Crece el malestar con el presidente de la mayor central industrial local por el caso Vicentin

Mientras en el Gobierno buscan una fórmula para dar marcha atrás con la expropiación de Vicentin luego del fuerte rechazo social, político y empresario, en el establishment crece el malestar contra uno de los industriales más poderosos de la Argentina.

Es decir, contra Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quien acusan de no haber permitido que la entidad reflejara con precisión el profundo malestar que la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández generó entre los socios de esta entidad gremial empresaria.

Varias fuentes del sector consultadas por iProfesional aseguran que el también titular de Aceitera General Deheza (AGD), tiene un manejo personalista de la UIA a partir del cual impidió la redacción de un documento crítico que había votado el Comité Ejecutivo de la UIA durante su última reunión celebrada este martes 9 de junio vía Zoom.

Ese día, el comunicado emitido por la UIA fue considerado "light" por el resto de los industriales ya que solamente se hizo una escueta referencia a la decisión de expropiar la cerealera pidiendo que se garantice el respeto al principio de legalidad, "como condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión".

A partir de este escueto documento, una docena de regionales de la UIA de todo el país decidieron emitir un nuevo comunicado conjunto con la postura que habían pedido reflejar desde la entidad madre y que fue desconocido por decisión de Acevedo.

Miguel Acevedo, en el ojo del huracán

En este sentido, los presidentes de las regionales de la UIA del NOA y del NEA manifestaron "una gran preocupación por las disposiciones sobre la anómala intervención con fines de expropiación, de la empresa privada Vicentin que ha dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia".

Si bien se espera que esta medida sea dejada de lado luego de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantendrá a última hora de la tarde con ejecutivos de la empresa santafesina, los presidentes regionales de la UIA rechazan la estatización como forma de injerencia del Estado nacional en el sector público por entender que representa una situación inédita que implica no solo una progresiva intervención discrecional del Estado en el sector privado, sino que implica despojar a los empresarios del derecho de propiedad.

"Con este antecedente tan singular, advertimos una reconfiguración de las relaciones de la institucionalidad política y las actividades económicas, creándose un derecho litigioso de los propietarios de una empresa contra el Estado", agrega el duro documento al que tuvo acceso iProfesional y en el que también se califica a la medida como "un ajuste jurídico que da lugar al desamparo y la arbitrariedad, situación que se torna grave para el sector empresarial y la sociedad en su conjunto".

El comunicado lleva las firmas de Paula Bibini, presidenta de la Unión Industrial de Salta y sus colegas de Catamarca, Carlos Muia; Chaco, Andrés Iirigoyen; Corrientes, Julio Galvez; Formosa, Jorge Antueno; Jujuy, Nilo Carrion; La Rioja, Bogos Ekserciyan; Misiones, Jose Luis Coll; Santiago del Estero, Jose Maria Cantos; y Tucumán, Jorge Rochia Ferro.

Las acusaciones de "postura light" contra la dirección de la UIA

Si bien ahora el Gobierno analiza dar marcha atrás con la medida, la expropiación de Vicentin desencadenó un inesperado conflicto en el seno de la Unión Industrial Argentina (UIA), y abrió una sorpresiva grieta entre los empresarios locales que critican y defienden la decisión del presidente Alberto Fernández.

En el caso de la mayor entidad gremial industrial del país, gran parte de sus dirigentes cuestiona por suave y blando el comunicado emitido durante la jornada de este martes 9 de junio por orden de su presidente, Miguel Acevedo.

Entienden que no cumplió con el mandato del Comité Ejecutivo, que pretendía condenar la medida de una forma más contundente y no manifestando "la necesidad de garantizar el respeto al principio de legalidad como condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión, fundamentales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y el empleo".

Una declaración "light" que varios miembros de la UIA compararon con las duras posiciones que sobre el caso Vicentín tomaron desde la Asociación Empresarial Argentina (AEA); la Cámara Argentina de Comercio (CAC); y la Cooperativa de Productores Alimenticios (Copal).

