Nuevas medidas del Gobierno para separar empresarios "corruptos" se cobran a su primera víctima

A pocas horas de haberse publicado una resolución del Gobierno que fija nuevas pautas para la participación de las empresas en las licitaciones de obra pública, uno de los ejecutivos vinculados con la causa de los cuadernos debió renunciar a su cargo.

Se trata de Manuel Santos Uribelarrea, presidente y fundador de la empresa MSU, que precisamente lleva sus iniciales y que se dedica principalmente a los negocios agropecuarios y considerada entre las principales referentes de este sector en toda Sudamérica.

Su core business se orienta hacia la producción extensiva de granos y ganadería en las zonas mas importantes del Mercosur. En la actualidad posee 265.000 hectaréas con trigo, maíz, soja, girasol, cebada y arroz, además de actividad ganadera.

Cosecha 830.000 toneladas de granos por año y también posee una cartera de $470 millones en management de activos ya que también le brinda asistencia a inversores que buscan oportunidades en los agro negocios.

La participación de Uribelarrea en la causa que se inició tras la aparición de los cuadernos del chofer Oscar Centeno quedó probada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío. Sin embargo, la causa no se vincula a MSU sino a una empresa constructora que Uribelarrea compró en el 2010 ycuyas iniciales son UCSA. 

Ocurre que el propio empresario terminó por admitir sus vinculaciones y fue imputado por el delito de partícipe necesario de la asociación ilícita que se dedicó, durante una década, al pago y cobro de  sobornos y que habría sido liderada por Cristina y Néstor Kirchner. Declaró haber usado UCSA para realizar tres pagos como aportes a la campaña electoral. Es más, en su defensa, el titular de MSU señaló que hizo pagos "bajo presión" del anterior gobierno, para las campañas políticas de 2015 del Frente para la Victoria.

Sin embargo, el juez Bonadio considera que los fondos fueron destinados para otros objetivos, más que nada si se tiene en cuenta que MSU comenzó a participar de las licitaciones energéticas que organizó el kirchnerismo para adjudicar nuevas centrales térmicas.  De hecho, ya cuenta con tres usinas en operación comercial ubicadas en las localidades bonaerenses de General Rojo y Barker, y en Villa María, Córdoba, con una capacidad de generación nominal de 150 MW cada una. Y a fines del año pasado, su filial MSU Energy, fue adjudicada con nuevos planes de previsión asegurados en el marco de un plan para optimizar la eficiencia de sus plantas con la expansión y conversión de sus tres centrales de ciclo simple a ciclo combinado, para lograr una capacidad total de 750 MW.

Desde el holding aclararon que ni MSU ni MSU Energy están vinculadas con la causa que solamente afecta a la constructora UCSA. En especial porque aseguran que los contratos de energía fueron cerrados en el 2016, es decir, durante la actual gestión del gobierno de Cambiemos.

Pero tras sus declaraciones ante el juez de la causa, Uribelarrea pidió licencia a su cargo por ocho meses y el directorio de MSU decidió que fuera reemplazado por su padre, quien se llama de la misma manera.

Sin embargo, ahora renunció. Lo hace el mismo día en que se publica en el Boletín Oficial la resolución 27/2018 de la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso, que determinó lineamientos que deberán cumplir las compañías involucradas en irregularidades para seguir participando como proveedores del Estado.

“El directorio de la sociedad ha decidido aceptar la renuncia presentada el 4 de octubre por el señor Manuel Santos Uribelarrea Balcarce al cargo de presidente de la sociedad”, sostiene la nota envida por MSU a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Las razones de la decisión tienen que ver con la necesidad de preservar los negocios de la empresa de los cargos que se le imputan a Uribelarrea y con el objetivo de evitar que la investigación afecte el normal desenvolvimiento de la sociedad.

Una determinación con vinculación directa con las nuevas normas con las cuales el Gobierno quiere despegar a las empresas involucradas en el pago de coimas y sobornos a funcionarios kirchneristas de los empresarios imputados y procesados por Stornelli y Bonadío.

De hecho, la resolución dada a conocer en esta jornada le permite a esas compañías no perder contratos vigentes de obra pública y seguir formando parte del listado de proveedores del Estado. Pero como condición, tendrán que separar a los ejecutivos imputados en el caso de los cuadernos, a los condenados y a los que se acogieron a la figura del arrepentido o imputado colaborador.

También tendrán la obligación de cumplir con programas de "integridad", con códigos de buena conducta y medios de denuncia internos. Todo para mostrar una fuerte señal de transparencia. De hecho, fue el propio presidente Mauricio Macri quien exigió que la norma incluya la obligación de que los hombres de negocios y accionistas vinculados en causas de corrupción den un paso al costado.

Hasta ahora, lo hicieron otros importantes ejecutivos como Aldo Roggio, quien después de haber sido involucrado en la investigación y ser imputado por el juez Bonadío, decidió renunciar a los cargos que venía ocupando en su holding.

Del mismo modo actuó Gerardo Ferreyra, uno de los principales accionistas de Electroingenería. Tras haber sido enviado a prisión, decidió correrse de sus puestos en el grupo cordobés. También hizo lo mismo Armando Loson, propietario del grupo Albanesi.

En el caso de Techint, hasta ahora se desconoce la decisión que tomarán tanto Luis Betnaza como el propio Paolo Rocca, dueño del conglomerado empresario dedicado a la producción de acero.

Ambos empresarios admitieron haber pagado coimas a ex funcionarios kirchneritas para intentar que el gobierno de Venezuela pague una indemnización al holding por la expropiación de Sidor, hecho ocurrido en 2006 y del cual participó Claudio Uberti, en ese momento a cargo de la llamada aduana paralela que Néstor Kirchner había creado para hacer negocios con el país de Hugo Chávez.

De hecho, Betnaza ya declaró en la causa y si bien no se convirtió en arrepentido, admitió los hechos. En tanto, Rocca fue imputado por el juez Bonadío y deberá declarar este viernes y no el próximo 16 de octubre, tal como estaba previsto inicialmente.

Unas horas antes a su presencia en los tribunales de Comodoro Py, el dueño de Techint estará presente en una de las reuniones organizadas en el marco de la cumbre de empresarios del B20 que sesionará desde este jueves y todo el viernes en los salones del CCK y de la Rural de Palermo. De hecho, Rocca es el titular de la task force de ese evento sobre Comercio e Inversiones y partipa de un panel dedicado a analizar las relaciones multilaterales.