Evalúan extender hasta fin de año la prohibición para realizar despidos por fuerza mayor

En línea con la decisión de mantener el programa de Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para garantizar el pago de salarios y fijar esquemas consensuados de suspensiones de personal, en la administración de Alberto Fernández admiten que ya se evalúa la alternativa de extender por lo menos hasta fin de año la prohibición para efectuar despidos sin justa causa y por las causales de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo durante la emergencia sanitaria.

Esa medida rige desde principios de abril, casi al comienzo de la cuarentena, y es renovada cada bimestre mediante un decreto por necesidad y urgencia (DNU).

Ahora su vigencia está establecida hasta el próximo 30 de septiembre, pero en el Gobierno descuentan su prórroga aunque con algunas limitaciones en sus alcances generales.

"La idea que trabajamos es ir bajando la intensidad de esa medida de a poco. De hecho, es lo que estamos haciendo con el programa ATP y su reconversión en etapas desde la ayuda para pagar sueldos a los créditos a tasa subsidiada", explicaron desde la cartera laboral a Rosario 3.

Al respecto, recordó que el último decreto de mes de julio que renovó la prohibición de despedir redujo el universo de aplicación de la medida al definir que la misma no rige para el caso de los nuevos contratos laborales definidos tras la entrada en vigencia del DNU.

Si bien entre los colaboradores del jefe de Estado indicaron que aún no está definida la fecha hasta cuando regiría esta siguiente extensión de la normativa, aseguraron que tendrá una correlación directa con los plazos de vigencia del ATP y el resto de la asistencia estatal para preservar el empleo.

"Todavía no lo tenemos totalmente diseñado pero vamos a ir siguiendo una política similar" con el decreto antidespidos comentaron los voceros del Gobierno, y remarcaron que fue precisamente esta batería de medidas diseñadas desde el Estado las que impidieron una baja mayor del empleo registrado. 

Continuarían las medidas para evitar despidos y negociar suspensiones

Las fuentes consultadas por Rosario3 aseguraron que en el Gobierno consideraban que "no podíamos prohibir los despidos y las suspensiones sin pago si no dábamos a la par asistencia a las empresas que estaban cerradas. Las dos cosas no salieron temporalmente juntas de casualidad, fueron diseñadas en conjunto: prohibamos los despidos y generemos un mecanismo de asistencia a las empresas para que puedan pagar los salarios", remarcaron.

Desde el Gobierno destacaron que los datos sobre la evolución del empleo privado formal a partir de junio evidenciaron los efectos de las medidas oficiales. Durante ese mes, según la información del SIPA, el empleo asalariado formal registró una caída mensual de -0,1%, marcando una desaceleración de la caída medida en los meses previos.

En marzo, el empleo asalariado privado había caído -0,7%, lo que implica la destrucción de 41.000 puestos, mientras en abril el recorte había alcanzado -1,7% (102.000 empleos menos) y en mayo la pérdida de puestos alcanzó a 20.000 empleos, lo que representó un deterioro de -0,3%. Las fuentes esperan que los datos del SIPA para julio y agosto confirmen este freno.

Los datos de consultoras privadas confirman esta tendencia que aún no habla de recuperación del empleo registrado. Y de la misma manera se confirman casos de empresas que si han despedido por causas de fuerza mayor en plena pandemia.