La Justicia frenó la remoción de las bicisendas en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires enfrenta una disputa legal que podría marcar un precedente sobre la movilidad urbana y los derechos colectivos. El conflicto surge a raíz de la remoción de una ciclovía en la calle Tucumán por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

Las autoridades tomaron en cuenta las críticas de los vecinos, quienes señalaron que la obra únicamente provocó inconvenientes para peatones y conductores.

Una situación similar se observa en varios barrios de la ciudad. Por esta razón, la administración de Jorge Macri está trabajando en la eliminación de más ciclovías y en la ampliación y mantenimiento de otros trayectos exclusivos para la circulación en bicicleta.

Esto llevó a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad a presentar un amparo colectivo, exigiendo la interrupción de las obras y la reinstalación de la ciclovía. 

¿Qué dice la resolución?

"Luego del pedido de medida cautelar que realizó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Juez Guillermo Scheibler ordenó la siguiente PRECAUTELAR: X. Asimismo, a fin de garantizar el objeto de la presente acción en virtud el principio precautorio que rige en la materia (art. 4°, ley 25.675), en uso de las facultades atribuidas a los jueces por el artículo 32 in fine de la ley 25.675, corresponde ordenar a la demandada, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, como medida precautelar que por donde corresponda disponga la inmediata paralización de las obras de remoción de las ciclovías ubicadas en las calles Tucumán y Marcelo T. de Alvear de esta ciudad hasta tanto se acompañen a la causa las actuaciones administrativas solicitadas en el punto IX del presente proveído y se resuelva respecto de la medida cautelar solicitada", señaló el ODC.

"Así también, corrió traslado al GCBA por el término de dos (2) días. Asimismo, en idéntico plazo le requirió la remisión de la totalidad de las actuaciones administrativas (estudios, informes, actos administrativos, etc.) que dieron origen a las tareas de remoción de las ciclovías ubicadas en la calle Tucumán de esta ciudad", se agregó.

¿Qué reclama el amparo colectivo?

La demanda, presentada el 16 de diciembre de 2024, busca dos objetivos principales:

• Detener las obras de remoción y reinstalar la ciclovía en las mismas o mejores condiciones
• Declarar inconstitucional cualquier norma o decisión administrativa que autorice dicha remoción

Los denunciantes argumentan que la eliminación de la ciclovía afecta derechos fundamentales como el acceso a una movilidad segura, la protección ambiental y la participación ciudadana en decisiones relevantes. También señalaron que el GCBA no presentó justificaciones administrativas ni permitió instancias de consulta pública, lo que vulnera el principio de progresividad en políticas de transporte sustentable.

Según la Asociación Civil, las ciclovías son esenciales para garantizar una movilidad segura en zonas de alta circulación vehicular, además de fomentar el uso de transporte alternativo y reducir la contaminación. La remoción de la ciclovía en la calle Tucumán, entre Av. Corrientes y Av. Córdoba, sería un retroceso en la promoción de medios de transporte sustentables.

El reclamo se apoya en el Código de Tránsito y Transporte de la ciudad, que establece que decisiones como esta deben ser aprobadas por la Legislatura local y contar con instancias de participación ciudadana. Para los demandantes, el GCBA actuó de forma unilateral, sin cumplir con estos requisitos.

¿Qué resolvió la justicia?

En términos simples,  la justicia determinó que este caso debía ser tratado como un amparo colectivo, ya que los derechos en juego afectan a toda la comunidad de Buenos Aires. Esto incluye el derecho a un medioambiente sano y a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Además, se ordenó que el GCBA presentara toda la documentación administrativa que respalde las obras de remoción y suspendiera los trabajos hasta que se resolviera el pedido de medida cautelar. Este traslado de información es clave para determinar si las obras fueron realizadas conforme a la ley.

Por último, la jueza también aceptó unificar esta causa con otra presentada por la Asociación Civil Movilidad Activa y Sostenible, que persigue objetivos similares. De esta forma, se busca evitar sentencias contradictorias y garantizar una resolución coherente.