Famosos y empresarios intentan evadir el Impuesto a la Riqueza: quiénes están en la mira de la AFIP
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El 30 de marzo vence el plazo para que todos los alcanzados por el Impuesto a la Riqueza cancelen el gravamen. Se trata del pago que deberán realizar todas las personas que tengan un patrimonio superior a los $200 millones.
Al respecto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que unas 2500 personas se borraron del impuesto a los bienes personales, que es el gravamen precedente al de la Riqueza. La maniobra, advierte un informe secreto del organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, busca eludir el pago de estas obligaciones.
En la lista hay importantes empresarios de la Argentina y famosos. A su vez, no se descarta que la AFIP los denuncie penalmente.
La sospecha sobre esas 2500 personas se debe al tamaño de su patrimonio. La AFIP definió que iniciará denuncias penales contra esos contribuyentes por "evasión agravada" y se radicarán en los casos en los que no paguen el "aporte" el 30 de marzo.
La ley 27.605 que creó el "aporte solidario" prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2% y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas superiores a los $200 millones. Según datos oficiales, ese universo sería de 13.000 contribuyentes.
Impuesto a la Riqueza: los litigios, en gateras
Por su parte, Gastón Miani, socio del estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, insistió en que el Aporte Solidario y Extraordinario creado por leuy para apaliar los efectos nocivos de la pandemia es un impuesto.
Deberán pagarlo las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país sobre sus activos en el país y en el exterior, como así también las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, sobre sus activos en el país.
El mínimo exento para este impuesto es de doscientos millones de pesos. Con lo cual, si se supera este monto, la totalidad del patrimonio del sujeto quedará gravado.
Las alícuotas del impuesto van desde el 2% al 5,25% dependiendo la escala de capacidad patrimonial, y si los bienes se encuentran en el país o en el exterior.
Pero hay una gran resistencia de los contribuyentes a pagar este impuesto.
La sensación es de hartazgo. Después del último incremento en Bienes Personales en 2019, cuyas alícuotas se ajustaron hasta en un 900%, hay una gran cantidad de contribuyentes que han decidido no pagar y litigar, alertó Miani.
Ahora bien, también es cierto que para cuestionar judicialmente este impuesto es necesario que el contribuyente – mejor dicho, su contador con asesoramiento jurídico- prepare con anticipación los papeles de trabajo que acrediten que este nuevo impuesto es confiscatorio, indicó Miani.
La preparación de los juicios por el Impuesto a la Riqueza
El planteo judicial no es meramente un análisis teórico sobre la constitucionalidad del tributo, sino que requiere probar de manera fehaciente que en el caso concreto la aplicación del Aporte Solidario absorbe una parte sustancial de la renta potencial de los activos gravados, manifestó Miani.
Este análisis no es sencillo porque no hay pautas en la jurisprudencia en los últimos 50 años que establezcan parámetros objetivos y claros que determinen cuál es el porcentaje preciso a partir del cual el tributo se torna confiscatorio, advirtió Miani.
Tampoco hay certeza sobre la base de cálculo que se debe tomar para medir esta confiscatoriedad, agregó.
Por ejemplo, ¿la diferencia de cambio de ser considerada como parte integrante de la rentabilidad? ¿Cómo se determina la rentabilidad potencial de acciones de sociedades que no cotizan? En este último caso ¿se debe tomar el balance ajustado por inflación? ¿Hay que hacer un balance especial con cierre 18 de diciembre?, enumeró Miani.
En virtud de estos interrogantes y muchos otros, es que es necesario amar distintos escenarios para demostrar que en todos, o en la mayoría, el nuevo impuesto consume gran parte de la rentabilidad de los activos, enfatizó Miani.
Para ello, también es importante mostrar en escenarios adicionales la incidencia que sobre los mismos activos tienen el resto de los impuestos sobre los Bienes Personales y a las Ganancias, expresó Miani.
En algunos casos en los que estamos trabajando, es tan evidente la confiscatoriedad que el contribuyente tiene que desprenderse de algunos activos para poder pagar el tributo, reveló el experto.