Quienes critican a Acevedo aseguran que dio la orden de emitir un comunicado diferente a la verdadera posición del sector industrial que rechaza la intervención del Poder Ejecutivo sobre la justicia y el avance del Estado sobre el sector privado, más allá de la situación de crisis por la que atraviesa la empresa comandada por Sergio Nardelli.

Acusan al titular de la UIA de ignorar la postura que el Comité Ejecutivo había consensuado tras la reunión vía Zoom y de casi tres horas que mantuvieron los 70 integrantes del organismo que representan a todos los sectores y regiones industriales del país.

Si bien no es la primera vez que Acevedo recibe cuestionamientos de sus pares por su supuesta simpatía con el gobierno de Alberto Fernández y sus posturas cercanas al pensamiento de la CGT, en el caso de Vicentín el conflicto interno podría tomar una preocupante dimensión en las próximas semanas.

"Los acuerdos por la doble indemnización, las suspensiones con pago casi total de salarios, las posturas débiles contra las medidas del Banco Central y las reuniones para la foto con los funcionarios también causan antipatías, pero en el caso Vicentin, la situación es muy grave porque deja a la UIA expuesta en un tema que no se sostiene jurídicamente", argumentan quienes parecen estar dispuestos a combatir el liderazgo de Acevedo, a pesar de que su mandato vence en marzo del año próximo.

Hacen además referencia a la postura que la UIA de Córdoba (UIC) también hizo pública sobre Vicentín, manifestando su "profunda preocupación" tras la intervención dispuesta por el Ejecutivo Nacional.

"Esta empresa que está desde hace un año en una fuerte crisis, se presenta en un concurso de acreedores, eso está en manos de la justicia. Y eso lo tiene que dirimir la justicia", afirmó Marcelo Uribarren, presidente de la UIC, al cuestionar lo dispuesto por presidencia.

"Nosotros creemos que esta expropiación o este proyecto de expropiación va en contra de la seguridad jurídica, porque esto está en ámbitos judiciales", insistió Uribarren, al señalar que les "preocupa la división de poderes", luego de una decisión que nace en el Ejecutivo y no en el Judicial. "No debería ser el poder ejecutivo el que tome cartas en el asunto", dijo.

El directivo de la UIC fue más allá al considerar las consecuencias que esto puede traer de ahora en adelante. "Lo que más nos preocupa y que es lo más importante es qué influencia tiene esta acción con la inversión privada", se preguntó.

Y continuó explicando que "cuando la pandemia termine hará falta de la inversión privada para que Argentina salga adelante. Y es cuando va a hacer falta una fuerte confianza para que los privados inviertan y desarrollen sus negocios". "Y esto no va en consonancia con esa idea", culminó objetando una vez más lo dispuesto con Vicentin.

En ese marco, dijo que no advierten cuál es la necesidad del Estado de intervenir sobre Vicentin, mientras que los problemas de privados se resuelven entre privados y con la intervención de la Justicia, advirtió.

La "soberanía alimentaria", según la visión de los industriales

Los industriales se respaldan también en el comunicado de la Copal, la entidad empresaria que representa los intereses de las industrias alimenticias y que aporta una gran cantidad de dirigentes a la UIA y que salió a expresar "su profunda preocupación" por la intervención de Vicentín y a aclarar que solamente respaldan "procedimientos establecidos en el marco de la legalidad y el principio de división de poderes".

La entidad que preside Daniel Funes de Rioja, también vicepresidente de Asuntos Laborales e internacionales de la UIA, señaló claramente su su desacuerdo "por el impacto que este tipo de antecedentes genera respecto a la calidad institucional y el respeto al derecho de propiedad".

Para la Copal es fundamental que la empresa privada asuma la función productiva por tener la capacidad de dar cumplimiento a esa responsabilidad, a pesar de los problemas estructurales de la economía y de la profundización de esa crisis en el contexto actual por la pandemia del Covid-19.

