Edesur cuestiona las multas del Gobierno y reclama normalizar las tarifas

Luego de haber recibido una nueva multa por supuestos incumplimientos en su servicio, Edesur salió a cuestionar la medida y sus ejecutivos se mostraron "sorprendidos" por la decisión tomada por el Gobierno.

La empresa, propiedad del grupo italiano Enel, fue multada este lunes 10 de agosto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), por $168 millones mientras mantiene congeladas las tarifas desde marzo del 2019 por orden del gobierno nacional y que seguirán de esa forma, por lo menos hasta fin de año.

La determinación del organismo oficial, que las autoridades de Edesur conocieron por los medios periodísticos, se basa en supuestos casos en materia de seguridad pública que habrían ocurrido en el 2018 y el 2019 y que se encontraban todavía en análisis.

Esta sanción se suma a otras más por un monto que llega a los $400 millones durante este año, de las cuales una parte se canceló con devoluciones a los usuarios del servicio.

De todos modos, antes de llegar a esta instancia, la empresa revisa los reclamos del ENRE, los apela y si corresponde los termina pagando.

Edesur acumula multas por $400 en lo que va del año.

Sucesión de sanciones a Edesur

Entre mayo y estos días, el ENRE ya le aplicó tres multas $101 millones; $168 millones y $168 millones. En el caso de la nueva multa, la compañía acaba de publicar un comunicado en el cual advierte que "llega en un momento en el que se acusa a Edesur de falta de inversiones, cuando los balances muestran claramente el sobre cumplimiento de las metas pactadas en la Revisión Tarifaria Integral, con más de u$s700 millones puestos en la red desde 2016 a la fecha".

Según la empresa, desde marzo del 2019 las tarifas están congeladas, lo cual constituye un incumplimiento a la revisión tarifaria integral que se negoció con el anterior gobierno de Mauricio Macri pero que las actuales autoridades pusieron bajo revisión con el objetivo de reformular los términos o, en el peor de los casos, para encaminar el proceso hacia la rescisión de la concesión que tiene la distribuidora en 12 partidos del Conurbano y en la zona sur de la Capital Federal.

La empresa asegura que el congelamiento de las tarifas le ha significado una merma de recursos por $7.000 millones, en un período donde los aumentos de costos por la alta inflación, afectan sensiblemente sus recursos.

"La aplicación de estas multas, en el marco del congelamiento tarifario y la situación de aislamiento social, deteriora el balance de la empresa limitando sus posibilidades de inversión y normal operación", cuestiona la compañía mediante el comunicado.

De hecho, en el primer semestre del año, perdió $2.586 millones evidenció un derrumbe de 50% interanual en sus inversiones en el servicio medidas en pesos, lo que el directorio atribuye fundamentalmente al congelamiento de tarifas y a la ausencia de recursos alternativos por parte del Estado que han privado a las distribuidoras eléctricas de los ingresos necesarios para poder operar normalmente.

Incluso, la empresa reclama una deuda de más de $3.000 millones por el consumo de energía eléctrica en los asentamientos precarios, que se sigue acumulando desde 2011 y por la cual no hubo respuesta ni de la provincia de Buenos Aires ni de los municipios.

Edesur alega que las multas perjudican su capacidad de inversión y operación.

Impacto del congelamiento tarifario

Según los estados financieros al 30 de junio, los ingresos registraron una disminución del 23% respecto del mismo período de 2019, como consecuencia del congelamiento tarifario y los efectos de la cuarentena. En cifras, pasaron de $37.508 millones en el período enero-junio de 2019 a $28.717 millones en el mismo período de este año.

Del documento se desprende que el resultado operativo (EBID) empeoró 110% de un año a otro: pasó de $15.047 millones de beneficios a una pérdida de $1485 millones.

En el caso de las sanciones, fuentes oficiales confirmaron a iProfesional que formarían parte de la avanzada contra la concesión de la compañía que iniciaron un grupo de intendentes bonaerenses, la mayoría enrolados en el peronismo y que también se fomentaría desde el ENRE.

Por caso, uno de los fundamentos de la última sanción se basa en una denuncia del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, de julio del 2019, por incumplimiento a las normas de seguridad en la vía pública en dicho municipio.

El intendente de esa localidad, Martín Insaurralde, fue el principal impulsor de visibilizar los reclamos contra Edesur.

De hecho, en algunas de las localidades en donde la compañía presta servicios el organismo ha destinado a una gran cantidad de inspectores que investigan todas las operaciones con criterios que desde la compañía son cuestionados por considerarlos "antojadizos".

A esta situación se suman problemas de inseguridad que estaría sufriendo la distribuidora en algunas de sus zonas de servicios como el que se generó en Wilde, donde un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza a uno de los predios de la empresa, amenazando con robar materiales y desmantelar instalaciones.