Fallo Levinas: impacto en la Justicia y desafíos para las empresas

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso "Levinas" ha generado un cambio paradigmático en el sistema judicial argentino, especialmente en el ámbito de la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Un giro trascendental en las competencias judiciales

La decisión del Máximo Tribunal establece que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ CABA) será la instancia final para resolver las apelaciones en los casos en los que se solicite un Recurso Extraordinario Federal, regulado por lo establecido en el artículo 14 de la Ley 48.

Este fallo no distingue entre materias civiles, comerciales, laborales, entre otras, y marca un antes y un después en la interpretación de las competencias judiciales de CABA. Aunque la medida busca afianzar la autonomía judicial porteña, su implementación enfrenta críticas por la ausencia de una ley que regule esta transferencia de competencias, en materia de recursos.

¿Qué implica el fallo Levinas?

En el caso "Ferrari c. Levinas", resuelto el 27 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las apelaciones que antes llegaban directamente a su instancia ahora deberán tramitarse ante el TSJ CABA. Si bien este cambio busca fortalecer la independencia del sistema judicial porteño, introduce una serie de incertidumbres para los litigantes, quienes esperaban procesos ágiles y previsibles.

Impacto en el ámbito empresarial

Las empresas valoraban la previsibilidad que ofrecía la Corte Suprema, cuya jurisprudencia consolidada y claridad en los tiempos procesales facilitaban la planificación de estrategias legales. Sin embargo, con este cambio, se abre un panorama de incertidumbre:

• Limitada jurisprudencia del TSJ CABA: este tribunal ha tenido competencias acotadas hasta la fecha, por lo que no cuenta con precedentes sólidos en varias materias.
• Incompatibilidades técnicas: la coexistencia de sistemas de gestión judicial distintos, como el Lex 100 (Justicia Nacional) y el EJE (Justicia de CABA), podría generar demoras y complicaciones prácticas.
• Normas procesales divergentes: los recursos que antes seguían el procedimiento de la Corte ahora se regirán por la Ley 402, que regula el funcionamiento del TSJ CABA, obligando a los operadores jurídicos a adaptarse rápidamente.

Reacciones del ámbito jurídico

El fallo ha generado divisiones entre los juristas. Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), su presidente, Ricardo Gil Lavedra, destacó la necesidad de respetar la decisión de la Corte, pero propuso la creación de una mesa de trabajo para mitigar las complicaciones prácticas.

En contrapartida, algunos juristas como Nahuel Altieri, presidente de la Asociación Abogados del Fuero del Trabajo, cuestionaron duramente la constitucionalidad de la medida, señalando que altera el principio de juez natural y carece de sustento legislativo.

Un hecho que sorprendió al ámbito jurídico fue la publicación de la sentencia en la sección de "Legislación y Avisos Oficiales" del Boletín Oficial, un procedimiento poco habitual que refuerza el carácter vinculante y general (erga omnes) de la decisión.

Desafíos para las empresas y pymes

Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes), deben estar preparadas para enfrentar esta transición judicial con estructuras legales más flexibles y asesoramiento especializado.

En los principales estudios especializados en derecho corporativo ya comenzaron a trabajar de cerca con cada clientes para comprender los nuevos procedimientos y prever posibles impactos en sus estrategias legales.

La inversión en asesoramiento preventivo podría ser clave para evitar conflictos innecesarios o reducir el impacto de esta nueva realidad judicial.

¿Hacia una justicia más predecible?

Aunque el fallo Levinas busca avanzar hacia una mayor autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, su implementación plantea interrogantes que no solo afectan al ámbito jurídico, sino también al ecosistema económico. Resolver estos desafíos será esencial para garantizar la seguridad jurídica que empresas y ciudadanos necesitan.

En este contexto, resulta fundamental que los actores involucrados –abogados, jueces y legisladores– trabajen en conjunto para encontrar soluciones que no sacrifiquen los principios constitucionales ni los derechos de los justiciables.