Empresas y supermercados se unen para evitar la sanción de la "Ley de góndolas": advierten sobre despidos

Supermercadistas y proveedores salieron a criticar duramente el proyecto mediante el cual el Estado busca regular la venta en las grandes cadenas de hipermercados, bautizada como "Ley de Góndolas".

Ejecutivos hipermercadistas y de las empresas fabricantes de alimentos se muestran indignados con la iniciativa que se está tratando en el Congreso a la que ya califican como "abusiva" y "arbitraria".

Advierten además que, de convertirse en ley, tendrá preocupantes consecuencias para los supermercados que podrían derivar en despidos masivos de personal y el cierre de varias de sus sucursales. Y anticipan la posibilidad de "judicializar" la batalla contra el proyecto si es que finalmente tiene el visto bueno en el Congreso de la Nación el mes próximo.

El rechazo se orienta al proyecto de ley mediante el cual se crea el Programa Nacional de Fomento a la Competencia Minorista, en el marco de una ley que unifica las propuestas presentadas en el Congreso por el Gobierno y la oposición a través de los diputados Elisa Carrió, Juan Cabandié y José Luis Ramón.

En sus considerandos, a los que tuvo acceso iProfesional, el documento asegura que el objetivo es el de "facilitar y garantizar las condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores".

También el de contribuir a que el precio de los productos alimenticios sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores; a mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos alcanzado por la ley, con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado.

La propuesta busca además ampliar la oferta de productos alimenticios artesanales y/o regionales nacionales producidos por las micro/pequeñas y medianas empresas y fomentar, a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la economía popular.

En este sentido, obliga a los híper y supermercados a no destinar más del 20% de las góndolas y locaciones virtuales a la exhibición de un producto. También a garantizar un 25% del espacio disponible para artículos elaborados por pymes y un 5% adicional para los originados por la agricultura familiar, campesina o indígena.

De manera adicional, establece que las marcas de menor precio deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primer y último estante. Y qaue en las góndolas virtuales se garantice que esos mismos productos se publiquen en la primera visualización de la categoría en cuestión.

En cuanto a las negociaciones de pago entre proveedores y supermercados limita los plazos a un máximo de 60 días corridos y le permite a los fabricantes aplicar intereses en caso de pagos realizados fuera de término, "siempre y cuando no existan razones legales y fundamentadas por el incumplimiento".

Al respecto, Juan Vasco Martinez, presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), acusó a quienes impulsan la Ley de Góndolas de querer "romper las normas del libre mercado" y de fomentar la intromisión del Estado en un negocio privado". Según su visión, "ninguno de los objetivos que se pretenden cumplir con esta ley se van a obtener mediante su ejecución tal como la plantean los diputados".

Para el titular de la cámara empresaria que agrupa a las grandes marcas de supermercados del país como Coto, Walmart, Carrefour, Jumbo, Disco y La Anónima, la norma es "inconstitucional" y de votarse tal como se presentó para su debate en la Cámara baja podría profundizar la crisis que estas cadenas ya sufren como consecuencia de la recesión, la caída del consumo, la suba de la inflación y la volatilidad del dólar.

"La ley parte del mito de creer que la ubicación de un producto en una góndola asegura la creación de una marca, cuando no es cierto", detalla el ejecutivo, quien pone como ejemplo los productos propios de los supermercados "que, a pesar de tener un lugar privilegiado y un abastecimiento asegurado, avanzan a paso de tortuga y no tienen el peso que logran en otros países".

Según Vasco Martinez, la ley es comparable a la que durante el anterior gobierno kirchnerista se pretendió votar para regular el contenido y las publicaciones en los medios periodísticos, conocida como "Ley de Medios".

"Ese proyecto buscaba regular lo que se podía escribir, de quién se podía escribir y la cantidad de líneas de una nota, mientras que la Ley de Góndolas busca lo mismo, como es regular los contenidos de las góndolas", advierte el titular de la ASU.

En las cadenas hipermercadistas mientras tanto, avalan las críticas de Vazco Martinez y anticipan que, de ser convertida en ley, provocará duras consecuencias en un sector que, consideran, no posee el liderazgo del mercado sino que solamente representa un tercio del volumen total de ventas anuales.

"Nos quieren controlar a nosotros, que tenemos todo en regla, damos trabajo en blanco, pagamos la totalidad de los impuestos, y dejan afuera a los que toman personal en negro y no cumplen con las normas impositivas, con lo cual se verán favorecidos por esta presión legislativa", detallan desde una de las cadenas líderes.

Con la misma visión, desde otro híper cuestionan que el proyecto consensuado entre el Gobierno y la oposición deje afuera a otros importantes jugadores del mercado como los chinos, los supermercados de barrio y los de proximidad que no pertenezcan a una de las grandes cadenas. "Nos sancionan a nosotros, que somos competitivos entre sí, que solamente tenemos una porción menor del negocio y que tenemos todo en regla", agregan.

En este sentido, los empresarios del sector califican como "muy negativas" las consecuencias que la Ley de Góndolas puede tener para sus operaciones en el país. De hecho, se refieren a la necesidad de reducir sus sucursales y el personal, aunque también advierten que podrán tomar el camino judicial para evitar la puesta en marcha de la norma.

"En un momento económico como el actual, en donde sufrimos problemas financieros y debemos ser asistidos por nuestras casas matrices, esta ley viene a profundizar dicho escenario, por lo que vamos a pelear primero en el ámbito legislativo y si fracasamos, en el judicial para intentar que esta aberración de ley no se cumpla", argumentaron los empresarios.

En tanto en varias empresas productoras consultadas por iProfesional se muestran críticas con el contenido de la iniciativa y anticipan que dañará la tarea de construcción de marca que llevan adelante a partir de lograr las mejores ubicaciones de sus productos en las góndolas.

También señalan que la regulación sobre la ubicación de los artículos no necesariamente reflejará la demanda de los consumidores. "Por más que un artículo tenga la mejor ubicación, si la gente no lo compra no hay forma de que la ley se aplique", explica el CEO de una de las empresas alimenticias más grandes del país y con una gran cantidad de productos ubicados de manera preferencial en las góndolas de los híper.

Las críticas y rechazos a esta ley tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal también impulsa un proyecto similar, aunque más restrictivo según advierten los empresarios.

En los supermercados, la crítica a la iniciativa bonaerense se vincula con la obligación de reservar una gran porción de las góndolas a productos de pymes ya que, sostienen, no todas se encuentran con los papeles en regla y cumplen con los estándares de calidad necesarios para ser avalados como proveedores de grandes grupos internacionales.

En una cadena ponen como ejemplo lo que ocurrió cuando SanCor dejó el mercado lácteo y debieron buscar reemplazo entre pymes de Santa Fe y Córdoba. "Solamente pudimos dar de alta a dos, porque el resto no tenía ni condiciones formales de empleo ni de calidad para estar con sus productos en las góndolas", recuerdan.