El principal operador de autopistas del país acumuló pérdidas por más de $4.000 millones el año pasado

Además de enfrentar una investigación judicial por supuestas irregularidades en el contrato de concesión y una embestida del Gobierno por el mismo motivo, el principal operador de autopistas de la Argentina también debe resolver una crítica situación financiera derivada de las millonarias pérdidas que acumuló durante el año pasado.

Se trata del grupo español Abertis, que controla en el país a las sociedades Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que a su vez tienen a cargo las concesiones de las rutas Panamericana y Acceso Oeste y de la Avenida General Paz. Ambas empresas acumularon pérdidas por $4.145 millones durante el ejercicio correspondiente al 2019. En rigor, Ausol fue la que registró ese año un rojo mayor por $3.384 millones, mientras que GCO acumuló pérdidas por los restantes $761 millones.

El importante quebranto generó la convocatoria por parte de ambas empresas a sendas asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas que se llevarán a cabo el 1° de abril próximo a las 11:00 horas en la sede del holding.

Uno de los puntos de la orden del día será precisamente el de considerar y estudiar el destino del resultado del ejercicio, la absorción de las pérdidas mediante la desafectación de parte de la reserva facultativa para la futura distribución de dividendos por hasta $500 millones por cada sociedad.

Si bien en el grupo rechazaron hacer declaraciones ante la consulta de iProfesional, las razones de semejante nivel de pérdidas tendrían que ver con una fuerte reducción en el flujo de vehículos que utilizan las autopistas, además de los efectos de la devaluación con sus consecuentes incrementos de costos, son además del congelamiento de las tarifas de los peajes que dispuso el anterior gobierno de Mauricio Macri y que la actual administración del Frente de Todos mantuvo.

De hecho, las fuertes pérdidas contrastan con los millonarios ingresos que ambas sociedades lograron en el 2018, año en el cual lograron renegociar sus contratos de concesión con importantes beneficios que ahora el Gobierno puso bajo la lupa por entender que existen irregularidades y cláusulas sospechosas.

Las negociaciones con la gestión de Cambiemos se cerraron a mitad del 2018 y le permitieron tanto a Ausol como a GCO informar balances con ganancias globales por $14.500 millones producto esencialmente de haber alcanzado un entendimiento con las anteriores autoridades para extender sus concesiones hasta el 2030, lograr el reconocimiento de deudas por parte del Estado y un cuadro tarifario que le permitió fuertes incrementos en los precios de los peajes cercanos al 71%.

Y si bien para este año, ambas empresas debían encarar nuevas inversiones como parte de las obligaciones emanadas del nuevo contrato de concesión, hasta ahora esas obras se encuentran parlizadas o a medio hacer.

En el caso de Ausol, sus compromisos pasan por la ejecución del tercer carril en el ramal Tigre y la pavimentación de banquina (Tramo II entre Av. Uruguay y el fin del ramal); un nuevo distribuidor en el Puente Magnolia en Pilar; y la repavimentación completa de la Av. General Paz (Tramo Acceso Oeste – Riachuelo) y del Ramal Campana (sentido descendente). Por otra parte, iniciaremos un proyecto de actualización del sistema de peaje y migraremos nuestros sistemas administrativos a SAP.

Bajo la lupa

La mayoría de estos motivos llevaron a que desde el Ministerio de Obras Públicas que dirige Gabriel Katopodis pusiera en revisión los contratos de las dos empresas controladas por Abertis, grupo que en la actualidad es controlado por los conglomerados italianos Atlantia y del español ACS a su vez propiedad de la familia Benetton y de Florentino Perez, dueño del Real Madrid.

Luego de asumir su cargo, Katopodis avisó que pondría la atención en todos los contratos firmados por el gobierno de Mauricio Macri. De este modo, abrió una auditoría por entender que los contratos firmados en el 2018 por Ausol y GCO acumulan una importante serie de irregularidades. Ese año, Abertis negoció con los funcionarios de Cambiemos la extensión de las operaciones de Ausol y GCO por otros 12 años en el marco de un acuerdo integral de renegociación contractual, por el cual se le extendió el negocio hasta el 31 de diciembre del 2030.

Ese contrato contempla inversiones por más de $16.500 millones, suma que el grupo deberá destinar para mejorar las rutas que tiene a cargo y que quedó establecido por el Decreto 607. Un detalle: no fue firmado por Macri, sino por la vicepresidenta Gabriela Michetti el 27 de junio del 2018.

Macri se excusó de rubricarlo para evitar un eventual conflicto de intereses, teniendo en cuenta que la empresa de su familia, Sideco, fue accionista de Ausol hasta mayo del 2017, cuando vendió sus tenencias. Abertis posee el 31,59% del capital accionario y la italiana Impregilo otro 19,82%. Por esto, la Oficina Anticorrupción le recomendó al ex Presidente no intervenir en la negociación.

