El plan de los empresarios para bajar el costo indemnizatorio que ya analiza el Gobierno: puntos principales

Desde hace unos días, viene ganando fuerza entre el empresariado, sindicatos y entre algunos funcionarios del propio gobierno nacional una idea para reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo.

Si bien tiene algunas diferencias con los proyectos impulsados por el macrismo hace poco más de tres años, en el fondo se parecen ya que proponen que ese seguro esté a cargo del Estado con fondos obtenidos de los impuestos que recibe por los empleos registrados.

Esta propuesta es acompañada no solo por grandes empresarios sino también por entidades que agrupan a las pymes ya que consideran que cambiar la legislación laboral y modificar el régimen de las indemnizaciones sería beneficioso para impulsar y generar empleo.

En concreto, la propuesta promocionada Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, titulada "Mochila Argentina", ya fue entregada a políticos de diversos partidos políticos e ideologías, sindicatos y empresarios. El nombre hace referencia a "mochila austríaca", en base a la legislación de Austria.

"Se lo denomina mochila por la idea de que el derecho a la indemnización viaja en la mochila del trabajador cuando pasa de empresa a empresa", señaló la propuesta.

Entre quienes se muestran a favor está el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. "Con horas extras se compensa la falta de dotación, porque no te animás a contratar. Hay infinidad de casos, los países nórdicos lo resolvieron hace mucho tiempo, lo llaman flexiseguridad", afirmó en una entrevista con el diario Perfil.

Los empresarios consideran que la reforma ayudaría a crear empleo y previsibilidad

Los puntos principales

Según el documento, este Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) sería administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros y una entidad de control que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, que seguirían cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.

Este pago se cancelaría cuando se superen los meses que correspondan a los años trabajados. El monto del seguro, según la propuesta, sería de 1% más el 8,33% dividido los años de la antigüedad promedio de la empresa con un mínimo de 2% total, como forma de premiar la relación duradera del empleo.

"Necesitamos una reforma superadora a la institución indemnizatoria que otorgue beneficios a los empleados y disminuya el costo para las empresas, eliminando la necesidad de una reforma laboral que quita derechos y fomente la creación de más puestos de trabajo en el sector privado dando más derechos a los empleados", resumió la propuesta.

"Los empleados también percibirán beneficios en los casos en los cuáles las empresas que necesitan bajar personal por falta de trabajo o incluso por mejoras técnicas. Muchas veces por no tener liquidez, negocian quitas para despedir con menores costos (para preservar la empresa), o incluso despiden ‘con causa’ con la esperanza de postergar el momento de pago de la indemnización", agregó.

"Pagando las empresas un seguro sobre la nómina salarial (SGI), puede llegar a formarse un capital de donde salga la indemnización de aquellos que pierdan el trabajo o deseen incluso tomarse un tiempo de descanso", de acuerdo con la propuesta.

Por otro lado, desaparecería la distinción entre despido "con y sin causa", como también si fue la empresa que lo despide o la persona que prefirió renunciar pues en ambos casos el empleado tiene y mantiene sus derechos.

Según explicó la propuesta, los trabajadores serán los dueños de sus indemnizaciones. ¿Qué beneficios tendrían, al cambiar o perder su empleo?

• Poder cobrar 100% de lo que le corresponde.
• Tomar un descanso manteniendo su antigüedad.
• En caso de querer trasladarse a otra empresa se la lleva consigo la antigüedad.
• En caso de concurso de acreedores o quiebre de la empresa, no requiere de esperar la instancia judicial.

En tanto, los empleadores tendrían como ventajas no perder capital en gastos de indemnización ni de abogados, lo que les permitiría crecer más rápidamente. También las empresas podrían eliminar su pasivo laboral, lo que haría subir su valor.

"El efecto en el empleo será inmediato. Hay una necesidad perentoria de generar trabajo en el sector privado para disminuir la pobreza que ha ido en aumento continuo, aun con la ayuda cada vez más grande que la sociedad recibe, producto entre otras cosas de la cada vez menor proporción de empleo en blanco en el sector privado generador de riqueza", estimó Karagozian en su propuesta.

La propuesta llegó inclusive al Ministerio de Trabajo y tiene el visto bueno de funcionarios que promueven la industria. En caso de avanzar, aplicaría para nuevos contratos y para el segmento pyme.

El actual presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, apoya las modificaciones

Otras propuestas

Durante la campaña presidencial de 2019, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó un documento para remarcar los distintos problemas que tiene el empresariado argentino, entre los que se encontraban el disminuir la presión tributaria, la litigiosidad laboral y acotar los montos de los juicios laborales

Entre algunas de las propuestas, en las que ya trabajan algunos legisladores, se encuentran el de "establecer un régimen de protección y estímulo a las industrias de sectores sensibles" y para ello se propone "crear una fórmula para determinar el costo del servicio de ART, en línea con la caída estadística de los juicios laborales" y la "facilitación de un marco previsible para la contratación de trabajadores; establecimiento de un fondo ahorro obligatorio de desempleo y retiro para los trabajadores; y la fijación de montos máximos a la litigiosidad laboral".

Asimismo, considera que se debe "eliminar del sueldo del empleado el descuento a los aportes desligados a lo previsional".

En el macrismo

A fines de 2017, el gobierno de Mauricio Macri buscó impulsar un nuevo sistema de indemnizaciones laborales, que pretendía que las empresas estén más reguardadas, en términos financieros, en caso de recibir una condena judicial.

La iniciativa especificaba también que el costo sería afrontado por la empresa y que en la industria de la construcción se utiliza un sistema parecido: "Si bien tuvo varios problemas en el inicio, en la actualidad funciona bien".

Para este sector, la compañía destina un equivalente al 12% del salario del trabajador el primer año y un 8% a partir del segundo.

No obstante, los detractores (entre los que estaban algunos funcionarios del actual gobierno) señalaban que serán los empleados quienes -en última instancia- harán el aporte, ya que el dinero que se destine al fondo será restado de la retribución salarial.