Gobierno espera inflación menor a 3% en enero y prepara medidas para frenar subas en alimentos
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En el primer piso de la Casa Rosada no disimulan la bronca con los supermercados y los productores de alimentos. Acusan a los empresarios directamente de cometer "abusos" con los precios.
Y de intentar quedarse con una tajada de lo que el Estado puso en los bolsillos de "los que menos tienen": los jubilados que recibieron el bono mensual de $5.000 en diciembre y enero y quienes ya están utilizando la tarjeta "AlimentAr".
Según los cálculos oficiales, un total de 4.712.000 jubilados y pensionados percibieron en promedio $4.836 en diciembre y un monto similar este mes. Esto hace un total de $45.574 millones que se volcaron básicamente al consumo.
De la tarjeta alimentaria, Desarrollo Social ya distribuyó 70.000 plásticos, pero la idea es acercarse al millón y medio de unidades. Se cargan con un monto que va de $4.000 a $6.000 cada una.
El resquemor que muestran en el gabinete económico refiere a la posibilidad que parte de ese ingreso termine alimentando los balances de las empresas: fabricantes y cadenas de supermercados, que aprovecharía esa mayor demanda de alimentos para remarcar los precios.
A unas pocas cuadras de la Casa Rosada, en Reconquista 266 -sede del Banco Central-, perciben un fenómeno parecido. La cuestión fue abordada incluso por los flamantes directores del organismo.
No obstante la irritación que provocan estos movimientos en las góndolas, el Gobierno maneja un dato relativamente optimista: prevé que la inflación de enero terminará "por debajo a las expectativas".
Funcionarios con llegada directa a Alberto Fernández dan cuenta que el IPC del primer mes del año cerrará "por debajo del 3 por ciento".
Se trata de un número inferior al que manejan las principales consultoras de la City. Incluso de aquellas que miden precios online en los supermercados. Y los funcionarios creen que el número relativamente bajo se explica por el efecto de la "desindexación" que se está procurando al congelar los combustibles, las tarifas de los servicios públicos y otros valores de referencia, así como por la calma en el plano cambiario.
En lo que sí coinciden funcionarios y economistas es en el impacto de la reinstalación del IVA en los productos de la canasta básica.
En su momento, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había negociado que el aumento promedio por ese regreso sería del 7% en promedio.
Pero la realidad superó esa expectativa. Básicamente porque aquel acuerdo se limitó a unos pocos productos de la canasta, y lo que se notó en las góndolas fue que hubo alimentos que se encarecieron bastante por encima: yerba, arroz, fideos y algunos lácteos subieron hasta 40 por ciento.
Algo similar sucedió con las segundas y terceras marcas que formaron parte de Precios Cuidados hasta fin de año y que, una vez afuera del programa, sufrieron ajustes de hasta 50 por ciento y de un saque.
Preocupación por el trigo
Fue ante estos movimientos que Alberto F. se mostró indignado. "Vemos mucha irresponsabilidad de empresarios que no están ayudando con los precios", acusó sin individualizaciones el fin de semana.
En el equipo económico siguen bien de cerca estos movimientos. Eso sí: después de las palabras del Presidente, algunos funcionarios, en privado, se achacan responsabilidades por lo que viene pasando con los valores de los alimentos.
No por el salto que pegó la carne, que en las últimas semanas se acomodó a una cuestión estacional. Además, con respecto a este producto, los funcionarios esperan una mayor tranquilidad en el mercado interno ya que las cotizaciones de la exportación a China, principal mercaod, se pincharon un 35% promedio el último mes.
Hay un foco de atención especial, eso sí, con lo que vaya a suceder con el valor del trigo a nivel internacional. Ese precio, que trepó a los u$s200 por tonelada, se alteró por los incendios en Australia y también por la posible escasez de mercadería para el mercado interno.