Otro de los términos del contrato obligó a Ausol y a GCO a desistir de un juicio por u$s1.135 millones ante el Ciadi. El Estado le reconocerá una millonaria suma por obras anteriores y que, según el holding europeo, se debió a que sus empresas controladas invirtieron casi u$s1.100 millones en obras de trazado y ampliación de las rutas, de los cuales no pudieron recuperar u$s539 millones durante los años del gobierno kirchnerista, cuando la renegociación de la concesión estuvo congelada.

También se permitió a las empresas cambios en la forma de subir las tarifas de los peajes, que volvieron a tener un componente dolarizado y otorgar aumentos de peajes una sola vez al año que reflejen la incidencia en el plan económico financiero y de la tasa interna de retorno. Entre otros factores, también se consideró el flujo de tránsito. Además, las empresas tienen derecho a reactualizaciones adicionales aplicando el llamado CER, cuando la variación computada desde el último aumento supere el 10%.

En el caso de las inversiones, GCO se comprometió a destinar u$s430 millones hasta el final de su concesión, en tanto que Ausol prometió otros u$s250 millones. Los fondos se debían usar en obras para actualizar y modernizar la infraestructura de las rutas concesionadas y para mejorar los tiempos de demora en las cabinas de peaje con nueva tecnología.

Con respecto a los ingresos provenientes de los peajes, se eliminó el llamado Recurso de Afectación Especí­fica (RAE) que fue creado para que parte de lo recaudado pase a formar un fondo para financiar obras, dinero que Macri le cedió a las concesionarias. Y le destinó al Estado nada más que los fondos que queden luego de haberse cubierto los costos, el repago al concesionario y realizadas las inversiones.

Pero las actuales autoridades advierten que varias de esas cláusulas son sospechosas, contienen irregularidades o son demasiado ventajosas para los concesionarios en desmedro de los intereses del Estado nacional. De hecho, hasta existe la posibilidad de reestatizar las rutas, aunque esa decisión deberá ser tomada por el propio presidente Alberto Fernández, una vez que finalice la revisión de los contratos que seguramente se extenderá por varios meses para luego emitirse un dictamen que le será entregado al ministro Katopodis con las diferentes alternativas para estas concesiones.

Como ejemplos de irregularidades, los voceros oficiales hacen referencia a la millonaria deuda que los grupos le reclaman al Estado por casi u$s500 millones "que para nosotros no tiene explicación razonable".

Otro detalle que, según el Gobierno, perjudica a los usuarios de estas autopistas es la eliminación del tiempo de espera para abrir las barreras durante un momento de congestión. "Es otro mimo millonario que se les entregó a las concesionarias que no tiene lógica", advierten cerca del ministro Katopodis.

Agregan que el sistema para aumentar las tarifas también favorece a las empresas mediante la fórmula de readecuación elegida y por la cual, si en la actualidad los peajes no estuvieran congelados, el costo para los automovilistas sería casi impagable.

En realidad, el decreto estableció cambios en la forma de subir las tarifas de los peajes, que volvían a tener un componente dolarizado a la hora de actualizarla y otorgar incrementos semestrales que reflejen la incidencia en el plan económico financiero y de la tasa interna de retorno de las empresas concesionarias. Según el convenio, tanto Ausol como GCO podían aplicar dos subas por año de acuerdo a la inflación calculada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que se actualiza con el índice de precios al consumidor.

Sin embargo, el año pasado y apremiado por la crisis económica con la cual dejó inmerso al país, Macri ordenó congelar las subas de los peajes como parte de un paquete de medidas anunciado para combatir la crisis económica, bajar la inflación e impulsar el consumo. El freno a estos incrementos fue extendido por el nuevo gobierno de Alberto Fernández por otros 180 días, en el marco de la emergencia económica que votó el Congreso los últimos días del año pasado.

La autoridades además contemplan como desde la justicia también se investigan las concesiones de Ausol y GCO. Hace un par de semanas se realizó un procedimiento judicial en las oficinas las concesionarias en el marco de una investigación por presunto negociado detrás de los acuerdos que firmaron con Macri.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral que investiga una causa iniciada por una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau.

Según los legisladores se deben revisar los contratos por supuestas irregularidades que habrían comenzado el 7 de diciembre del 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por u$s1.100 millones. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.

De hecho, en el nuevo contrato se le reconoce a Ausol un recupero de u$s499 millones por recupero de inversiones, más un interés del 8% sobre el saldo de la inversión no amortizada durante el periodo extendido de la concesión.