Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentin e irá por la expropiación en el Congreso

El presidente Alberto Fernández realizó el anuncio de la intervención y expropiación de Vicentin. La medida se toma por la elevada deuda que la agroexportadora tiene con el Banco Nación, el Bice y miles de acreedores.

Por medio de un decreto de necesidad y urgencia, Fernández dispuso la intervención del grupo Vicentin. Además, confirmó el envío al Congreso de un proyecto de ley para la expropiación. El presidente presentó estas medidas como "un rescate" de la empresa.

Por su parte, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, enfatizó la idea del rescate debido al "rol central que la empresa tiene en el mercado agropecuario". Y agregó que la expropiación para garantizar la continuidad de la compañía se realiza en favor de los acreedores y productores que dependen de Vicentin.

El interventor designado por el Presidente es Gabriel Delgado, a quien calificó como "un experto en temas agropecuarios".

Vicentin, a partir de ahora comenzará a ser gestionada por YPF Agro SA y la inteción del proyecto de ley de expropiación es declararla como de "utilidad pública".

Fernández buscó llevar tranquilidad a los trabajadores de la empresa y a los productores que dependen de la compañía agrícola para continuar con sus puestos de empleo y para seguir vendiendo, en forma respectiva.

"El propósito es mantener en pie una empresa muy importante", dijo Fernández, que agregó que seguramente los santafecinos estarán "muy contentos" por la decisión que tomó el Gobierno de avanzar hacia una estatización de Vicentin.

"Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria", agregó el Presidente, que aclaró: "Esta no es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Es un empresa que estaba en un concurso preventivo de acreedores".

Además de la abultada deuda con el Banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados y es el punto central de un entramado agroindustrial que afecta a un universo de productores, proveedores y otras pequeñas empresas.

En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos u$s1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

La decisión del Ejecutivo fue en cierta medida anticipada la semana pasada por un "pedido" de convertir a Vicentin en "empresa pública" realizado por dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo. También puede verse como un coletazo del llamado "plan Vallejos", proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que causó revuelo con la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica en el medio de la crisis del coronavirus.

El viernes pasado, la justicia de Santa Fe había fijado un nuevo plazo para que los acreedores de la empresa presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive, como parte del concurso preventivo de la compañía tras entrar en cesación de pagos.

De esta manera, los más de 2.600 acreedores de Vicentín que no recibieron por parte de la empresa pago alguno por sus prestaciones podrán pedir la verificación de la deuda que Vicentín mantiene con ellos, calculada en 1.500 millones de dólares.

A finales del año pasado, Vicentín suspendió el pago a sus proveedores de granos, por un monto calculado en ese momento de u$S350 millones, al aducir "estrés financiero".

El 11 de febrero, la empresa, al no poder realizar acuerdos extrajudiciales con sus proveedores, solicitó a la justicia santafesina ingresar en un concurso preventivo, el cual fue aceptado el 6 de marzo.

Allí, el juez fijó el 11 de marzo como fecha de audiencia de sorteo de la sindicatura; el 9 de junio como límite para la verificación de créditos; y ordenó la inhibición general de bienes de la agroexportadora, como lo establece la Ley de Quiebras y Concursos (LQC).

El proyecto de expropiación que se envía al Congreso

Respuesta a un pedido del kirchnerismo

La semana pasada, dirigentes políticos, sindicales y sociales solicitaron que la agroexportadora Vicentín sea declarada "empresa pública no estatal" para evitar "una mayor concentracion y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria". Esto sucedió días después de que se revelara la impactante cantidad de acreedores de la compañía.

La firma, que integra el ranking de las diez agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de u$s1.350 millones, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.

"Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad", manifestaron los firmantes de una declaración conjunta dirigida al Gobierno nacional.

Los dirigentes solicitaron al presidente Alberto Fernandez que Vicentin sea "empresa pública no estatal".

En ese sentido, manifestaron que resultaría "insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina".

"El gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales", aseguraron a través de una carta abierta.

Propusieron entonces que el Gobierno impulse las medidas necesarias "para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social" a la vez que solicitaron una urgente entrevista con el presidente Alberto Fernandez.

Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando "Pino" Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe (ex pte de FAA), entre otros.

La empresa Vicentin solicitó a principios de febrero la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la justicia de Santa Fe y por estos días se debate el futuro de la compañía, de la cual, se calcula, dependen unos 7 mil empleos en forma directa.

La empresa no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de u$s1.350 millones

Información sobre el caso

A medidados del mes pasado, la Justicia de Santa Fe informó que habilitaría una página web con información sobre la causa que se tramita en Reconquista por el concurso de acreedores de la firma Vicentín, entre la que destaca la lista de 2.700 personas o empresas que se presentaron para cobrar.

El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, les adelantó la medida a ocho diputados provinciales que integran la Comisión de Seguimiento e Información del Caso Vicentín, que viajaron en ese momento a Reconquista y Avellaneda para cumplir una serie de actividades.

Ocho de los doce legisladores que investigan el concurso de acreedores se entrevistaron con el juez Lorenzini, quien entre otras medidas les anunció que "para que haya transparencia en la causa" publicará información en una página web.

La principal preocupación, tanto de los integrantes de la comisión como de los representantes de los trabajadores, es preservar los 7.000 puestos que dependen de las distintas empresas controladas por Vicentín en toda la provincia de Santa Fe.