Diputados ya debate el proyecto que modifica las jubilaciones de los jueces y diplomáticos

El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos comenzó a ser tratado en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Ante la advertencia del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien indicó que "entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley", las comisiones de Presupuesto, presidida por el kirchnerista Carlos Heller, y de Previsión, encabezada por el también oficialista Marcelo Cassareto, escuchan las opiniones de los diferentes invitados, y luego se abocarán al debate.

Al comienzo exponen representantes de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN).

Está previsto que también se manifiesten sobre el proyecto, que ingresó a la cámara baja el 14 de febrero, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli.

"No estamos planteando eliminar los sistemas de protección de los jueces", afirmó Moroni. "El Poder Ejecutivo comparte que los jueces cumplen una tarea especial y deben tener protecciones especiales. Deben tener derechos desiguales con respecto al resto", resaltó.

Sin embargo, dijo que lo que estaba en discusión es "cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo". En ese sentido, remarcó que mientras "se pagan 15 mil pesos a los haberes mínimos, de esos mismos recursos tenemos que estar detrayendo 10 mil millones de pesos para solventar las jubilaciones de los jueces".

Definiendo posturas

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, por su parte, definieron su postura justo antes de que arranque el debate en comisión. Allí indicaron que no darán quórum en el recinto si no se incorpora una cláusula transitoria que especifique que aquellos jueces que estén en condiciones de jubilarse podrán acogerse al régimen actual, aunque continúen trabajando más años.

El argumento es que esto evitaría un "éxodo" de magistrados, en sintonía con lo que planteó el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien advirtió que "entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley".

En la reunión también plantearán otros cuestionamientos. Así lo adelantó el jefe del bloque Coalición Cívica, Maxi Ferraro, que insistió en que "no podemos ir a un tratamiento y aprobación exprés", y remarcó: "Nos oponemos a todo tipo de privilegios, siempre pedimos que los magistrados paguen ganancias como lo realiza cualquier otro  trabajador".

Por otra parte, sostuvo que "en el debate de una ley hay que tener muy presente el contexto. Hoy nos preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la justicia y muchos de sus integrantes", y adelantó que pedirán cifras: "Debemos saber cuántos funcionarios judiciales se estarían jubilando y cuántas nuevas vacantes se generarían. No podemos permitir el vaciamiento y/o toma del Poder Judicial".

El jueves a las 11.30, en tanto, realizarán otro encuentro, que será más político y definitorio, ya que decidirán sobre el quórum y la estrategia de cara a la posición que llevarán al recinto, del que participarán los 116 diputados que integran el interbloque.

En ese sentido, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, dijo en declaraciones a Télam que no puede aventurar una voz unánime sobre el texto, debido a que "las posiciones son muy dispares" dentro del bloque que integra y destacó su iniciativa sobre jubilaciones de privilegio, diferente al del Poder Ejecutivo en "el modo de determinar el haber y la actualización".

Además advirtió por un "éxodo" y "vaciamiento" en la Justicia, en caso que avance el proyecto de ley enviado por el Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones de jueces y diplomáticos.

"En términos generales estamos de acuerdo que hay que hacer modificaciones en las jubilaciones de los jueces y diplomáticos, aunque no estamos de acuerdo con la totalidad de las modificaciones que propone el Ejecutivo", señaló el legislador.

En ese sentido, el opositor propuso "incluir (a la iniciativa) una cláusula transitoria que diga que los magistrados que hoy reúnen las condiciones para jubilarse, según la ley vigente, pueden conservar la posibilidad de jubilarse bajo este régimen aunque se mantengan en el cargo unos años más". Agregó además que este cambio "evitaría" la litigiosidad.

De modo contrario, pronosticó que "los jueces se van a jubilar de manera inmediata porque el nuevo régimen les disminuye sensiblemente la jubilación".

El oficialismo tiene número suficiente en las comisiones para conseguir dictamen de mayoría, aunque deberá trabajar para conseguir un día después el quórum para sesionar, en caso de que Juntos por el Cambio decida finalmente no facilitar esa herramienta.

El interbloque de lavagnistas y peronistas cordobeses, clave con sus 11 integrantes para conseguir el quórum, buscaba definir su posición, aunque la idea mayoritaria es acompañar la iniciativa.

El gremio de judiciales que dirige Julio Piumato planea un paro y una protesta frente al Palacio de Justicia en rechazo de la reforma, a partir del mediodía del jueves, cuando la Cámara de Diputados comience el tratamiento del proyecto de ley.

Otros proyectos

Luego de los invitados, será el turno de los diputados que tienen proyectos sobre el tema, que podrán exponer sobre los mismos. Así serán incluidos, además del proyecto oficial, uno del jefe de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, que cuenta con la anuencia del gremio judicial que encabeza Julio Piumato,  y que propone incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de ampliar la base de aportantes, llevando ese aporte al 15% para todas las categorías.

También hay otro proyecto del radical Alejandro Cacace, acompañado por una decena de diputados de la UCR y el Pro que propone terminar con los regímenes de privilegio y que todos sus beneficiarios -incluyendo al presidente, el vice y jueces de la Corte Suprema de Justicia- pasen a integrar el régimen general. La inclusión de ese proyecto en el temario es interpretada como el intento del oficialismo de correr por izquierda a Juntos por el Cambio.

La izquierda irá con un proyecto propio, que presenta este mismo miércoles a través de la diputada Romina Del Plá y que alcanza a los empleados judiciales de la Nación. El mismo excluye a los jueces de todas las instancias y a otros cargos del régimen de privilegio de la Ley 24018, pero incluye hasta los secretarios de juzgados de primera instancia que provengan de carrera judicial, un tema que ha sido motivo de luchas gremiales en los últimos años.

Voces a favor y en contra

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) , Marcelo Gallo Tagle, sostuvo que "las jubilaciones de los jueces no son de privilegio" y explicó que "llamarlas así es embarrar la cancha", al tiempo que cuestionó el proyecto porque está diseñado "para seguir socavando la imagen de la Justicia".

Además, sostuvo que "la emergencia económica" no la generaron los jueces, y afirmó que "la reforma apunta a socavar la imagen de la Justicia, pero sin un análisis correcto del impacto", al considerar que "no hay seriedad en los números" y que "han generado un impacto de renuncias" que, sostuvo, no sabe "si es buscado".

El juez señaló que quieren "dar el debate con racionalidad, con los números en la mano" y agregó que los magistrados tienen "incompatibilidades que ni el presidente de la Nación las tiene".

"Lo que nosotros queremos es colaborar en la salida de esta emergencia y tenemos diferentes propuestas para poder avanzar sobre se punto", apuntó.

En tanto la agrupación Justicia Legítima se pronunció a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero, al mismo tiempo, reclamó que se consulte a los afectados y discutir la letra chica para –según dicen- evitar que la iniciativa sea derribada luego en los tribunales.