La estrategia para disciplinar a la inflación se concentrará en el cumplimiento de Precios Cuidados, programa que podría ampliarse próximamente para darle todavía más fuerza,
También habrá un trabajo más al hueso de la dinámica de lo que ocurra en las góndolas, que se vinculará con un estudio pormenorizado de las cadenas de valor. Una apuesta que puede ser muy útil siempre y cuando se apaguen los principales motores de la inercia inflacionaria, más ligada a las expectativas y a la historia económica reciente que a cuestiones técnicas o teóricas.
"Estamos preocupados porque los empresarios embroman a quienes nosotros queremos ayudar", se quejan en Reconquista 266.
¿Inercia o pura especulación?
La obsesión de los funcionarios pasa por poder reflejar, antes que nada, una desaceleración en los precios de las góndolas, algo que por ahora se les escapó. Alberto F. ya dejó trascender que habrá nuevas medidas si se mantiene la volatilidad. Para los funcionarios, los empresarios ya no tienen excusas.
Puertas adentro, admiten que tras el regreso del IVA a los productos básicos, hubo alzas muy por encima de lo acordado. Y que no hubo previsión ni respuestas a esa situación.
Ahora, con un dólar quieto, las tarifas congeladas y los combustibles sin aumentos, tanto en Producción como en el Banco Central coinciden en que no hay más excusas para mover los precios.
La discusión se produce en coincidencia con el tratamiento parlamentario de la Ley de Góndolas, que ya tiene media sanción de Diputados. El Gobierno alega que la aprobación de este proyecto jugará a favor, porque incentivará la competencia entre oferentes.
Sin embargo, los supermercadistas y los grandes fabricantes de alimentos sostienen la argumentación contraria: dicen que imponer porcentajes de exhibición de productos en góndolas irá en contra de la eficiencia de la cadena comercial y que hay riesgo de mayores aumentos de precios.
En todo caso, lo que quieren los funcionarios es acercarse a mitad de año con una clara desaceleración inflacionaria. Se entiende: para ese momento habría que descongelar las tarifas de luz, gas y agua, y volver a mover los pasajes en colectivos y trenes.
Una cosa es hacerlo en medio de una dinámica inflacionaria complicada, donde el descongelamiento de los "regulados" metería más ruido y distorsión. Y otra, muy distinta, sería efectuarlo como "sintonía fina" poniendo metas de recomposición tarifaria en relación a la expectativa de inflación futura (supuestamente más manejable que la actual).
En este contexto, el Gobierno también definió que el otorgamiento de sumas fijas para los salarios también sería una buena solución para el corto plazo.
Sin embargo, desde algunas cámaras empresariales encendieron alertas sobre la cuestión: las sumas fijas podrían darle un horizonte a las compañías más grandes, con las nóminas más extendidas, pero no sería así con las Pymes y con aquellos sectores que peor la vienen pasando con la crisis.
Para esos casos, los empresarios prefieren un porcentaje de aumento, pautado para el resto del año, cuestión de poder diseñar los costos hacia adelante.
En esa misma línea está operando el BCRA, con una estrategia de bajas de tasas de interés focalizado en las empresas. La idea pasa por disminuir todos los costos que tuvieron las compañías en medio de la crisis: el costo financiero fue, justamente, uno de los de mayor peso en los últimos dos años.
De ahí que el Central tampoco vea con buenos ojos una escapada del "contado con liqui". "Cualquier desorden financiero te complica la economía real, aún cuando el dólar alternativo no guía a los precios del comercio exterior", analiza una fuente oficial.
Si hay algo que aprendió la Argentina es que, en momentos de incertidumbre, crece la volatilidad de los precios de la economía.
Hoy, aun cuando las tarifas, los combustibles y el dólar se mantienen planchados, la inflación igual trabaja y existe una gran dispersión de precios.
Es uno de los costos por pasar en poco tiempo de una persistente inflación del 25%-30% a otra banda del 45% a 55% anual. Será muy difícil que la confianza sea el motor que ayude a desacelerar la ola inflacionaria. Justamente, confianza es lo que falta.