Sin embargo, no es necesario llegar a ese extremo para que sea confiscatorio. Un impuesto que consume gran parte de la rentabilidad ya es por sí, constitucionalmente impugnable, consideró Miani.
Todo este trabajo previo es el que estamos realizando en el mes de enero, para poder presentar una acción judicial sólida una vez que se encuentre publicada la reglamentación, concluyó Miani.
Impuesto a la riqueza aclaraciones del Gobierno sobre los trusts
Los contadores porteños se reunieron con funcionarios del Ministerio de Economía y se llevaron precisiones sobre el impuesto a la riqueza: para el Gobierno, los trust irrevocables están gravados y el balance especial debe estar ajustado por inflación.
La presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (Cpcecaba), Gabriela Russo, informo a iProfesional que el miércoles 10 de febrero las autoridades de varias entidades gremiales de contadores se reunieron con la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y otros funcionarios.
Al viernes siguiente, la Dirección Nacional de Impuestos emitió un Dictamen de 35 páginas con los resultados de la reunión, que indican cómo deberán tributar los contribuyentes el impuesto a la riqueza.
El balance especial
Alberto Mastandrea, de BDO Argentina, comentó los siete puntos principales de ese dictamen, que se hizo público, como sigue:
1. El balance especial que deberán confeccionar las empresas al día 18 de diciembre del 2020 deberá ser elaborado de acuerdo con las normas profesionales vigentes en moneda constante (ajustado por inflación) y deberá ser aprobados por la asamblea de accionistas u órgano equivalente.
No obstante, dado que se consultó si la AFIP tenía previsto establecer un mecanismo simplificado a efectos de la determinación del Aporte, se giró la inquietud a dicho organismo para que responda esto último.
La preocupación se genera por el exiguo plazo con el que se debe confeccionar y aprobar los Estados Contables especiales, pues dado que el tributo vence el día 30 de marzo de 2021, el balance especial deberá estar finalizado y aprobado antes de esa fecha, indicó Mastandrea.
Para varios supuestos será obligatorio contar con el balance especial, motivo por el cual llama la atención que la fecha de vencimiento del tributo sea anterior al plazo que generalmente fijan las normas legales para emitir y aprobar los estados contables, explicó Mastandrea.
Adicionalmente, los funcionarios justificaron las razones por la cuales consideran que las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) se encuentran comprendidas en este supuesto.
A su vez, aclararon que uno de los supuestos que obliga a confeccionar el balance especial se verifica cuando al utilizar el último balance emitido con anterioridad al día 18 de diciembre del 2020, el sujeto obligado se encuentre por debajo del umbral definido por el tributo ($200 millones).
Por último, detallaron que de optarse por el último balance emitido con anterioridad al día 18 de diciembre, no corresponderá considerar los aumentos y las disminuciones que autoriza el decreto reglamentario del Impuesto sobre los Bienes Personales. Se trata de una opción estática.
Esta circunstancia podría provocar situaciones de doble imposición, tal es el caso de aquellas compañías que distribuyeron dividendos en una fecha intermedia entre el día de cierre y el 18 de diciembre del 2020, advirtió Mastandrea.
2. En casos que exista varios responsables sustitutos "debe" unificarse ese rol necesariamente en uno de ellos.
Si bien, se trata de una norma de dudosa constitucionalidad por ser incorporada por el Decreto Reglamentario, los intérpretes se han inclinado por considerar que es mandatorio dicha unificación, comentó Mastandrea.
Queda abierta la duda respecto de los sujetos que perdieron la residencia con posterioridad al 31 de diciembre del 2019 y son obligados al pago, advirtió Mastandrea.
Según se desprende de una interpretación literal, estos sujetos actúan por sí, sin la intervención de un responsable sustituto, aseguró Mastandrea.
Sería deseable que se aclare cómo actuar en estos supuestos que seguramente serán los que en su gran mayoría se inclinen a judicializar la obligación de pago por tratarse de una norma que vulnera el principio de "prohibición de retroactividad", alertó Mastandrea.
