Facturas truchas: cómo es la pata profesional investigada en una causa por megaevasión
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A dos meses y medio de los allanamientos masivos por la llamada "megaevasión" en la ciudad de Córdoba, el monto bajo sospecha acaba de actualizarse: más de 2.400 millones de pesos en facturación apócrifa, según calculan los investigadores federales.
Asociación ilícita, alteración dolosa de registro, evasión y administración fraudulenta son las figuras penales que se leen en los hasta ahora 92 hechos delictivos fijados en la acusación que llevaban adelante los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, bajo la supervisión y el aval del Juzgado Federal N° 1, que lidera Ricardo Bustos Fierro, indicó el diario La Voz.
Causa compleja
Una compleja causa en la que se analizan más de 15 mil facturas truchas diseñadas, y en la que hasta ahora aparecen imputados dos intendentes (Daniel Salibi, de Mendiolaza, y Cayetano Canto, de Saldán), 48 empresarios o contribuyentes y 18 contadores.
En tanto, se analiza la situación legal de personas de muy bajos recursos cuyas claves fiscales fueron utilizadas para generar la facturación apócrifa, según se sospecha.
En términos simples, se persigue a una organización que generaba facturas apócrifas, las que luego eran vendidas a empresas y particulares que buscaban simular gastos para evadir el pago de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).
Como supuesto líder de la presunta asociación ilícita figura Diego Vieyra Ferreyra, quien permanece detenido, agregó el matutino.
Los contadores
Entre los diversos roles que los investigadores de la Justicia federal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) han ido anotando en el enorme organigrama de la causa, a los contadores les han guardado un lugar destacado.
Al menos ocho de estos profesionales investigados pasaron varios días detenidos, aunque ya todos salieron de la cárcel, remarcó La Voz.
La persecución legal contra los contadores ha generado inquietud en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), ya que no es común que sus asociados integren las causas penales.
¿Cuál es el reproche general en la causa contra los profesionales? Ellos son quienes habrían firmado los balances de las empresas ahora sospechadas de haber utilizado esas facturas apócrifas para simular gastos y así intentar evadir la carga impositiva, siempre de acuerdo al expediente que se instruye en la torre de Tribunales Federales de Córdoba.
En ese sentido, el presidente del CPCE, José Simonella, planteó que entre los contadores colegiados existe preocupación en dos direcciones a raíz de esta mega investigación.
"Por un lado, en caso de que los profesionales sean responsables, desde la institución nos preocupamos por el daño y la reputación general", explicó.
Y continuó: "Pero no siempre está claro el alcance de la responsabilidad de los profesionales en este tipo de casos. Muchas veces se certifica el balance sin tener toda la información de la firma disponible, sino que se hace sobre un muestreo. Porque el profesional ve lo que el cliente le deja ver. Además, el listado de las llamadas ‘facturas apoc’ (por apócrifas) que publica la Afip puede ser posterior al balance que firmó el contador".
Por ello, Simonella advirtió que desde el CPCE están analizando que "las responsabilidades que asumen los profesionales son cada vez mayores".
Y completó que en la actualidad el CPCE está trabajando con la Justicia provincial para "explicar bien el alcance de la tarea profesional", con la idea de que los funcionarios judiciales puedan conocer de manera clara de qué manera los contadores realizan su trabajo.