El grupo inmobiliario de Carlos De Narváez, al borde de la quiebra

Después de un largo proceso de negociaciones con los acreedores para intentar reestructurar la millonaria deuda que acumula Ribera Desarollos, la empresa inmobiliaria propiedad de Carlos De Narváez quedó al borde de la quiebra.

El fantasma del default apareció de manera sorpresiva en la compañía a cargo del emblemático proyecto Al Río en la zona de Vicente López, teniendo en cuenta que los representantes de De Narváez y los principales acreedores estaban a punto de firmar un acuerdo para cancelar un pasivo del orden de los u$s180 millones.

Sin embargo, a último momento y por razones que se desconocen, el propio empresario se negó a firmar el convenio, pateando el tablero y generando un profundo malestar entre todos los acreedores.

En especial entre las empresas que lideraron las negociaciones durante estos más de cuatro meses de arduas conversaciones para evitar lo que ahora sería inminente. Es decir, que la justicia decida declarar la quiebra de Ribera Desarrollos y designe a un interventor para liderar el proceso de liquidación de una de las principales actoras en el mercado del real estate.

Hasta hace unas horas, el comité de control del proceso de reestructuración estaba liderado por Edenor; el HSBC; la AFIP; ARBA y la Municipalidad de Vicente López. Y un grupo de acreedores llevaba el control de las negociaciones con Ricardo Torres a cargo de cerrar un acuerdo para la totalidad de los acreedores. Se trata de un alto ejecutivo de Edenor y socio de Pampa Energía, el grupo que lidera Marcelo Mindlin y que es d ueño de la distribuidora de electricidad, pero quien en este proceso actúa como un acreedor particular.

Si bien no se conocen mayores detalles del convenio, iProfesional pudo saber que se había logrado un importante consenso en torno a las pautas y que la firma era inminente hasta que el mismo De Narváez informó que no iba a suscribir el programa.

Como consecuencia inmediata de esta determinación, el directorio de Ribera Desarrollos habría presentado la renuncia en claro desacuerdo con De Narváez quien a partir de ahora habría quedado a su suerte, en soledad y sin el respaldo ni siquiera de sus propios ejecutivos.

De hecho, fue calificado como un persona que no toma las decisiones como un buen hombre de negocios sino más bien como alguien que ha puesto en riesgo su patrimonio personal y de la totalidad de quienes aportaron fondos para financiar la construcción de este complejo inmobiliario en una de las zonas de mejor categoría de Vicente López.

Ahora es posible que esos acreedores no puedan cobrar y que muchos de los damnificados no logren nunca escriturar sus propiedades en el marco de un concurso preventivo que se podría transformar en una resonante quiebra.

De hecho, el caso hasta podría derivar en una causa por estafa debido al monto de la deuda y a los nombres de los involucrados ya que entre los acreedores figuran casi todos los bancos más importantes de la City porteña, además de varias empresas, proveedores, inversores y propietarios de dos torres que la empresa vendió pero que no construyó nunca.

Un grupo de damnificados impulsa acciones legales más allá del concurso preventivo por entender que se trata de una estafa y no de un negocio que fracasó por la situación de inestabilidad económica del país. Se asegura que una de las empresas de seguros de caución contratada para hacer frente a situaciones de este tipo ya habría presentado una demanda penal contra De Narváez para llevar el caso a la justicia federal.

En la actualidad, el concurso preventivo de Ribera Desarrollos se tramita en el Juzgado Comercial 12, Secretaría 23, de Hernán Papa. El detonante de la causa es el emprendimiento de oficinas Al Río, pegado a la intersección de las avenidas Libertador y General Paz, del lado de la localidad bonaerense de Vicente López.

Un millonario proyecto para levantar un mega emprendimiento inmobiliario dividido en varias parcelas en un terreno de 16 hectáreas en donde se instalaron por ahora desde edificios para residencia, oficinas, bancos, locales comerciales y la sede del diario La Nación, todo junto al predio del supermercado Carrefour. El plan contemplaba también un centro comercial, dos torres de oficinas en el lado norte y sur del predio, además de locales para pymes y residencias de lujo. Sin embargo, sólo se construyó la torre sur y algunos locales comerciales. Restan cerca de 80.000 metros en los cuales se proyectaron levantar edificios de 36.000 metros cada uno que se vendieron pero que no se han iniciado ni los cimientos todavía.

En medio de un escenario negativo para el sector por la suba de costos, altas tasas de interés, caída de las ventas y la devaluación, De Narvaéz salió a buscar inversores para cumplir con lo que resta del emprendimiento. En un principio, logró acordar con el grupo Portland que ofreció mejores condiciones que sus competidores de Pegasus para quedarse con el control del mega proyecto inmobiliario.

El objetivo era inyectar u$s40 millones de manera inmediata al proyecto para reflotar inversiones mayores por u$s800 y sumar nuevos desarrollos en el predio como un mini estadio deportivo cubierto, un hotel cinco estrellas y 16 torres de departamentos de lujo.

Sin embargo y a pesar de haberse dado a publicidad, el acuerdo se cayó por ciertas diferencias entre Portland y De Narvaéz que impidieron continuar con el proyecto.

Una situación que ahora el empresario vuelve a repetir al negarse a firmar el acuerdo de reestructuración y que profundiza la crisis que sufre Ribera Desarrollos, al no contar con fondos frescos para continuar con la obra y al haber quedado descalzada financieramente y sin chances de acudir a nuevos créditos ni a la emisión de Obligaciones Negociables (ON) que le permitan sostener la iniciativa.

De hecho, también sufrió la marcha atrás del lanzamiento de una serie de este tipo de títulos que había preparado uno de los mayores bancos locales que luego desistió de avanzar por la situación del país.

Con ese dinero, De Narváez iba a cubrir su problema de endeudamiento y al no poder concretarse, profundizó la situación de inestabilidad de Ribera Desarrollos que se había quedado sin flujo de fondos y llevó a su dueño a pedir asistencia judicial para intentar reestructurar el pasivo y sanear las cuentas.

En este punto es donde se generan las diferencias con respecto a la visión que tienen ciertos acreedores y aseguradoras de caución con respecto a las causas que llevaron a De Narváez y su empresa al concurso preventivo.

De hecho, algunas compañías de seguro como Prudencia estarían analizando un escenario judicial más complejo y vinculado a la presentación de una denuncia penal por estafa con el objetivo de desarticular el pago de los seguros.

Un camino similar seguirían otras empresas del mismo tipo teniendo en cuenta que en algunos casos el dinero a hacer frente es muy grande. Un ejemplo es el de los u$s50 millones que debe cancelar Compañía Aseguradora de Cauciones para hacer frente a la póliza contratada por Edenor.

También el Banco Hipotecario fue perjudicado y ahora posee una hipoteca de $290 millones sobre dos torres que ya se construyeron en el emprendimiento. Se trata de las torres 1 y 2 para las cuales Ribera Desarrollo recibió un préstamo de la entidad bancaria que fue, precisamente, hipotecado con los títulos de propiedad de las viviendas de ambos edificios.

Otro importante acreedor es Edenor, que pagó u$s50 millones a De Narváez para la construcción de un edificio al que se iba a trasladar la sede de la empresa pero que nunca se concretó.