Los trust irrevocables
3. Con relación a los aportes a trust o fundación de interés privado, la Dirección Nacional de Impuestos aclaró que se encuentran comprendidos los aportes a los "trust irrevocables y figuras similares".
Pareciera desprenderse que la base imponible debe estar conformada por el patrimonio al día 18 de diciembre considerando para ello el porcentaje de participación, aunque el decreto reglamentario estipule que lo alcanzado es el aporte realizado a dichos entes, afirmó Mastandrea.
4. La escala gravosa para los bienes del exterior deberá ser aplicada incluso para aquellos contribuyentes que no posean activos financieros en el exterior y como consecuencia de ello no puedan optar por repatriar suma alguna.
Por su parte, se aclara que si un contribuyente del tributo posee en el exterior sólo un inmueble (por ejemplo, cuya valuación de mercado es u$s1 millón) y una cuenta bancaria cuyo saldo fuera u$s10.000, con tan sólo repatriar u$s3.000, los activos del exterior y del país quedarán comprendidos en la escala "menos gravosa" del tributo.
Si bien la interpretación se ajusta al texto, también debiera quedar comprendido en este supuesto aquel contribuyente que sólo posea el inmueble en el exterior y no puede ejercer opción alguna de repatriar, opinó Mastandrea.
5. Con relación a las opciones de repatriación, si el sujeto obligado decidiera realizar un aporte a una sociedad local, dicha sociedad podrá depositar esos fondos en una cuenta en dólares.
Con relación al plazo para repatriar, se reitera que se trata de 60 días hábiles contados desde el día 18 de diciembre del 2020.
Finalizado ese período de tiempo, el Poder Ejecutivo podría disponer de un plazo "adicional" que también se deberá contar en días hábiles y que nunca podrá superar los 60 días hábiles.
6. Con relación a la sociedad conyugal, no hay normas especiales en el impuesto a la riqueza que obliguen apartarse del Código Civil y Comercial, el cual establece que le corresponde a cada cónyuge los bienes propios y el 50% de los bienes gananciales.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Impuestos interpretó que son de aplicación las normas especiales del Impuesto sobre los Bienes Personales, aunque no haya una remisión expresa.
Según este último tributo, en el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten el carácter de gananciales, excepto:
a) Que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria.
b) Que exista separación judicial de bienes.
c) Que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial.
Los anticipos y retenciones
7. Contrario a cualquier lógica e incluso a los antecedentes administrativos existentes, se considera que los anticipos de impuestos, las retenciones sufridas y los pagos a cuenta realizados en virtud de las disposiciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales, forman parte de los activos de los contribuyentes que otorgan capacidad contributiva en el impuesto a la riqueza.
De hecho, la Dirección Nacional de Impuestos entiende que para excluirlos de la base debiera existir una modificación de la norma reglamentaria que así lo autorice.
El apego estricto a la literalidad de la norma se observa exclusivamente en supuestos que contribuyen a generar una mayor obligación, no así en aquellos casos en los cuales podría morigerarse, por ejemplo, en el caso de la sociedad conyugal, advirtió Mastandrea.
Pese a la importancia de este Dictamen, quedan una serie de interrogantes sin resolver, tales como la necesidad del responsable sustituto frente a la pérdida de residencia con posterioridad al 31 de diciembre 2019 y las pautas respecto de la localización de los bienes, entre otros, concluyó Mastandrea.
También se observa como pauta interpretativa la aplicación supletoria de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, aun en aquellos supuestos en los que la Ley del Impuesto a la Riqueza no declaró la remisión expresa (ejemplo, sociedad conyugal), manifestó Mastandrea.
De la reunión entre los contadores participaron por el Ministerio de Economía, Balestrini; el subsecretario de Coordinación Tributaria Federal, Agustín Lódola y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda, Juan Francisco Campodónico; entre otros.
En tanto, estuvieron representadas la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Cpcecaba, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpece) y la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas.