Pedido de coima para "no quedar enganchado" con la AFIP: dos años de prisión para un inspector

"¿Sabés qué es lo más importante de esto? Es no quedar enganchado en la base de datos, entendés, porque si vos quedás enganchado con un cuarenta, después van a venir ya específicamente a ver si estás facturando o no estás facturando…", se escucha en un audio que fue analizado por la Justicia.

"Quedar enganchado con un cuarenta": un inspector de la AFIP que pedía una coima a un comerciante se refería a la posibilidad de ser sancionado según el artículo 40 de la Ley 11.683 de procedimiento fiscal, que prevé una multa de 300 a 30.000 pesos y clausura de diez días al establecimiento en infracción.

"Acá tengo diez mil pesos", respondió el dueño de dos panaderías de La Matanza.

"Dale, genial, che. Te agradezco, cualquier cosita tenés mi número agendado, cualquier problemita que tengás o algo me chiflás", contestó el empleado público.

El diálogo quedó grabado y derivó en una condena a dos años de prisión para el inspector que en agosto de 2016 pidió soborno para no labrar una multa y clausurar uno de los comercios debido a la falta de exhibición de la data fiscal.

La defensa del condenado argumentó que todo fue inválido porque el comerciante "actuó como un agente provocador" e instigó al inspector a cometer el delito. También sostuvo que se violó su derecho a la intimidad porque fue grabado a escondidas.

El dueño del negocio, en realidad, denunció que el 23 de agosto de 2016 el inspector pidió el pago que concretó un mes después, el 20 de septiembre de ese año.

El acusado se había presentado en el comercio y, al constatar la infracción, le sugirió el arreglo. Cuando volvió, lo esperaba un operativo encubierto para grabarlo y quedó detenido con el dinero en un bolsillo.

Su jefe en ese momento confirmó que se le había encargado de fiscalizar esa zona cuando ocurrieron los hechos.

El caso llegó a Comodoro Py 2002: la Cámara Federal de Casación acaba de confirmar la condena a dos años de cárcel en suspenso y cinco de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos impuesta por el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín por "concusión". Este delito castiga al funcionario público que, abusando de su cargo o funciones, induzca a alguien a dar o prometer una exacción ilegal.

Cuando el máximo tribunal penal del país tuvo que revisar la condena, la defensa del inspector argumentó que todo fue nulo porque la Policía Federal se extralimitó al disponer filmar y colocar micrófonos ocultos en el negocio. Además, planteó que el comerciante provocó al funcionario de la AFIP y lo instigó a delinquir.

Casación recordó que las tareas discretas de observación fueron ordenadas por la Justicia. Esto incluyó seguimientos, observaciones, fotos, filmaciones y audios. También marcar los billetes que serían entregados como coima.

"La instalación de medios técnicos como cámaras o micrófonos, en un bar de acceso libre al público, antes que un exceso, conformó parte de las acciones propias -e idóneas- destinadas al cumplimiento de aquella orden judicial: la obtención de los elementos propios del delito en auxilio de esa reconstrucción histórica de ese hecho pretendida por el magistrado instructor", explica el fallo.

La supuesta violación al derecho a la intimidad "no resiste el menor análisis".

Y en cuanto a que el inspector se sintió "inducido" a aceptar el soborno, los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucchi y Juan Carlos Gemignani recordaron que la inspección fue el 23 de agosto de 2016 y un mes después, el 20 de septiembre, se concretó el pago ilegal.

El delito ya se había cometido con el pedido de la coima, cuando se exigió el pago para "evitar tener problemas con la AFIP", "eludir el pago de una multa" y evitar una clausura.