Glifosato, cáncer y polémica: pese a millonaria multa contra Monsanto en EE.UU., para el gobierno de Macri no es riesgoso

El primer pronunciamiento oficial llegó desde el Ministerio de Agroindustria. El segundo, proveniente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo dependiente de la misma cartera y con competencia en las aprobaciones y los criterios de uso que rigen sobre los plaguicidas se utilizan en el país para producir alimentos.

El discurso resultó idéntico: ante la consulta de iProfesional, desde ambas dependencias oficiales afirmaron que, más allá de comprobarse que el jardinero estadounidense Dewayne Johnson contrajo cáncer tras efectuar durante años pulverizaciones con el glifosato RoundUp desarrollado por Monsanto, la condena legal que acaba de sufrir la multinacional en EE.UU. no cambia en absoluto la etiqueta de "inocuo" que el Gobierno le asigna al herbicida.

Cabe destacar que la semana pasada, la compañía fue condenada a pagar una indemnización de u$s289 millones en el marco de este histórico juicio. 

Al ser consultados por iProfesional, desde el SENASA desestimaron la gravedad de la conclusión que arrojó el litigio y que se resolvió en contra de la compañía. 

“Se trata de un juicio entre particulares. El usuario de un producto va contra la empresa. Y lo que ocurrió es un fallo de primera instancia. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato”, informaron fuentes del organismo.

En paralelo, la fuente consultada desestimó el soporte científico al que apeló el tribunal estadounidense para condenar a la compañía: “Se basaron en un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ​que incluso la Organización Mundial de la Salud no terminó de reconocer completamente. Las agencias de gobierno tampoco lo toman como relevante como para decidir qué hacer con el glifosato”, expusieron ante este medio.

320 millones de litros 

El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.

Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.

La sentencia en San Francisco coincide con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.

Monsanto deberá desembolsar u$s289 millones para indemnizar a Johnson, quien contrajo la enfermedad tras realizar pulverizaciones con las formulaciones RoundUp y RangerPro del herbicida en predios escolares de California entre los años 2012 y 2014. 

El dictamen en los Estados Unidos reabre la discusión en torno a la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación, ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.

“SENASA seguirá de cerca los resultados del juicio. Monsanto apelará. El organismo elaborará un documento completo sobre la condición del glifosato”, remarcaron desde esa dependencia.

¿Qué es el glifosato?

El herbicida, autorizado por primera vez en Estados Unidos en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.

Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación.

Por eso es que hubo que manipular genéticamente a la soja, para que fuera resistente.

Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar desarrollándose en un campo luego de las habituales fumigaciones.

El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).

En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.

Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.

En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.

“Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó el profesional, especialista en biología molecular.

En julio pasado, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.

Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.

En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.

El clorpirifos, en revaluación

En paralelo al fuerte cuestionamiento que crece alrededor del uso del glifosato, ahora con condena legal incluida en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) también decidió retirar del mercado todas las formulaciones a base de clorpirifos.

Junto con la cipermetrina, este último es el insecticida más utilizado en el agro de la Argentina. Creación de Dow, se trata de un organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años 60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de cultivos diferentes.

La semana pasada, un tribunal de apelaciones también en San Francisco impuso a la EPA un plazo de 60 días para sacar de circulación al producto.

El fallo que originó esta medida certifica entre sus argumentos que el clorpirifos provoca daño neurológico –sobre todo en niños–, pérdida de inteligencia y cambios en la conducta. Añade que, incluso en dosis bajas, el contacto con el pesticida puede generar trastornos como el autismo.

Dado que, como en el caso del glifosato, la habilitación para el uso de clorpirifos en la Argentina también se sustenta en el permiso otorgado por la EPA en Estados Unidos hace décadas, los cambios hacían suponer que la decisión legal en ese país también iba a traer repercusiones en el escenario local.

Sin embargo, desde SENASA se ocuparon en aclarar que la utilización del producto se encuentra en “proceso de revisión” desde tiempos previos a lo fijado ahora en San Francisco.

“Actualmente, el organismo está en instancia de evaluación de usos y consideración de alternativas posibles. Este proceso en torno al clorpirifos puede derivar en la reducción de los límites máximos de residuos en productos agrícolas, la cancelación de determinados usos o la prohibición”, indicaron las fuentes contactadas.

Para luego remarcar: “SENASA se encuentra observando el proceso y la decisión que se tome en Estados Unidos, así como también las determinaciones que adopte la Agencia de Protección Ambiental. Pero nuestro país tiene su propio proceso de revisión para determinar medidas a adoptar en el uso de clorpirifos”.

En el plano local, residuos de clorpirifos han sido constatados en análisis realizados por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el CONICET.

Desde muestras de agua recabadas en cuencas como la del río Paraná, hasta producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el agrotóxico está muy difundido en el país y esto preocupa a los científicos. 

En la Argentina, su comercialización se encuentra liberada, a punto tal que resulta muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de portales de comercio electrónico.