La entidad advierte también que la soberanía alimentaria no la cumple el Estado nacional sino la industria de alimentos y bebidas. "Lo ha demostrado tanto abasteciendo al mercado interno como en su vigoroso rol exportador de productos alimenticios con valor agregado de gran potencial", establece el informe de la Copal.

Las gremiales empresarias ligadas a la alimentación cuestionaron el concepto de "soberanía alimentaria" del Gobierno.

Profundiza además en la necesidad de que se respete y garantice la seguridad jurídica y la transparencia de las instituciones "que permitan al sector privado impulsar inversiones que dinamicen la economía".

El contenido de este documento, dicen los críticos de Acevedo, es el que se debía haber volcado en el comunicado de la UIA así como otras declaraciones de empresarios referentes de este sector, como Cristiano Rattazzi.

Para el titular de Fiat Argentina, es falso que la decisión de intervenir y expropiar Vicentín se haya tomado para "defender la soberanía alimentaria, con una empresa que exporta el 80% de lo que genera".

El ejecutivo calificó a la medida como "un error y un horror" que asemeja al Presidente a lo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Y acusó a La Cámpora y al Instituto Patria de estar detrás de la decisión de Alberto Fernández.

"Debemos volver a las reglas de la democracia, de la convivencia pacífica, de la no grieta porque el pueblo argentino no tiene ganas de que el Estado avance sobre los derechos privados porque al final saben que pierden", advierte Rattazzi, para quien también marca una señal de espanto para los inversores.

De igual modo, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), rechaza la intervención de una empresa que se encuentra en trámite concursal, califica a este procedimiento como "anómalo" y anticipa que podría provocar un nivel de litigiosidad que afecte a las arcas públicas y el funcionamiento de la empresa.

"El proceso de expropiación basado en una causal de utilidad pública requiere que se verifiquen elementos que en el caso no se consideran reunidos, aplicando a una situación de crisis empresaria que tienen una regulación legal de fondo una medida excepcional que no se ajusta a la manda constitucional", señala la entidad.

Añade que la expropiación "no favorece a la empresa ni resulta positiva para sus clientes, proveedores y trabajadores, como así tampoco para el conjunto de la economía nacional".

Apoyo sorpresivo desde la UIA

Sin embargo, entre quienes defienden la posición impulsada por Acevedo y la medida oficial se encuentra otro hombre fuerte de la UIA como lo es José Urtubey.

El dueño de Celulosa Argentina e integrante de la institución industrial salió a sostener que el Gobierno se está haciendo cargo de "un gran problema", recordando que la empresa acumula deudas por u$s1.300 millones, con el Banco Nación como el principal acreedor.

El vocal del Comité Ejecutivo de la UIA no se siente "asustado" por el término expropiación con el que el Gobierno buscará rescatar a Vicentin, a través de un proyecto que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso. "Es un instrumento jurídico que ya está plenamente vigente hace muchísimos años en la Argentina", sostuvo Urtubey.

José Urtubey sorprendió a muchos de sus colegas de la UIA al mostrarse favorable a la expropiación de Vicentin.

Una postura similar adoptó Ignacio Noel, el dueño de Morixe y CEO de Sociedad Comercial del Plata (SCP), para quien el capitalismo argentino está lleno de "empresaurios" que se consideran los dueños de las ganancias pero que socializan las perdidas.

"Es inviable e injusto para la mayoría de la población que debe hacerse cargo de las pérdidas, y no puede ser que esas empresas no le devuelvan los préstamos a la banca estatal y no haya ninguna consecuencia para los defaulteadores", agrega el empresario.

Recuerda que Vicentin le debe u$s300 millones al Estado, y considera positivo que el Gobierno defienda su crédito en vez de que se lo licuen y no se lo paguen. "La clave está en que la nueva gestión sea eficiente y transparente", dice.