Polémico: cómo es el "suculento" negocio de OSDE, que factura millones aunque la prepaga se usa mucho menos

Siempre al frente en términos de cantidad de afiliados y rendimiento económico, la prepaga OSDE no deja de acumular cuestionamientos a partir de su funcionamiento comercial en tiempos de pandemia. La firma en cuestión, cuyo último número de facturación reconocido supera los 82.000 millones de pesos, sigue acumulando ganancias a partir del cobro sostenido de la prestación más allá de que el uso de las coberturas -reconocen los actores del sector- se redujo hasta un 70 por ciento en estos tiempos de Covid-19.

OSDE basa su negocio en la tercerización de la prestación mediante una red de casi 140.000 operadores de clínicas, sanatorios y otros espacios de atención privada. A diferencia de otras coberturas, carece de una estructura propia por lo que su nivel de gastos no sufrió un incremento como sí le viene ocurriendo a los establecimientos sanitarios en general.

"La prepaga en este momento sigue recibiendo todos los aportes de los afiliados. Pero afronta costos muy bajos habida cuenta la gran retracción de la gente, que dejó de asistir a los establecimientos de salud a no ser que se trate de una emergencia", expusieron desde un centro de atención clave en Rosario.

Muy cerca de la cartera nacional de Salud reconocieron algo similar ante la consulta de iProfesional. "Es una empresa sin centros propios. Nunca deja de estar la preocupación respecto de qué puede pasar con la cobertura si hay un desborde de Covid-19 entre sus afiliados. Son más de 2 millones los usuarios de OSDE y la compañía depende de terceros para responder a los contagios que ocurren dentro de su cobertura", comentaron las voces consultadas.

Mientras sigue firme con la recaudación, y en conjunto con otras empresas de su rubro, la compañía además viene promoviendo un lobby prolijo con el fin de sacarle al Gobierno un nuevo incremento en los valores de los planes.

Esto a partir del reclamo de los dueños y sanatorios que dan el servicio real de salud, que sí enfrentan costos disparados por efecto de las medidas sanitarias que exige el combate a la pandemia y en las últimas semanas -sobre todo el interior del país- comenzaron a reclamar una mejora en los aranceles que abona la prepaga.

"Clínicas y sanatorios piden que la prepaga abone un 15 por ciento más de arancel y la empresa, por supuesto, no tiene la menor intención de cubrirlo con la recaudación actual. Entonces empezó a pedir una suba con permiso oficial, como para amortiguar la solicitud de los prestadores. Básicamente, pretende trasladar el requerimiento de las clínicas a su masa de afiliados", confió una fuente del ámbito de las prepagas.

La prepaga hace gala de una facturación que supera los 82.000 millones de pesos anuales.

Aranceles que no se recomponen

Los establecimientos sanitarios se encuentran en una situación dramática en términos económicos.

"Los costos por el Covid-19 para proteger al personal se dispararon un 200 por ciento. El costo por paciente subió al menos 25 por ciento en los últimos 3 meses. Las prepagas como OSDE miran para otro lado y no quieren hablar de recomponer aranceles", comentaron a iProfesional empresarios ligados a ADEMP, una de las asociaciones que integra a la medicina privada.

"Aunque no se menciona, existen muchas clínicas que ya no pueden continuar, que no pueden ni cubrir los gastos mensuales en términos de impuestos. La tercerización de OSDE le garantiza eludir todos estos problemas", agregaron.

Ante la consulta de iProfesional, referentes del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos también aportaron detalles de lo que ocurre con la prepaga.

"Aunque intentan instalar que pierden millones, los directivos de OSDE puertas hacia adentro saben que la merma en la recaudación no llega al 10 por ciento respecto del año pasado. Por el contrario, el uso de los servicios de la prepaga bajo un 70 por ciento. En concreto, la prepaga cobra casi lo mismo mientras que gasta muchísimo menos. Es un negocio redondo en este contexto", indicó un directivo de esa organización.

"La gente no corta la prepaga por el temor al Covid-19. Pero la empresa suspendió determinadas cirugías, demoró diagnósticos y tratamientos oncológicos, lo mismo para pacientes cardiológicos. Todo lo suspendido es un ahorro millonario. En tanto sigue recaudando, el contexto le aseguró un negocio brutal", añadió.

Por si fuera poco, a estos aspectos hay que sumarle que se incrementó la demora en los reintegros a los prestadores y farmacias.

"En lugar de pagar a los 30 días por algunos ítems, OSDE ya alargó el plazo a 45 o 60 días. Aprovechando la situación general de la economía, en donde muchas empresas en distintos rubros sufren una crisis importante, se intensificó la pausa para cubrir lo que corresponde a la compañía por los servicios que se prestan. Es una compañía a la que la pandemia, al menos en términos económicos, le vino como anillo al dedo", indicaron desde el gremio mencionado.

Con la excusa de la pandemia, se suspendieron diagnósticos y pasos en tratamientos oncológicos y cardiológicos.

Conflicto en el interior

En sintonía con los antes expuesto, los cuestionamientos al funcionamiento de OSDE también suman argumentos en la Patagonia, donde el gobierno de Chubut intimó a la prepaga a abonar cerca de 525 millones de pesos en concepto de Ingresos Brutos.

Desde la empresa se excusaron argumentando que carece de "capacidad contributiva" para cumplir con ese impuesto.

A la par, OSDE solicitó que se dicte una medida cautelar de no innovar, que la Dirección General de Rentas se abstenga de ejecutar el tributo que reclama y sus accesorios, y que tampoco promueva embargos hasta que recaiga la sentencia definitiva.

La Dirección General de Rentas de Chubut viene de cambiar la base imponible de Ingresos Brutos de OSDE y recategorizó esos ingresos como una actividad comercial de seguros, en lugar de un servicio a la salud humana, aumentando así la alícuota de 3,5 al 8 por ciento.

Como la causa se trata de un conflicto en el que una de las partes es una provincia y cuenta con contenido federal, el ordenamiento jurídico vigente prevé que el debate siga en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.