Consenso Fiscal: Diputados buscará convertirlo en ley
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El Frente de Todos buscará convertir en ley este miércoles en la Cámara de Diputados el proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga $70 mil millones a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
La bancada oficialista -que conduce Máximo Kirchner- incluirá la discusión de esta iniciativa en la sesión especial que impulsará para este miércoles, cuya tema central será el proyecto para postergar por un mes las elecciones primarias y las generales, informaron fuentes parlamentarias.
El proyecto que fue votado por el Senado fue respaldado en la comisión de Presupuesto por el Frente de Todos, y los interbloques Federal, y de Unidad Federal para el Desarrollo y rechazado por Juntos por el Cambio, aunque el diputado radical de Jujuy Jorge Rizzotti anunció su aval al Pacto Fiscal en sintonía con la posición del mandatario Gerardo Morales.
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
Consenso Fiscal: Diputados buscarán convertirlo en ley
El proyecto además establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que, estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.
De ese modo, le da aire a los estados federales para financiamiento especialmente en infraestructura para poder desarrollar sin los condicionamientos de la deuda.
Hay un paso más que les permite a las provincias "escapar" del corsé que le impone la normativa: tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
También habrá trabajos en conjunto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) y los organismos provinciales de recaudación tributaria para identificar la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables.
Además, la Nación y las provincias trabajarán en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal.
Se incluye, por otra parte, el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.