Un "supermiércoles" en el Congreso: Macri intenta aprobar tres leyes esenciales de su programa económico
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El gobierno de Mauricio Macri sigue de festejo. Primero, la alegría provino de las urnas; luego, de la reunión con empresarios y sindicalistas. Y también del Congreso, ya que pudo destrabar varios proyectos de ley que estaban cajoneados.
Tras su triunfo en las elecciones de medio término, "pisó el acelerador" para impulsar el debate de varias iniciativas que cree indispensables para su gestión.
El recambio legislativo juega a su favor: a partir del 10 de diciembre, el oficialismo aumentará su representación en ambas cámaras. Pese a ello, considera imprescindible dar una señal de "consenso".
La "foto" actual muestra a un Gobierno que pudo empujar una batería de proyectos: cambios en el Código Civil y Comercial (en lo que refiere a un tema sensible como es el de alquileres de vivienda), la reforma del mercado de capitales, una nueva ley para Defensa de la Competencia y para el Compre Nacional.
Sin embargo, sólo logró juntar las firmas necesarias para apurar el debate, pero no mucho más. Traducido en lenguaje político, significa que podrían sufrir modificaciones, no en la esencia pero sí en la "letra chica".
El oficialismo buscará que todas estas iniciativas sean aprobadas en Diputados en maratónica sesión (a lo sumo en dos). Luego, serán giradas al Senado de modo tal que, superada esa instancia, sean convertidas en ley hacia fines de noviembre.
Quedará para diciembre -en sesiones extraordinarias- el tratamiento del paquete de reformas clave que impulsa el Ejecutivo:
- Cambios en los contratos laborales
- Modificaciones en el sistema tributario
- Ley de Movilidad Jubilatoria
- El Presupuesto 2018, que ingresó en septiembre
"Supermiércoles" en el Congreso
A juzgar por los últimos encuentros en el Parlamento, se anticipa una jornada intensa, fuego cruzado entre oficialismo y oposición y discursos acalorados que acompañarán el tratamiento de estas iniciativas:
1.- Defensa de la competencia
El Gobierno logró darle impulso al proyecto orientado a castigar la cartelización y a dar "señales positivas" contra la inflación.
De convertirse en ley, quedarán prohibidos todos los actos o conductas que puedan distorsionar las condiciones naturales de mercado.
En particular, serán tratados aquellos casos en los que se compruebe la existencia de posición dominante por parte de una empresa, cartelización con otras y concentración de compañías que den lugar a prácticas anticompetitivas.
Será obligatorio notificarle a la autoridad de aplicación todas aquellas operaciones de fusión que superen los $2.250 millones (150 millones de Unidades Móviles) a fin de que el ente autorice -o no- la operación.
Se creará la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, por el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el de la Secretaria de Concentraciones Económicas.
Sus integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo, previo concurso público de antecedentes y oposición.
Se prevén dos tipos de sanciones disuasivas: el cese de actos o conductas que impliquen acuerdos prohibidos o el abuso de posición dominante, y la aplicación de sanciones según tres criterios:
1) Beneficio ilícito: multas de hasta el doble del monto obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva
2) Porcentual: hasta 30% del volumen de negocios multiplicado por el número de años en los que se desarrolló la actividad; y hasta el 30% (del volumen de negocios) consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio
3) Monetario: multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (poco más de $3.000 millones, ajustada por IPC). Las penas bajo la ley actual no pueden superar los $150 millones (inicialmente, cada unidad móvil valdrá $15 y se actualizará según inflación)
También se contempla un "Programa de Clemencia", con beneficios de exención o reducción de sanciones para empresas que adhieran, "en la medida en que aporten pruebas para sancionar a los miembros del cartel".
2. - Nueva ley de mercado de capitales
El proyecto elimina el artículo 20 de la actual normativa, que habilita a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a tener injerencia sobre cualquier empresa cotizante.
Asimismo, crea las condiciones legales para el funcionamiento de fondos cerrados de inversión, incluyendo la eliminación de impuestos.
El macrismo entiende que la ley vigente le otorga a la CNV facultades exorbitantes, que "atentan contra la seguridad jurídica y confianza de los participantes en el mercado de valores".
También introduce otros cambios:
- La des-mutualización de los agentes de valores
- La obligación de interconexión de los sistemas de negociación en distintos mercados
- Nuevas categorías de agentes
- El debut de un régimen de calificación de riesgo
- Un mayor control sobre las sociedades emisoras
- Medidas adicionales de protección al inversor
- El fortalecimiento del rol de la Comisión
La CNV tendrá la facultad de fijar aranceles máximos a percibir de los mercados, cámaras compensadoras, entidades de registro de operaciones de derivados y agentes registrados.
