restricciones presupuestarias impuestas por la pandemia del Covid-19, tampoco tiene la capacidad de encarar la iniciativa con dinero proveniente del tesoro porteño.
Las razones por las cuales el gobierno de Alberto Fernández canceló este contrato que su antecesor, Mauricio Macri, había firmado en el 2019, no están claras aunque fuentes oficiales aseguran que son políticas y no económicas.
Explican que para la Nación el financiamiento no generaba gastos adicionales ya que la deuda y la devolución de los fondos eran tomadas y devueltas por la Ciudad.
Además, las actuales autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), abrieron una investigación sobre el traspaso del terreno donde se ubica la ex cárcel de Caseros de la Nación al gobierno porteño.
La operación se concretó también en el 2019 por un monto cercano a los u$s4,8 millones que la Ciudad ya canceló. Sin embargo, es posible que el organismo nacional termine reclamando la devolución del predio, tal como ya ocurrió con otras tierras cedidas por la gestión de Cambiemos al gobierno porteño.
De manera adicional, la Nación tampoco le quiere otorgar a la Ciudad las garantías necesarias para poder acceder a otro crédito que se estaba negociando con FONPLATA para retomar la obra, por lo cual es más que posible que el predio quede en el abandono en el que actualmente se encuentra hasta el 2024.
Por lo tanto, el proceso licitatorio que se venía encarando para entregar las obras en concesión también quedará en la nada.
El último paso se había dado en septiembre pasado, con la apertura de los sobres económicos y la preselección de los grupos calificados para seguir en carrera.
En ese momento, la Comisión Técnica de Análisis de las ofertas suscribió el Informe de evaluación (Sobre N° 1), aconsejando la selección de las empresas Bricons; Sudamericana; Conorvial-Esuco y Criba, Pasan por cumplir con los requisitos solicitados.
También se descartó las propuesta de las firmas Coarco; Pecam-Sacde-Creaurban; Pose-Riva; Teximco-Construmex-AMG Obras Civiles.
El proceso se había iniciado el 24 de enero con la presentación de todas las propuestas para hacerse cargo de la obra "Nueva Sede del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA", cuyo presupuesto exacto se estimó en $3.825.844.117,44.
Cómo era el proyecto
La idea era transformar la ex Cárcel de Caseros con dos nuevos edificios. Uno para el ministerio que comanda Martín Mura y otro donde iban a funcionar las oficinas centrales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
El proyecto convertiría el antiguo edificio en un nuevo polo administrativo pensado para recibir diariamente a más de 4.700 trabajadores y a los vecinos que deban realizar trámites, en el marco de un plan de descentralización y revitalización del sur de la Ciudad a través de la instalación de oficinas públicas, impulsando el desarrollo económico y social de los barrios.
También el anterior gobierno de Macri había comenzado en el mismo predio la construcción de nuevo edificio para que el Archivo General de la Nación se mude de su actual ubicación en el Congreso.
En el caso del edificio para el Ministerio de Economía y Finanzas y de la AGIP se pensó en levantar siete pisos, dos subsuelos y una superficie cubierta aproximada de 40.000 m2. En la planta baja se ubicaría la AGIP con atención a los contribuyentes, mientras que los pisos superiores estarban destinados a las oficinas administrativas de la cartera económica.
Se contempló además la conservación de la fachada original y de los sectores y elementos protegidos como patrimonio histórico de la Ciudad, entre ellos, las cuatro torretas ubicadas en cada una de las esquinas.
Además, se abriría al tránsito la calle Rondeau, como conexión entre el nuevo edificio y la futura sede del Archivo General de la Nación en la manzana delimitada por las calles Pichincha, 15 de Noviembre de 1889 y Pasco.
En los últimos días y quizá como una forma de salvar el proyecto, la Ciudad aprobó un pedido de interés comunal, presentado en la Junta Comunal 4 para que la ex Cárcel de Caseros sea declarada de interés vecinal para toda la comunidad por ser territorialmente estratégico, y con una gran infraestructura que implica un potencial de crecimiento y desarrollo social, cultural y económico.
En la presentación, la Junta Comunal entiende que "es necesario contar con un espacio que transforme la vida de todos los vecinos de la comuna", por lo cual propicia la puesta en valor de los terrenos respetando el entorno, la historia y la identidad barrial.
"Por lo tanto, acompañamos el proyecto para la transformación de la ex Cárcel de Caseros en una Agencia de Ciencia y Tecnología Porteña, Centro de Servicios y un Espacio para la Memoria, entendiéndolo como una oportunidad histórica para la generación de un ecosistema productivo, social y cultural en la Comuna 4", se aclara en el documento presentado ante las autoridades porteñas.
El objetivo ahora es contemplar la integración de la gestión pública con los aportes e inversiones del sector privado, por lo cual se aprobó y declaró de interés comunal la ex Cárcel de Caseros y su proyecto de puesta en valor.