Escándalo por los seguros: la Justicia llamaría a indagatoria a Alberto Fernández
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La Justicia federal prepara la citación a indagatoria a Alberto Fernández en la causa que investiga la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación que habrían favorecido a brokers cercanos al entorno del expresidente.
Además del expresidente, el juez Julián Ercolini imputó a María Cantero, exsecretaria de Fernández, a su marido Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021.
Dicha reglamentación exigió que los organismos del Estado contraten a esa aseguradora. Eso habilitó la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers que se quedaron con jugosas comisiones.
El caso tiene bajo a la lupa a 45 organismos oficiales que firmaron 25 contratos con la intermediación de asesores de seguros. En concepto de comisiones, durante todo el gobierno de Alberto Fernández se pagaron 3.453.302.770 pesos, unos 17 millones de dólares. Martínez Sosa fue el segundo broker más beneficiado con el pago de comisiones: se alzó con 19 contratos por $366.635.744.
Seguros: ¿qué medida tomará la Justicia contra Alberto Fernández?
La causa empezó por una auditoría interna del actual gobierno de Javier Milei en la ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers. En el expediente investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.
"Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras", dice el documento.
Al tratarse de organismos estatales, el juez Ercolini busca determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos, y que además cobraron elevadas comisiones.
El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras empresas el servicio que, por decreto del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial. Ahora, prepara la citación a indagatoria a Alberto Fernández.
Escándalo de los seguros: qué decía el decreto que firmó Fernández
El foco en particular está puesto en los créditos de la ANSES a los jubilados. Antes del gobierno del Frente de Todos, el organismo previsional usaba autoseguros, pero a fines de 2021, por una orden de Alberto Fernández, todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros. El problema era que Nación Seguros contrataba, a su vez, a varios bróker y a empresas privadas aseguradoras que se llevaban grandes comisiones.
Ese decreto además establecía que los contratos debían hacerse mediante convenio interadministrativo para el caso de la administración central y por régimen de contrataciones para el caso de empresas públicas y entes fiduciarios.
En el texto del decreto se prohíbe expresamente la subcontratación de pólizas, pero no se hace mención a que no podría haber gestores. Ahí es donde aparecen los intermediarios bajo sospecha.
El mismo establecía que todas las entidades del Sector Público Nacional "deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera"
El artículo 4 de la norma, aclaraba que, "a su vez, esta empresa podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo", dar participación en forma de coaseguro, "a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros".
De esta manera se habilitaba el ingreso de intermediarios que debían estar bien conectados, ya que no se habría generado ninguna licitación ni compulsa su contratación.
La normativa detallaba que "los porcentajes a ofrecer a otras entidades del mercado deberán guardar proporción con respecto a su responsabilidad patrimonial y demás indicadores que considere para su evaluación y para tales ofrecimientos, y, en su caso, con la eventual participación de entidades reaseguradoras del mercado local y/o reaseguradoras admitidas del exterior, dentro del marco normativo vigente".
Las pólizas en cuestión fueron emitidas con una vigencia de 12 meses y originalmente vencían el 2 de marzo de 2023, pero la gestión de Alberto Fernández optó por hacer uso de la prórroga "por única vez y por un plazo igual", por lo que se extendieron hasta esa misma fecha, pero de este año. Ante posibles irregularidades en los contratos y en las comisiones que se cobraban por las pólizas de seguro de jubilados y beneficiarios de planes sociales que sacaran un crédito en el ANSES se podría abrir una causa judicial.