Esto, luego de haber tenido en cuenta la competitividad del mercado de capitales de la región y en situaciones especiales que así lo requieran.
En cuanto a las multas, se actualizan los montos. La mínima se elevará de $5.000 a $100.000 y la máxima, de $20 millones a $100 millones.
Habrá una instancia de defensa en la audiencia previa a un sumario. También se eliminará el recurso al fuero Contencioso Administrativo que, para abrirle juego al Comercial.
3) Compre Argentino
Ya hubo dictamen favorable a la iniciativa que apunta a incrementar los porcentajes de compras en industrias nacionales en las contrataciones del Estado.
La propuesta sufrió cambios respecto a la versión original. Entre ellos, la preferencia por productos fabricados internamente. Para las Pyme, pasó del 7% al 15%.
Una de las principales incorporaciones se vincula al "piso de reserva" de mercado: 20% para bienes nacionales.
El régimen impone sanciones a empresas que incumplan las obligaciones, que comprenden desde el apercibimiento, multas de entre el 5% y hasta el 50% del monto del convenio hasta la suspensión (3 a 10 años) para ser adjudicatario de futuros contratos, concesiones o licencias.
A diferencia del proyecto original, el dictamen aprobado incorpora un "Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores".
Su objeto es el de desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, para así darle impulso a la industria, la diversificación de la matriz productiva y promoción de la competitividad".
La última del añoPara el miércoles 29 y al filo del plazo de sesiones ordinarias, el Gobierno intentará tratar la nueva ley de alquileres y la creación de una serie de Parques Nacionales.
Tres de los grandes temas en carpeta ya ingresaron en Diputados: Presupuesto 2018, proyecto de revalúo fiscal y reforma tributaria.
En paralelo, el Senado espera la reforma laboral y el Pacto Fiscal suscripto por los gobernadores.
En esa cámara ya se encuentra la iniciativa de Responsabilidad Fiscal, tras el compromiso asumido por los mandatarios provinciales. Junto con ella, el Ejecutivo enviará el cambio en la fórmula de ajuste previsional.
En relación con los alquileres, la Comisión de Legislación General de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley -que cuenta con media sanción del Senado- que modifica el Código Civil y Comercial respecto de las locaciones de viviendas.
Los legisladores oficialistas -con algunos aliados- firmaron el dictamen de mayoría que tuvo varios cambios respecto del texto recibido del Senado. Tras ser votado en el recinto, deberá volver a la Cámara alta.
No obstante, hay coincidencias entre Diputados y Senadores en un par de aspectos: fijar un límite a las comisiones inmobiliarias y que se obligue a los propietarios a devolver el depósito actualizado al finalizar el contrato. Es decir, en base al último mes abonado.
La propuesta con media sanción prevé que la renovación de los acuerdos se extienda a tres años. El oficialismo busca que se mantengan como en la actualidad, cada veinticuatro meses.
El Senado aprobó que el canon se ajuste una vez por año y de acuerdo con un promedio entre la inflación y los aumentos salariales.
Sin embargo, el dictamen mayoritario de Diputados contempla que esa cláusula de actualización anual sólo sea operativa cuando índice de precios, según INDEC, supere el 6% anual.
En otro orden, no plantea un tope de aumento sino que lo deja a criterio de las partes.
Al igual que en el Senado, el dictamen mayoritario determina que se reintegre el monto abonado al momento de entregar la llave, actualizado a un valor equivalente al último mes de alquiler.
Además, contempla que las expensas extraordinarias siempre corran por cuenta del dueño y no del inquilino.
En otro orden, se incorporó una ampliación de instrumentos de garantía que le servirán a quien renta una vivienda: garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
En todos los casos, dicha garantía debe cubrir al menos cinco meses del canon locativo.
La iniciativa especifica que, en caso de destino habitacional, al inquilino no se le podrá pedir un depósito mayor a un mes. Y cuando se proceda a renovar el contrato, "las comisiones u honorarios no podrán superar el valor de medio mes de alquiler".
El Gobierno va por todas estas iniciativas y muchas más, tras el espaldarazo recibido en las urnas. La oposición, en tanto, solo atina a poder reagrupar sus filas pero la dispersión es grande.
Por lo pronto, Macri aprovecha la "grieta" legislativa que, lejos de cerrarse, se irá ampliando con la llegada de Cristina Kirchner al Congreso.